Greenpeace denuncia el intento del presidente del CSN de usurpar las funciones del Parlamento

La carta de Fernando Marti, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, sobre los nombramientos de miembros de este organismo, es, según Greenpeace, un grave intento de usurpar las funciones del Parlamento. La organización ecologista denuncia que este hecho, no solo supone un intento de interferencia sino que también está estudiando si supone algún tipo de delito.

“Fernando Marti ha mostrado de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos. Está reprobado desde hace año y medio por el Congreso de los Diputados con los votos a favor del PP, y ahora intenta usurpar las funciones del Congreso”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace y miembro del Comité Asesor del CSN.

Las competencias, deberes y obligaciones del presidente están definidas en el artículo 36 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, y ninguna de ellas se refiere al asesoramiento al Congreso, ni a su presidenta, sobre la idoneidad de la propuesta del Gobierno para el nombramiento de los miembros del Pleno del CSN. La idoneidad de los candidatos es una función que es patrimonio del Congreso de los Diputados según el Art. 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, a través de la Comisión de Transición Ecológica, y no del presidente del CSN que estaría entrando en usurpación de funciones.

El presidente del CSN está utilizando su cargo por encima de las funciones que le han sido atribuidas. Greenpeace está estudiando detenidamente si esta actuación, además de extralimitarse en sus competencias, es constitutiva de algún tipo de delito.

La falta de independencia de Fernando Marti fue desvelada desde el inicio de su mandato, hace seis años. Según el artículo 1 de la mencionada Ley de creación del CSN, este organismo regulador se crea como ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado. Sin embargo, el actual presidente fue Secretario de Energía hasta 24 horas antes de ser nombrado por la Comisión de Industria. Entre sus funciones como Secretario de Estado de Energía, estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Santa María de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN.

Pero además, el Parlamento en sus tareas de control continuado sobre la acción del CSN y, tras diferentes requerimientos, el 28 de junio de 2017, emitió la resolución de la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados al Informe del CSN que concluía: “El Congreso de los Diputados reprueba la gestión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear e insta al Gobierno a su cese.” También el Partido Popular (PP) votó a favor de esta resolución. A todo ello se suma que legalmente finalizó su mandato de seis años el pasado 28 de diciembre de 2018, establecido en el artículo 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y se encuentra desde entonces en situación de interinidad.

La falta de transparencia del CSN ha crecido durante el mandato de Marti, tal y como han denunciado muchas organizaciones, entre ellas Transparencia Internacional (TI). La denuncia de esta organización, dedicada a combatir la corrupción, consiguió finalmente que se hicieran públicos los informes que habían solicitado al CSN y que les habían sido negados por este organismo. Entre estos documentos está, el informe con los criterios para la adjudicación del emplazamiento del cementerio nuclear (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), su aprobación o el sobrecoste que tendría esta ubicación. En la actualidad las autorizaciones del ATC está paralizadas. La “política del miedo”, denunciada por técnicos del CSN, y sus posibles consecuencias en la seguridad nuclear, tal y como puede leerse en la carta remitida por la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN (ASTECSN) dirigida al Congreso.

Por último, Greenpeace recuerda que el procedimiento para el nombramiento de los miembros del CSN del Gobierno en la actualidad, fue utilizado también por el Gobierno del PP que designó a un consejero en 2015, sin contar con el acuerdo de los tres quintos de los miembros de la Comisión competente del Congreso, para dotar al CSN de una mayoría que no reflejaba la aritmética parlamentaria, haciéndolo apenas días antes de las elecciones. En concreto el 29 de septiembre de 2015 se propuso y se votó el nombramiento, y el 16 de octubre, fue nombrado (según se puede ver en el Real Decreto 934/2015, de 16 de octubre, por el que se nombra Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a don Javier Dies Llovera) con las elecciones ya anunciadas, y 10 días antes de disolver la Cortes. Se disolvieron las Cortes el 26 de octubre, y celebraron elecciones 20 diciembre de 2015. Es decir, en un plazo de un mes y 25 días, por lo tanto, no sería la primera vez que se utiliza este procedimiento.