CCOO denuncia medidas del Ministerio de Justicia contrarias al interés de los y las menores

Contra toda lógica, y desoyendo a los agentes implicados, el Ministerio de Justicia quiere continuar con unos cambios que se iniciaron 8 años atrás con la adscripción de los Gabinetes Psicosociales de los Juzgados de Familia a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLyCF). Esta decisión ha dado como resultado el colapso absoluto de las jurisdicciones que supuestamente se pretendía beneficiar. En el mejor de los casos, los retrasos en la emisión de los informes periciales en asuntos de Familia y Violencia de Género son de tal envergadura a día de hoy que se está perjudicando las actuaciones judiciales, retrasando la toma de decisiones de los juzgados meses e incluso años, perjudicando con ello fundamentalmente las relaciones de niños con sus progenitores.

Sobre la base de estos nefastos resultados, el Ministerio de Justicia pretende ahora dar un golpe mortal a una jurisdicción que funciona de manera eficaz y coordinada, repitiendo con los equipos técnicos de las Fiscalías y Juzgados de Menores el mismo error que se cometió en 2014 con los gabinetes psicosociales de los Juzgados de Familia: adscribirlos a los IMLyCF.

Son muchas y muy cualificadas las voces que se han alzado en contra de esta decisión, como la Sección de Menores de la Fiscalía General del Estado, la Asociación de Fiscales, el Foro Judicial Independiente o la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia. Precisamente estas voces pertenecen a quienes conocen de primera mano y experimentan día a día la Justicia de Menores en nuestro país y que, entre otras cuestiones, se manifiestan con rotundidad a favor de mantener la especialización de los técnicos que intervienen en el proceso judicial de menores, siguiendo el espíritu de los tratados internacionales suscritos por España. Esta especialidad, una vez se integren junto al resto de técnicos en los IMLyCF, se perderá.

También dan la voz de alarma ante la desaparición de uno de los principios de la Justicia de Menores, su inmediatez, sin la cual se merma la finalidad educativa de la intervención con estos sujetos en evolución, acabando así con el actual contacto inmediato entre los equipos técnicos de Menores y los Jueces y Fiscales. Así, pasaría a ser el correspondiente director del IMLyCF, desconocedor de la dinámica funcional de esta jurisdicción, quien se encargue de la organización y distribución de esta labor. Por otra parte, la ausencia de una respuesta inmediata y eficaz puede redundar en el aumento de la delincuencia juvenil, en la que no se ha tenido en cuenta el incremento de casos de elevada gravedad a los que se están enfrentando los Juzgados de Menores, como delitos sexuales, maltrato familiar y violencia de género, delitos contra la integridad moral, robos con violencia e intimidación o lesiones.

Mucho nos tememos que detrás de esta actuación por parte del Ministerio se oculta la intención de “remediar” la actual situación de déficit de plantilla de psicólogos y trabajadores sociales que sufren estos IMLyCF por la falta de previsión de la Administración de Justicia y su negativa a contratar el personal necesario para cubrir las numerosísimas demandas de los juzgados en asuntos de Violencia de Género, Familia, Penal, víctimas, incapacidades, etc.

Modificar algo que funciona bien, introduciendo unos cambios cuyos efectos están comprobados como muy perjudiciales, es un desatino de tal calibre que supondrá el fin de la Justicia de Menores en España tal y como ahora la conocemos y, por desgracia, el resultado será muy negativo para una parte de nuestra sociedad especialmente vulnerable: nuestros jóvenes. Porque cualquier joven entre 14 y 18 años puede cometer un hecho delictivo de manera más o menos puntual. De cómo responda a ello nuestra sociedad dependerá en gran medida su futuro y, en definitiva, el de todos.