Concepción Dancausa, Delegada de Gobierno, denunciada por prevaricación en el allanamiento y desalojo del Centro Social Okupado “La Morada”
El despliegue policial sobre el Centro Social Okupado se produjo sin orden judicial, incumpliendo un auto previo que denegaba la solicitud de desalojo a la propiedad.
La asamblea de “La Morada” junto con la Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos (APTDH) ha presentado una denuncia contra la Delegada de Gobierno Concepción Dancausa, por el delito de prevaricación en el desalojo del Centro Social Okupado “La Morada” que desde 2012 desarrollaba actividades sociales, culturales y lúdicas en el distrito madrileño de Chamberí, donde recientemente se han dado otras acusaciones de prevaricación en el caso del Canal de Isabel II.
El 20 de abril de 2016 la empresa inmobiliaria Inmoglaciar incumple el auto judicial de 11 de diciembre de 2015 del juzgado de Instrucción nº 18, que le denegaba la solicitud de desalojo, allanando por la fuerza el inmueble donde se ubicaba el Centro Social Okupado “La Morada” mediante seguridad privada, impidiendo a los legítimos usuarios desarrollar sus actividades y disponer de sus pertenencias.
Tras recuperar el inmueble de forma pacífica, vecinos y usuarios se vieron sometidos a un desmedido cerco policial con el resultado de 32 detenciones y decenas de multas, en un desalojo sin respaldo jurídico, favoreciendo así los intereses privados y especulativos de la inmobiliaria Inmoglaciar por encima de las sentencias judiciales y de los colectivos sociales. Actualmente se desconoce la acusación y el motivo de la detención de las 32 personas que se encontraban en el inmueble y alrededores.
Aquel día, el mando policial hizo caso omiso al auto judicial que le impedía desarrollar una operación de desalojo contra el Centro Social, escudándose en haber recibido órdenes directas de Delegación de Gobierno y facilitando nuevamente el acceso al edificio a los agentes de seguridad privada que horas antes lo habían allanado. Tras el desalojo improcedente, también se denuncia que durante 2 meses hasta el derribo del edificio se mantuviera un operativo policial de vigilancia constante sobre una propiedad privada de una inmobiliaria con intereses urbanísticos de carácter especulativo, consolidando a su vez el delito de allanamiento cometido por Inmoglaciar.
Desde la Asamblea de La Morada se señala “el carácter hipócrita de quienes se saltan sus propias leyes para favorecer los intereses mercantiles de unos pocos especuladores y corruptos, sin atender al interés general de la mayoría social y promoviendo ataques sistemáticos contra espacios y movimientos sociales”. Esta nueva causa contra Concepción Dancausa se suma a la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito societario durante su gestión como Presidenta del Consejo de Administración de Mercamadrid S.A.
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