Redacción •  Actualidad •  26/02/2020

La Confederación de Asociaciones Cannábicas lleva sus reivindicaciones al Congreso a través de una acción simbólica

La Confederación FAC lleva a cabo una Acción Simbólica denominada “plantadas en el Congreso”, en la hacen entrega de las propuestas de regulación del Cannabis y solicitan a los grupos políticos que debate se traslade al congreso en esta legislatura.

La Confederación de Asociaciones Cannábicas lleva sus reivindicaciones al Congreso a través de una acción simbólica

Comunicado

Hoy,  bajo  el  lema  “plantadas  en  el  Congreso”,  hacemos  entrega  a  todas  las representantes  de  los  partidos  políticos  que  se  presten  a  ello  de  unos  obsequios  de  cáñamo  como muestra de la necesidad de regular los diferentes usos del cannabis en el Estado Español.

La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) lleva años reclamando una regulación integral de los usos del cannabis, ha llegado el momento de hacer oír nuestras voces y nuestras demandas a las diferentes fuerzas políticas, a las que pedimos una regulación de bajo riesgo que anteponga la salud de las personas usuarias y el reconocimiento de los derechos de las mismas, a intereses económicos o, prejuicios morales. Exigimos la retirada de las sanciones por tenencia y consumo en la vía pública, la despenalización del cultivo personal y colectivo, así como la regulación de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) como agentes de Reducción de Riesgos (RdR) y protección a los Derechos Humanos.

Los  (CSC)  son  una  alternativa  de  acceso  al  cannabis  para  millones  de  personas  usuarias  en  el  país.    Ya  han  sido reconocidos  por  los  Parlamentos  de  Navarra,  País  Vasco  o  Cataluña.  Es  un  modelo  autóctono  con  reconocimiento internacional,  implementado  legalmente  en  países  como  Uruguay  o  Canadá,  el  primero  desde  2013.  La  realidad  del Estado español, cuenta con más de 10.000 cultivadores   y 1.500 CSC. Estimamos que la regulación generaría más de
8.000 puestos de trabajo de calidad y un ahorro en gasto público considerable en materia administrativa, policial y judicial.

Los propósitos para cualquier nueva política de drogas deberían ser proteger y mejorar la salud pública, reducir la delincuencia, la corrupción y la violencia, incrementar la seguridad y el desarrollo, proteger a los jóvenes y a los grupos más vulnerables, basar las políticas en evidencias, producir la mejor relación costo-beneficio para la sociedad y así proteger los Derechos Humanos de las ciudadanas y ciudadanos de este país.

Hoy #plantadasCongreso pedimos una regulación justa, eficaz y social, que proteja a las personas usuarias de cannabis y a  la  Sociedad  Civil  que  lleva  décadas  trabajando  por  este  cambio.  Queremos  que  nuestras    representantes  públicas atiendan las demandas de la ciudadanía y regulen un modelo ético y sostenible, que lleva más de 20 años reclamando los derechos de todas. Por una política de drogas basada en la evidencia y el respeto por los Derechos Humanos.


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