Plataforma ‘No a la Mina’ y la Asociación Vive del Valle del Corneja se unen a la denuncia contra la opacidad en proyectos extractivos declarados estratégicos por la UE

La Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja, se unen a otras 230 organizaciones ecologistas, vecinales y culturales de la UE, que han enviado una carta abierta a Metsola y a los líderes políticos europeos. Exigen acceso a los informes que justificaron la declaración de siete minas españolas como proyecto estratégico bajo la Ley de Materias Primas Críticas. Según las entidades, “la Comisión Europea oculta datos clave y prioriza intereses empresariales sobre derechos ambientales y sociales”.

Las organizaciones advierten que la Ley de Materias Primas Críticas, diseñada para asegurar minerales esenciales para la transición energética, se aplica con oscurantismo y vulnera el Convenio de Aarhus, que garantiza acceso a información ambiental. Además, denuncian que la mayoría de estos proyectos se ubican en áreas que deberían protegerse priorizando beneficios económicos sobre derechos ciudadanos.

Para las organizaciones firmantes, “la consideración de proyecto estratégico permite la tramitación acelerada de permisos de explotación e impide una participación efectiva de las poblaciones locales. Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación”.

Otro aspecto muy preocupante para las 230 organizaciones civiles es que “una parte muy importante de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000 y los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de las directivas ambientales de protección de la naturaleza”.

Alertados por esta situación, numerosas organizaciones ecologistas y colectivos sociales de toda Europa se han dirigido a la Unión Europea solicitando información sobre estos proyectos para poder evaluar el impacto ambiental y social que causarán en el entorno. 

Ante la negativa de los organismos europeos a facilitar información básica relativa a estos proyectos mineros, 230 organizaciones (ONGs, bufetes de abogados y grupos formales e informales que trabajan en el estado de derecho, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el extractivismo…) han escrito una carta a la Presidenta Metsola y a los Grupos Políticos en el Parlamento Europeo solicitando que se les permita ejercer su derecho de acceder a la información pública y ambiental.

En opinión de los firmantes “esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones. Además, supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental”.

Las organizaciones advierten que “las actuales políticas sobre minerales críticos, lejos de garantizar una transición ecológica justa, ahondan en las desigualdades sociales y territoriales existentes y pueden aumentar la desafección hacia las políticas climáticas. Tampoco resuelven, sino que profundizan en el expolio de recursos del Sur Global, sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales en estos países”.

Es por todo esto que demandan, “con carácter inmediato, una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas”. Asimismo, recalcan que “es imprescindible un giro de 180 grados en las políticas sobre materias primas minerales de forma que se priorice la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, y que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y su entorno”.

“Para que la política minera de la UE sea creíble y sostenible, debe basarse en una planificación espacial estratégica que defina con claridad qué materias primas se necesitan, en qué lugares pueden extraerse sin poner en riesgo el medio ambiente ni las comunidades, y bajo qué condiciones deben desarrollarse. Esta planificación debe construirse con criterios de interés general y con una participación pública real y reforzada. No podemos dejar que el rumbo lo marquen propuestas dispersas impulsadas únicamente por los intereses particulares de las empresas”, afirman desde el conjunto de organizaciones firmantes de la carta.

Denuncian el amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales de las minas escogidas en España

Las organizaciones y plataformas españolas firmantes de la carta denuncian, además, que en España se hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos en espacios protegidos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real). Recuerdan que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6.5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez. En el caso de la mina de Aguablanca, Denarius está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.

Aclaraciones de la Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja a las declaraciones del delegado territorial de la Junta de Castilla y León

En relación a las declaraciones efectuadas un día después de la firma de 18 alcaldes y 13 concejales del Valle del Corneja en contra de la implantación de minas a cielo abierto en su comarca, y en las que José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, afirmaba que “la Junta no puede hacer nada contra el proyecto de explotación minera en Bonilla de la Sierra y Casas del Puerto, porque la justicia ha dado validez a la tramitación”, fuentes de la Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y de la Asociación Vive el Valle del Corneja expresan que les hubiera gustado “que se hubiera informado previamente de ellas, y de forma personal, a los particulares afectados por estos expedientes y a los ayuntamientos de los municipios en cuyos términos municipales se ha solicitado la explotación minera. Por el contrario, la demanda contencioso administrativa no fue notificada a ninguno de los interesados por la propia Junta, como era su obligación, para que pudieran haber efectuado sus alegaciones y hecho valer sus derechos en el procedimiento judicial”. “Ahora se les deja solos en la defensa de su tierra”, añaden.

“Entendemos, en contra de lo manifestado, que la Junta hubiera podido llevar a cabo otras actuaciones, como agotar los recursos legales pertinentes o haber aportado informes arqueológicos que indiquen que esta explotación minera afecte o perjudique de alguna forma a estos yacimientos, o de los medios técnicos que permiten apreciar la afección visual al BIC de Bonilla de la Sierra”, indican desde la Plataforma.

Además, aseguran que “estaremos pendientes de las resoluciones que a dicho respecto se adopten desde la Junta de Castilla y León para realizar las acciones que consideremos oportunas, no estando de acuerdo con lo manifestado por el delegado territorial sobre la extensión que se está haciendo de la resolución judicial que afecta a Madueña 1.149, que consideramos que se está realizando más allá de sus propios términos”.

 18 alcaldes y alcaldesas, junto a 13 concejales del Valle del Corneja firman un manifiesto contra las minas

La firma del manifiesto contra las minas en el Valle del Corneja se llevó a cabo en un acto celebrado en Bonilla de la Sierra el sábado 19 de abril, convocado por la Asociación Vive el Valle del Corneja y la Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja. Alcaldes y concejales de Bonilla de la Sierra, Becedillas, Casas del Puerto, Collado del Mirón, El Mirón, La Horcajada, Hoyorredondo, Malpartida de Corneja, Mesegar de Corneja, Navacepedilla, Navaescurial, Piedrahíta, San Bartolomé de Corneja, San Miguel de Corneja, Santa María del Berrocal,  Santiago del Collado, Tórtoles, Villar de Corneja, Villafranca de la Sierra se unieron para mostrar su disconformidad con los proyectos mineros, que amenazan con destruir el valle, y expresaron su “oposición rotunda a la implantación de minas a cielo abierto en nuestra región, actividades que son incompatibles con el modelo de vida sostenible que promovemos y con el futuro que deseamos para nuestras generaciones venideras”. 

Alcaldes, concejales, Asociación y Plataforma se mostraron en absoluto desacuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de Burgos, que anula el informe elaborado por la Dirección General de Patrimonio. La Declaración de Impacto Ambiental negativa continúa en vigor y no permitiría la explotación directa por la empresa “Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles SL” para extraer feldespato en 24 hectáreas de los términos municipales de Casas del Puerto y Bonilla de la Sierra (con su anejo Pajarejos). Dicho proyecto no fue autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, en mayo de 2023, ante la Declaración de Impacto Ambiental negativa (DIA) basada, entre otros motivos, en un informe llevado a cabo por la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

Olga Herrero, de la Asociación Vive el Valle del Corneja, recordó la lucha que se prolonga desde hace ocho años: “Sonsoles, Villatoro, Esperanza, Polonia, Madueña. Cinco nombres contra los que hemos luchado con ayuda de los ciudadanos y en los tribunales”. La portavoz hizo hincapié en que los permisos para las explotaciones son para 30 años, prorrogables hasta 90 años, pero “no nos achantamos porque tenemos derechos, la experiencia y tenemos la razón. Se lo estamos demostrando desde hace ocho años”.