Compromís enmienda la legislación estatal sobre renovables para que su implantación sea justa y respetuosa con el territorio

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una serie de enmiendas al Real decreto-Ley 20/2022, que se está tramitando como proyecto de ley, para eliminar los artículos de esta norma que consagran la exención de la evaluación ambiental y la participación pública para los macroproyectos de implantación de energías renovables.

El también candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat ha trabajado estas enmiendas con Graciela Ferrer, diputada en Las Cortes Valencianas, con el objetivo de recuperar la normativa estatal previa a 2022 en cuanto a las garantías ambientales, territoriales y democráticas para la autorización e implantación de este tipo de grandes proyectos energéticos y revertir así la deriva de injusticia social y desequilibrio territorial que genera la legislación impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Según ha explicado Baldoví “el decreto-ley aprobado incluía todo un conjunto de medidas sociales y económicas que veníamos reclamando para hacer frente a la crisis social y económica que la ciudadanía está sufriendo, así como la prórroga de las medidas de escudo social en vigor hasta la fecha, por eso lo consideramos positivo y prioritario”.

“Sin embargo, -ha añadido el diputado- como ya pusimos de manifiesto en el debate en el Congreso, también contenía un caramelo envenenado: los artículos 22 y 23 que eliminan de un plumazo la evaluación de impacto ambiental, la posibilidad de alegaciones por parte de los afectados y las administraciones locales y autonómicas y facilitan la declaración de utilidad pública, que permite la expropiación forzosa, en beneficio de los promotores de las macroplantas solares o eólicas”.

Como explica Graciela Ferrer “la guerra de Ucrania ha sido utilizada por el gobierno central para colar por la puerta de atrás la desregulación ambiental y la eliminación de las mínimas garantías de información pública exigibles en un estado democrático para este tipo de proyectos que afectan centenares o miles de hectáreas, tienen un fuerte impacto sobre la biodiversidad, suponen un cambio radical de los usos del territorio, de la configuración del paisaje y amenazan la viabilidad del tejido social y económico de los pueblos del interior, exacerbando aún más el desequilibrio territorial rural-urbano y las causas estructurales de la despoblación en el medio rural”.

Desde Compromís se remarca que la implantación de energías renovables es urgente y debe beneficiar a toda la sociedad, y por eso mismo, no puede hacerse en contra de la gente que vive en los territorios más desfavorecidos para beneficiar el negocio y la especulación de las empresas del oligopolio energético, los grandes propietarios y los fondos buitres.

“En nombre de la aceleración de las renovables no podemos sacrificar el territorio, la biodiversidad y la democracia. No podemos volver al modelo de gobernanza franquista para impulsar la transición energética”, ha zanjado Ferrer.

Por ello, Compromís ha presentado enmiendas de supresión de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 20/2022 y de los artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley 6/2022 permiten que la autorización de la instalación de macroproyectos de energías renovables de más de 50 MW (aquellos que mayor impacto ambiental potencialmente tienen) no esté sujeta a trámite de evaluación ambiental ni requiera participación pública y su aprobación se produzca por silencio administrativo.

“Queremos revertir la situación de indefensión ambiental, social y territorial del medio rural ante los macroproyectos fotovoltaicos y eólicos que se impuso desde el inicio de la guerra de Ucrania”, ha remarcado Baldoví.

“Nos parece inaceptable que el MITECO siga arrastrando los pies para incorporar a la legislación española todas las potencialidades de las directivas europeas de transición energética del denominado “Paquete de Invierno Europeo”, que abogan por remodelar el mercado eléctrico hacia uno al servicio de la ciudadanía, priorizando los beneficios sociales, ambientales y económicos de la mayoría, a través de las medidas de eficiencia y ahorro energético, la rehabilitación de edificios, el autoconsumo y la participación activa de todas las personas, empresas y de las administraciones públicas en el mercado eléctrico mediante las comunidades energéticas”, ha abundado Ferrer.

“No podemos aceptar que ésta falta de interés en facilitar la transición energética justa, democrática y respetuosa con el territorio sirva como coartada para imponer los macroproyectos que más les convengan a las grandes empresas energéticas, que año tras año se enriquecen a costa de los bolsillos de los ciudadanos y las pymes”, ha criticado Baldoví.

“En Compromís queremos que toda la ciudadanía sea la protagonista y beneficiaria de la transición energética, y para ello, se debe respetar el territorio y el medio ambiente y escuchar y tener en cuenta a la sociedad y las administraciones locales y autonómicas, que son las que viven y conocen de primera mano las necesidades y valores concretos del territorio”, ha concluido Baldoví.