César Pérez Navarro •  Actualidad •  26/02/2023

El PSOE suma sus votos a los del PP y rechaza recuperar los 45 días por despido improcedente

  • La moción buscaba recuperar de manera inmediata la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado que había antes de los 33 días de la reforma legislativa del PP en 2012.
  • Asimismo, la moción abría la puerta al debatir una reforma de las penalizaciones del despido improcedente dialogada con los agentes sociales para que se ajuste a la Carta Social Europea, “disuasoria” para las empresas y “reparadora” para las personas.
El PSOE suma sus votos a los del PP y rechaza recuperar los 45 días por despido improcedente

El Congreso rechazó el pasado viernes la moción de Esquerra Republicana (ERC) para recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente.

La moción de ERC era consecuencia de una interpelación urgente que el portavoz de Trabajo de ERC, Jordi Salvador, que fue dirigente territorial de la UGT, dirigió a la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Pleno del miércoles de la semana pasada.

La iniciativa no ha prosperado en una votación inusual en la Cámara Baja. Así, mientras que Unidas Podemos ha votado favor junto con varios socios de Gobierno como Bildu, ERC, Más País y Compromís; el PSOE ha votado en contra con el PP, Ciudadanos y PDeCAT. De su lado, Vox, PNV y Junts han optado por abstenerse.

Las diferencias de PSOE y Unidas Podemos sobre este punto ya se apreciaron en el debate de la moción este miércoles. Así, mientras que el PSOE desdeñó la propuesta por considerarla un «tuit», Unidas Podemos mantiene que en España el despido es demasiado barato.

La diputada del PSOE Mercè Perea calificó la moción de ERC de política inútil y de querer “confrontar” por no haber apoyado en su día la reforma laboral del Gobierno de coalición. “No es ni un brindis al sol, es un tuit, es un titular, y eso no es hacer política, eso es hacer el juego del regate corto y partidista, y eso para toda la gente es estéril”.

Jordi Salvador Duch (ERC) propuso recuperar esta indemnización solo como una «primera fase», desde un supuesto «mínimo», y enumeró la legislación internacional contra la que atenta el actual marco legal español.

Unidas Podemos defiende un modelo reparatorio, disuasorio, que acabe con la indefensión manifiesta de las trabajadoras y tenga en cuenta el daño real causado

Desde Unidas Podemos, Aina Vidal reiteró que la reforma del despido improcedente debe ir más allá de “la cuantía” de la indemnización, aunque desde la premisa de que ahora “sale muy barato despedir”. Defendió no solo volver al escenario de 2012, sino ir más allá a partir de «retomar el debate del despido». “No nos quedemos en un debate de cuantías que no da solución a la necesidad de reparar y disuadir el despido improcedente”. “Adaptemos el modelo de indemnizaciones a los estándares de la normativa internacional y saquemos por fin a España de esta vergonzosa anomalía” de las indemnizaciones fijas con un máximo tasado, concluyó.

El 15 de febrero, la ministra de Trabajo de UP, Yolanda Díaz, ya había afirmado que “el despido barato es una patología en España”, y añadió «hay quien habla del coste del despido como si fuera un peaje o un alquiler», pero se trata de una «conducta injustificada que está vulnerando el ordenamiento jurídico y, por tanto no puede ser consentida en nuestro un país lógicamente democrático como es el nuestro».

En enero de 2022, Bildu ya condicionó su voto favorable a la reforma laboral a que se recuperase la indemnización de 45 días. Oskar Matute ha arremetido contra los «modelos neoliberales fracasados» que cristalizaron en las reformas laborales de PP y PSOE. También recordó la laxitud de la reforma laboral de Zapatero , que en despidos por causas objetivas permite «prácticamente despedir casi por cualquier cosa en el Estado español».

La propuesta en concreto planteaba derogar las modificaciones legislativas introducidas en materia de despido improcedente tanto en la reforma laboral de 2012, del Gobierno de Mariano Rajoy; como en la de 2010, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La moción también instaba a analizar en profundidad la doctrina del Comité de Derechos Sociales sobre el derecho de los trabajadores, reconocido en el artículo 24 de la Carta Social Europea.


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