Unidos Podemos presenta alegaciones en el Senado para evitar la reapertura del reactor nuclear de Garoña

Nuclenor, entidad propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, ha presentado ante el Ministerio de Energía una solicitud de permiso de explotación de las mencionadas instalaciones nucleares hasta el 2 de mayo de 2031. La central nuclear de Garoña comenzó a operar en 1971 con una vida útil estimada de 40 años. A pesar de que ese plazo finalizó en 2011, la central nuclear continuó funcionando hasta 2013. La senadora alavesa Conchi Palencia, en representación del Grupo Territorial Vasco de Podemos en el Senado, ha registrado un escrito de alegaciones para evitar la reapertura de Garoña ante la Dirección General de Política Energética del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El Grupo Territorial Vasco, en primer lugar, muestra su desacuerdo con la Dirección General respecto al plazo otorgado para presentar alegaciones al proyecto y que es de tan solo diez días. Tal y como refiere el escrito presentado, “pese a la enorme trascendencia social, medioambiental y política, apenas se otorgan 10 días en periodo estival para presentar alegaciones”. Se trata de un plazo absolutamente contrario al Convenio de Aarhus, que regula el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

El Grupo Territorial Vasco de Podemos recuerda además que la central nuclear de Garoña se encuentra a apenas 43 kilómetros de Vitoria y a 23 de Miranda del Ebro, dos núcleos urbanos con una gran población y que la vida útil de las instalaciones era de 40 años, que se cumplieron en el pasado 2011. Justamente ese año, en 2011, se produjo el accidente nuclear de Fukushima, lo que obligó a realizar pruebas más serias a todas las instalaciones nucleares. Se reveló entonces que la central de Garoña estaba en muy malas condiciones y que sería preciso invertir hasta 150 millones de euros en solventar problemas acuciantes de seguridad, aún cuando los problemas más graves no tendrían solución, por cuanto la tecnología del núcleo central está completamente “desfasada y obsoleta”.

Unidos Podemos cuestiona también el papel que está jugando el Consejo de Seguridad Nuclear –que ha emitido un informe favorable a la reapertura de Garoña hasta 2031-, cuyos errores conceptuales “ponen en entredicho que haya actuado como un organismo independiente y no como uno político al servicio de las grandes eléctricas y de la política energética del Gobierno”. El Grupo Territorial Vasco de Podemos denuncia que, a pesar de que el Código de Buenas Prácticas del Organismo Internacional de la Energía Atómica recomienda otorgar permisos de no más de 10 años, el organismo español pretende conceder un permiso de funcionamiento de hasta 17 años para unas instalaciones que ya han cumplido su vida útil.

El Gobierno, además, ha permitido la reapertura de Garoña a través de una modificación del Reglamento de Instalaciones Nucleares Radioactivas operada a través del Real Decreto 102/2014, que tal y como el propio Gobierno reconoció, “se ha realizado para garantizar la reapertura de Garoña”. La central nuclear, no obstante, apenas podría facilitar, en caso de que sea reabierta, un 1,5% del total de energía eléctrica que consume el conjunto del Estado Español, lo que cuestiona el carácter estratégico de las decisiones que está tomando el Gobierno.

Unidos Podemos recuerda también al Ejecutivo que la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, las Cortes de Aragón, el Parlamento de La Rioja y el del País Vasco exigen el cierre inmediato y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares de Garoña, tal y como también exigen numerosos agentes sociales y colectivos ciudadanos de las zonas cercanas.