Adelante reprocha a PP, Cs y VOX su veto a esclarecer lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha criticado hoy el veto de PP, Cs y VOX a la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía relativa a las posibles responsabilidades políticas por las medidas adoptadas en materia de centros residenciales de personas mayores durante el estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus. La iniciativa de Adelante Andalucía, que ha contado con el respaldo de PSOE-A, ha decaído ante la oposición de las tres fuerzas de la derecha, impidiendo así que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para delimitar el alcance real de la pandemia en las residencias andaluzas y determinar si se activaron los mecanismos de prevención y choque adecuados desde la administración autonómica.

Para la dirigente de la confluencia, la votación registrada hoy en el Parlamento supone un «robo de derechos» a la ciudadanía andaluza que «merece conocer al detalle cuáles son las responsabilidades de la administración autonómica en el contagio de más de 2.000 personas en residencias y la muerte de medio millar de residentes» y ha afirmado que «sólo un Gobierno que tiene algo que esconder» puede votar en contra de una iniciativa que aspira a arrojar luz sobre «unos hechos escandalosos que han llenado de sufrimiento a miles de hogares andaluces «.

Aguilera ha afirmado que los 517 fallecimientos en residencias durante la primera oleada y los 1.084 de casos de contagio correspondientes a la segunda oleada evidencian el fracaso  de la estrategia de los gobiernos de PP y PSOE de privatizar los cuidados y obligan a replantear el actual modelo de cuidados en el que han fallado el control y la fiscalización. Así, y para “entender lo que ha sucedido” en las residencias durante la crisis del Covid19, la dirigente andaluza ha defendido la necesidad de analizar en profundidad qué modelo de atención residencial tenía la comunidad autónoma en sus inicios y qué ha venido sucediendo con las residencias durante décadas hasta llegar a la actual situación. “No podemos quedarnos en un análisis superficial”, ha recalcado Aguilera que espera el apoyo de todos los grupos políticos a esta iniciativa para saldar la deuda que la administración andaluza tiene actualmente con el colectivo de personas mayores.

En esta línea, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, ha censurado el modelo que se ha impuesto en la gestión de las residencias caracterizado por la austeridad presupuestaria y que ha ido mermando la inversión pública en la atención social y la privatización masiva. En la actualidad, como ha apuntado, Andalucía cuenta con 14 centros residenciales de gestión pública y 651 de gestión privada, los cuales están gestionados por entidades sociales, fundaciones y cooperativas, pero también por empresas privadas e incluso fondos de inversión o “fondos buitre” que han impuesto un modelo de grandes residencias como nicho de mercado.

Como ha explicado Aguilera, a pesar de lo impredecible de la llegada de una pandemia mundial y la complejidad de su gestión, la crisis del coronavirus podría haberse afrontado en mejores condiciones si el modelo de atención residencial de Andalucía no se hubiera construido sobre «los pilares de la escasez de medios, la precariedad laboral y la falta de materiales», por lo que ha defendido un suelo de inversión del 2 por ciento del PIB para servicios sociales y dependencia, recuperar la gestión de las residencias para el sector público, apostar por centros más reducidos a favor del trato personalizado o aumentar la ratio de empleados por número de residentes como medidas sobre las que construir un modelo de cuidados que ponga a las personas en el centro.