PSOE, PP y Vox vuelven a rechazar en el Congreso la comisión de investigación sobre Juan Carlos de Borbón

Siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara y los precedentes, la Mesa del Congreso ha rechazado tramitar la iniciativa alegando que, los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que viene haciendo el Tribunal Constitucional de la inviolabilidad del Rey, no permiten admitir esa petición de comisión de investigación tras su abdicación en junio de 2014. 

Ello a pesar de que el Preámbulo de la LO 4/2014, de 11 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dice así;

“Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional” (Preámbulo IV).

El equipo jurídico de la Cámara Baja emitió por primera vez el pasado 12 de enero un informe favorable aludiendo al artículo 52.2 del Reglamento de la Cámara Baja, el cual recoge que las «comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída», pero no era vinculante. 

Esta decimoquinta comisión de investigación fue pedida a finales de julio por Unidas Podemos y varios socios parlamentarios del Ejecutivo para esclarecer la presunta venta «opaca de armas» a países «no democráticos», entre los que se cita Marruecos, y si el Rey emérito Juan Carlos I se pudo lucrar mediante presuntas «comisiones ilegales».

En concreto, la iniciativa fue impulsada por Unidas Podemos junto a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y BNG al entender que diversas informaciones periodísticas reflejan transacciones de «dudosa legalidad», que podrían incluso constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Por tanto, estas formaciones exigían que el Congreso «arroje luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas» y argumentaban, además, la necesidad de crear este órgano parlamentario por el «indudable interés público» que tiene la decisión de Juan Carlos I de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria millonaria.

La iniciativa se registró apenas una semana después de que el PSOE, el PP y Vox volvieran a unir sus votos en la Mesa del Congreso para no tramitar otras dos comisiones de investigación sobre el padre de Felipe VI, planteadas por gran parte de la Cámara. 

*Con información de Agencias.