IIDMA interpone una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Plan Nacional Transitorio del Gobierno, que permite emisiones contaminantes por encima de los límites de la UE

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Nacional de Transición (PNT) para grandes instalaciones de combustión (GIC). Este Plan del Gobierno se acoge a una excepción de la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea (DEI) que permite a los Gobiernos eximir a algunas instalaciones de combustión de los valores límites de emisión vigentes,  de forma excepcional, entre enero de 2016 y junio de 2020.

En la demanda presentada IIDMA pide la nulidad de pleno derecho del PNT. A pesar de que la ley exige realizar una Evaluación Ambiental Estratégica en estos casos, el Gobierno no lo ha hecho, por lo que el Plan no cumple con la ley. El PNT incluye 29 plantas de combustión, de las cuales 9 están operando a una distancia no mayor de 5 kilómetros de lugares protegidos dentro de la Red Natura 2000.  Dentro de las 29 plantas incluidas, 21 son centrales térmicas de carbón, que están emitiendo actualmente altos  niveles de NOx, SO2 y partículas a la atmósfera, algo que no podrían hacer fuera de la excepción del PNT. Además, durante la elaboración del PNT no se cumplió con la exigencia de participación pública, por lo IIDMA denuncia que ha faltado transparencia en el proceso y que no cumple con los requisitos del Convenio de Aarhus, del que España es Parte.

Dos semanas después de que el Consejo de Ministros enviara el Acuerdo de París para luchar contra el Cambio Climático a las Cortes Generales para su ratificación, el PNT fue aprobado por ese Consejo el 25 de noviembre de 2016. A pesar de ello, las plantas han estado operando bajo los límites menos restrictivos del PNT desde enero de 2016, 10 meses antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, algo necesario para su entrada en vigor. Durante el proceso iniciado por IIDMA en enero de 2017, ha habido dilaciones provocadas por el retraso de la Administración en el envío del expediente administrativo necesario para poder presentar la demanda.

Las centrales térmicas de carbón son las principales emisoras de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, y una de las causas principales del cambio climático. Además, estos contaminantes son también causantes de daños ambientales como la acidificación atmosférica o lluvia ácida. Además de sus negativos efectos medioambientales, los contaminantes emitidos por estas centrales tienen graves consecuencias para la salud pública: pueden causar ataques al corazón, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Según los datos del informe de IIDMA «Un oscuro panorama», las emisiones de carbón fueron responsables de más de 700 muertes prematuras en 2014 y los costes sanitarios ascendieron a entre 880 y 1.667 millones de euros.

“Este Plan no responde a las exigencias del Estado de Derecho» afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA, «El Gobierno no puede adoptar un plan que no respeta el marco normativo vigente puesto que no lo sometió a Evaluación Ambiental Estratégica ni cumplió con otros requisitos de nuestro ordenamiento.” Añade que “Hay que tener en cuenta que las centrales térmicas incluidas en dicho plan son uno de los principales focos de CO_2.. Es imperativo comenzar la descarbonización de nuestro modelo energético y diseñar un plan de abandono progresivo del carbón y cierre de las centrales. El Gobierno debe tomar medidas urgentes para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París y unirse a los países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Portugal o Italia, que ya han anunciado que dejarán el carbón entre 2025 y 2030”.

“Las emisiones están afectando a la salud de los ciudadanos, dañando el medio ambiente y empeorando los efectos del cambio climático. Las decisiones a corto plazo deben ser coherentes con los compromisos internacionales de España, o de lo contrario habrá graves consecuencias» añade Carlota Ruiz-Bautista, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.

A pesar de todo, el Gobierno anunció recientemente la preparación de un Real Decreto para proteger a las centrales térmicas del cierre. Por su lado, la Unión Europea deja claro que sus medidas, cada vez más restrictivas, se dirigen hacia el fin del carbón. Este objetivo final lo ha dejado claro el Parlamento Europeo en su Resolución de 4 de octubre: en su punto 22 hace un llamamiento a las partes a una descarbonización temprana para cumplir con los objetivos climáticos