Solicitan al Gobierno iniciar procedimiento de extinción del convenio para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria

Los colectivos Ekologistak Martxan y Barakaldo Naturala Elkartea, ambos integrantes de la plataforma de asociaciones vecinales y ecologistas Barakaldo Naturala, han registrado esta semana una petición al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que inicie procedimiento de extinción del convenio suscrito con el Gobierno vasco para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria por encubrir bajo la figura de encomienda de gestión lo que, en realidad, es un contrato “in house” (doméstico) sin cumplirse los requisitos legales establecidos por la legislación española y europea.

La legislación es clara al respecto, las encomiendas de gestión solo pueden establecerse entre entidades, ya sean Administraciones o empresas, sujetas a derecho público. Sin embargo, en el convenio original publicado en BOE en agosto de 2017 se reconoce expresamente que la tarea de ejecutar la encomienda recaerá en Eusko Trenbide Sarea –ETS-, entidad pública del Gobierno vasco de derecho privado.

Cuando se trata de una entidad pública de derecho privado, como es el caso de ETS, la legislación lo cataloga como contratación doméstica o “in house providing” que requiere del cumplimiento de una serie de requisitos, según la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público –LCSP-, tales como reconocimiento expreso “en sus estatutos o acto de creación” de la condición de medio propio del poder adjudicador y “verificación por entidad pública de la que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social”.

Ninguno de estos dos requisitos se cumple, ya que ni hay mención expresa a la condición de medio propio de ETS en la Ley vasca 6/2004 de creación de este ente, ni cuenta con los medios personales ni materiales para la ejecución del encargo, puesto que todas las labores de redacción de estudios informativos de fase 1 y 2, de proyecto constructivo de la fase 1, de supervisión de la redacción de proyecto constructivo han sido contratados a terceros, tal y como evidencian las resoluciones de adjudicación de ETS.

Por tanto, este convenio y su posterior Adenda de modificación y prórroga de julio de 2021 son radicalmente nulos por contravenir frontalmente el ordenamiento jurídico vigente y así se lo hemos trasladado al Gobierno español y a la Consejería de Infraestructuras, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, además de enviar copia del mismo a los Defensores del Pueblo español y vasco y a las fiscalías de los Tribunales de Cuentas del Estado y vasco.

Debe tenerse en cuenta que, bajo el marco que proporciona este convenio “ilegal” se están ya comprometiendo millones de euros en la contratación de empresas. Esta no es la primera vez que exponemos ante el Gobierno central razones para la extinción del convenio, ya lo hicimos en mayo de 2019 por haber caducado ampliamente el plazo establecido para el Estudio informativo de la fase 1, y en marzo de 2021 por incumplir en su totalidad las exigencias establecidas para el inicio de las tareas de redacción del proyecto constructivo, así como haber igualmente expirado el plazo para ello.

Queremos finalizar este escrito, aseverando que consideramos este proyecto de nueva infraestructura innecesaria y de grave impacto medio ambiental, más aún cuando existen otras alternativas basadas en el soterramiento y modernización de las líneas de cercanías existentes para la conexión del Puerto de Bilbao más económicas, rentables socialmente y respetuosas con el medio natural como las planteadas en los informes de ingeniería y de análisis socioeconómico publicados por la Plataforma Barakaldo Naturala.