Más de 3000 personas se manifiestan en Madrid, en Cibeles, para reivindicar otra forma de hacer ciudad

La Plataforma por el Derecho a la Ciudad, formada por colectivos vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio histórico, del derecho a la vivienda digna y urbanistas, junto a colectivos de diferentes barrios madrileños, piden al gobierno municipal actual y al que se forme tras las elecciones de mayo, políticas centradas en la ciudadanía y no en la rentabilidad mercantil.

Las personas y colectivos participantes en la movilización han rechazado las políticas urbanas del Ayuntamiento de Madrid, entre las que destacan: El fomento de actividades lucrativas, privatizadoras y molestas en suelos públicos. Las operaciones especulativas, con recalificaciones e incrementos de edificabilidad injustificados y ambientalmente nefastos. Las remodelaciones innecesarias y carísimas de espacios urbanos cuyo arbolado y zonas verdes se destruyen imponiendo el modelo duro e inhóspito. La implantación de actividad industrial en zonas residenciales que hacen la vida imposible a sus habitantes, como las cocinas fantasma. El desprecio de formas de movilidad sostenible como elementos para conseguir cumplir nuestros objetivos medioambientales.

Han denunciado cómo el consistorio ha desoído las demandas de políticas activas para facilitar el acceso a viviendas dignas para la población más vulnerable o, las necesidades de equipamientos especialmente en los barrios del sur, que se postergan indefinidamente. O se permite la gentrificación y turistización de áreas cada vez más extensas de la ciudad, contribuyendo con todo ello a un agravamiento de la exclusión y la injusticia espacial en el territorio madrileño.

Los convocantes, añaden que este ha sido además, un ayuntamiento de tierra quemada frente al asociacionismo y los centros autogestionados de barrio, y que ha bloqueado las vías de participación real en la gestión de nuestra ciudad.

Estas políticas, calcadas de las que defiende el gobierno de la Comunidad de Madrid, son la negación práctica del derecho social a la ciudad que cualquier democracia debe garantizar.

Todo ello, ligado a sucesivas modificaciones legislativas y urbanísticas (nuevas modificaciones de la Ley del Suelo, nueva Ley de Patrimonio Histórico, modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, sustitución de las licencias por declaraciones responsables…) cuyo objetivo es facilitar la explotación de la ciudad por parte de los agentes económicos con total indiferencia –cuando no abierta oposición- al interés común.

La Plataforma por el Derecho a la Ciudad, de la que forma parte Ecologistas en Acción y los colectivos adheridos han denunciado este modelo especulativo de hacer ciudad que atenta contra todo derecho. Las personas representantes de colectivos y barrios en lucha, han defendido un modelo de ciudad basado en los principios básicos de la defensa de lo común, del espacio público, del verde urbano, de una vivienda pública, de barrios equilibrados, de defensa del patrimonio público, así como de una ordenación del territorio que proteja el patrimonio histórico y natural como depositarios de la memoria y la identidad.