PCTE: «Por un aborto legal, seguro y gratuito»
Un año más es necesario recordar que el aborto legal, seguro y gratuito, sigue sin serlo del todo en nuestro país. Que a día de hoy y sin negar los avances de las últimas leyes, no ha habido gobierno alguno con la disposición o valentía suficiente para garantizarlo como una prestación sanitaria más.
El aborto es un derecho reconocido en España desde hace 13 años con la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, reconociendo el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y dos supuestos en los que la mujer podía abortar hasta las 22 semanas (amenaza grave a la salud física o mental de la gestante, y malformaciones fetales). Pasando a ser una prestación “garantizada por el servicio público de salud”. Y aquí es donde el derecho comienza a convertirse en una pelea administrativa y de exposición para muchas mujeres.
El pasado 28 de febrero se aprobaba la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modifican algunos aspectos de la anterior ley, las mujeres de 16 y 17 años no precisan de autorización de sus representantes legales y desaparece también el período de reflexión de tres días, la mujer no tendrá que esperar una vez tomada la decisión.
Para el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) durante todos estos años «han quedado demostradas todas las trabas que han sufrido muchas mujeres en el momento en que querían interrumpir voluntariamente su embarazo: Falta de información clara y accesible, hostigamientos por parte de agrupaciones antiabortistas, falta de formación por parte del personal sanitario y, la mayor de estas la cual debería de ser el objetivo principal de una ley que pretende garantizar de una vez por todas el acceso libre y gratuito, la famosa objeción de conciencia.
Aunque este tratamiento está incluido en la cartera básica de salud (hasta las 14 semanas de gestación) son pocos los centros públicos donde se realiza. En 2021, un 15,67% de las IVE se realizaron en centros públicos frente a un 83,33% que fue en centros privados. Además, debemos añadir las farmacias que deciden no suministrar ni píldoras anticonceptivas ni las de urgencia. Con estos datos «podemos afirmar», señala el PCTE a través de un comunicado, «que este derecho de objeción supone una forma más de violencia contra las mujeres trabajadoras. La objeción de conciencia jamás debería estar por encima del derecho al aborto de las mujeres y, al ser un servicio público, todo el personal funcionario debería realizar esta práctica independientemente de sus creencias para garantizar este derecho en su totalidad.»
«No podemos negar los avances de esta ley respecto a la anterior, pero la realidad es que una vez más la socialdemocracia nos vende pequeños avances como victorias mientras pasa de puntillas por la cuestión central, y es que la nueva ley se limita a señalar la necesidad de organizar los servicios públicos de forma que garanticen la IVE a la vez que se respeta la objeción de conciencia. Sin explicar cómo, con que recursos o como lo harán efectivo si la organización y gestión de la sanidad recae en las CCAA.», apuntan desde el PCTE.
Continúa el comunicado del PCTE:
«Y si esta seguirá siendo la realidad de las trabajadoras españolas ¿qué sucede con las mujeres indocumentadas residentes en nuestro país? Muchas migrantes indocumentadas se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado (o sí deseado, pero no pueden hacerse cargo de su futuro hijo por diversos motivos) y aquí empieza su calvario. Aunque la ley indique que es un derecho universal, estas mujeres deben justificar que llevan más de 90 días en España. Demostrar esto es, en muchos casos, imposible debido a las dificultades que tienen para poder empadronarse.
Si ya el hecho de tomar esta decisión es muy complicado a nivel psicológico, debemos sumar todas las dificultades que supone reunir el dinero necesario para hacerlo de forma privada y que muchas de ellas se ven obligadas a realizarlo de forma clandestina con todos los peligros que conlleva para su salud física y mental.
Y, para más inri, las que consiguen realizarse la IVE y no tienen derecho al permiso por incapacidad temporal. Ese mismo día deben volver a su lugar de trabajo, ya sea de interina cuidando a una persona dependiente y/o realizando servicios domésticos en diferentes domicilios. ¿Dónde contempla esta nueva ley la protección para todas estas miles de mujeres? No sólo siguen existiendo trabas para las trabajadoras españolas, sino que las migrantes indocumentadas siguen exactamente en la misma situación, no hay ninguna mejora ni se garantizan sus derechos.
Una vez más, se demuestran las limitaciones institucionales de la socialdemocracia en materia de violencia contra la mujer con una ley que, pese a los necesarios progresos que se han aprobado, es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades de las mujeres trabajadoras, nativas o extranjeras.»
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