El ministro Borrell despacha en un minuto las preguntas sobre el Sáhara

Poco más de un minuto. Es el tiempo que empleó el ministro de Asuntos Exteriores para la Unión Europea y de Cooperación, Josep Borrell,  para  responder en el Senado a varias preguntas referentes a la política del Gobierno en el Sáhara Occidental, en concreto sobre la violación de los Derechos Humanos en la excolonia española, el expolio de sus recursos naturales y las sentencias internacionales que determinan que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios diferentes.

En un minuto y diez segundos el ministro Borrell despachó las preguntas que le formuló el senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI-CC) Pablo Rodríguez Cejas, pero sin responder a ninguna de ellas.

En la comisión de Asuntos Exteriores del Senado del 25 de octubre, el senador canario Rodríguez Cejas preguntó al ministro si España defiende el cumplimiento de los Derechos Humanos y la legalidad internacional, y si esto es una prioridad para España siempre y cuando no interfiera sus intereses económicos y políticos.

También planteó si España va a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la comercialización de los recursos naturales del Sáhara Occidental -sentencias que establecen que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados-, “en las que se define esta comercialización como un expolio de los recursos de un país ocupado a la fuerza”.

El senador  expuso al ministro: “Sé que usted se siente muy cómodo con sus aliados estratégicos como Marruecos, pero le pregunto: ¿Sabe que de forma flagrante se violan los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental  por parte de las fuerzas militares marroquíes? ¿Sabe que en los territorios del Sáhara Occidental  ocupados ilegalmente por Marruecos la población saharaui es torturada, perseguida y oprimida?

Pero Borrell, el mismo que el 28 de junio pasado dijo en Rabat sobre el Sáhara Occidental que iban a continuar el camino de anteriores Gobiernos, no respondió a ninguna de estas preguntas y dijo que lo único que puede hacer España es apoyar los esfuerzos de Secretario General de la Naciones Unidas, Antonio Guterres.

“Solamente puedo decirles –afirmó- que nosotros estamos alineados con las Naciones Unidas y apoyamos la posición de las Naciones Unidas, del Alto Representante, del negociador. El Secretario General nos ha pedido ayuda para que se puedan desarrollar las negociaciones entre las partes”.

Después, y en referencia a una alusión de Rodríguez Cejas a que el Estado español sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, Josep Borrell  aseguró que “España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General  que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de Territorios no Autónomos de Naciones Unidas. Eso es importante saberlo para saber cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ese territorio”.

En este punto Borrell no citó lo que estableció el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto de julio de  2014, presidida entonces por otro miembro del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, que estableció que de acuerdo a  “las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los informes de su Secretario General, la Potencia Administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de “iure” pero no “de facto”  y concluyó el auto que como tal Potencia Administradora y “hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.

En su breve respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores aludió a que se ha entrevistado con argelinos y con marroquíes” -no con saharauis-  y finalizó apoyando “los esfuerzos del Secretario General, que es prácticamente lo mejor, por no decir lo único, que podemos hacer”.

Para el senador canario lo que está pasando con el pueblo saharaui, “un pueblo hermano”, es muy serio pues se viola de forma sistemática la justicia internacional al alcanzarse acuerdos “en los que se comercializan los recursos naturales del Sáhara Occidental, sin el consentimiento de su único y legitimo representante: el Frente Polisario”.

También dijo al ministro que se debe respetar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación –a favor de la que se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Asamblea General de la ONU el 28 de septiembre-  y su soberanía sobre las riquezas y los recursos naturales de su país, conforme a la legalidad internacional y lo que establecen las diferentes sentencias del TJUE “y si quieren negociar sobre los recursos naturales de Sáhara Occidental háganlo, pero con su propietario legítimo, el Frente Polisario”.