Impactos socioambientales y violación de derechos humanos en las relaciones comerciales de España y México

La gira zapatista Un viaje por la vida, que comenzó en junio de 2021, está llegando a su fin. Tras varios meses de recorrido por Europa, las más de doscientas integrantes de las delegaciones zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, se encuentran en diferentes puntos del Estado español. En Madrid, una de las actividades que han realizado ha sido un toxic tour dirigido a medios de comunicación.

El objetivo de esta ruta ha sido denunciar los impactos sociales y ambientales de las relaciones comerciales entre España y México. También las actividades empresariales de varias multinacionales españolas que se benefician de la violación sistemática de derechos humanos y de la destrucción ambiental en el país latinoamericano.

El acto ha sido organizado por Ecologistas en Acción y OMAL y en él ha participado Ángel Sulub, delegado del Congreso Nacional Indígena de México que acompaña a las y los representantes zapatistas.

En la primera parada se denunció al BBVA por ser el tercer banco que más financia PEMEX,  una de las mayores petroleras del mundo y la 12ª extractora mundial de petróleo crudo en 2020. Sarah Bourehiyi y Yago Martínez de Ecologistas en Acción recalcaron que «en la emergencia climática las petroleras no son las únicas responsables, también lo son bancos, como el BBVA, que las financian y permiten su actividad».

Además, el BBVA está involucrado en la financiación de grandes proyectos hidroeléctricos, como la presa de El Cajón en el estado de Nayarit y La Parota en el estado de Guerrero. Más allá del impacto ambiental, en la construcción de ambas represas se produjeron violaciones de derechos humanos, incluyendo varios asesinatos.

La segunda parada fue en la Bolsa de Madrid, en la que se señaló a uno de los integrantes del IBEX35: Iberdrola. La compañía es el segundo productor de electricidad del país. Solo el 27 % de su potencia instalada es renovable, el resto se basa en combustibles fósiles. De este modo, «el principal impacto de Iberdrola en México es su contribución determinante a un mix energético basado en los combustibles fósiles y, por lo tanto, responsable directo de la emergencia climática», afirmó Marta García, de Ecologistas en Acción.

Arranca el #ToxicTour para denunciar el #IBEX35contralaVida en México. Nos acompaña Ángel Sulub, integrante del Congreso Nacional Indígena. Os iremos contando todas las patas en este hilo. ?? pic.twitter.com/oPg0fEfSZN

— Ecologistas en Acción (@ecologistas) November 25, 2021

Además, Iberdrola, junto a Naturgy, participa en el desarrollo del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, un megaparque eólico que ha generado numerosos impactos sobre el territorio y la población de la región, que es mayoritariamente indígena. Las organizaciones indígenas exigen que se garantice el derecho a la consulta previa libre e informada, la nulidad de los contratos firmados sin respetar la propiedad comunal y el fin de la represión. Además, defienden la energía como un derecho humano y no como una mercancía.

María Botella, activista de Ecologistas en Acción, explicó al respecto: «Además de toda la vulneración de derechos más flagrantes -como las amenazas- los proyectos de Iberdrola en el Istmo se basan en el expolio. Se han privatizado terrenos que eran colectivos y las comunidades locales dejan de tener acceso a sus tierras y a su fuente de sustento».

La siguiente empresa denunciada fue Renfe. El Tren Maya es un megaproyecto ferroviario en la Península de Yucatán participado por la compañía española, en el que también está involucrada Acciona. Este proyecto choca con el rechazo de las comunidades locales. «No es solo un tren. Estamos hablando de proyectos de desarrollo turístico, de agroindustria, de empresas eólicas y fotovoltaicas. Decimos que no es maya porque no es un proyecto que haya surgido de las necesidades del pueblo maya ni para su beneficio. Este tren es un proyecto que se está imponiendo en nuestro territorio sin la consulta ni el consentimiento de nuestros pueblos», denuncia Ángel Sulub, integrante del Congreso Nacional Indígena.

En la penúltima parada le tocó el turno a Enagás. Esta compañía forma parte del consorcio que construyó el gasoducto Morelos junto con Elecnor, otra empresa española. Abengoa también participa en el funcionamiento del gasoducto. La obra se inició en 2011 y desde el principio contó con una fuerte oposición social, no solo por la pérdida del territorio que supone para las comunidades campesinas e indígenas, también porque el gasoducto atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatepetl.

Erika González, portavoz de OMAL, denunció que «el proyecto ha ido imponiéndose por la fuerza mediante una estrategia de represión y violencia. Además de la criminalización y encarcelamiento de líderes sociales, en 2019 asesinaron a una de las personas más visibles en la oposición al proyecto, Samir Flores. Con todo, las comunidades siguen resistiendo».

El tour concluyó en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En él, el foco se puso en la responsabilidad del Gobierno a través de la firma del acuerdo comercial UE-México. En 2020, la Comisión Europea anunció la conclusión de las negociaciones sobre la versión revisada del Tratado de Comercio entre México y la UE, el cual está vigente desde 2000. En todo caso, el tratado todavía no está aprobado.

Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, denunció que «20 años después de la entrada en vigor del acuerdo UE-México, las esperanzas de México no se han cumplido. A pesar de que el comercio entre la UE y México ha aumentado un 148 % desde 2000, el porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza era de casi el 50 % en 2008 y seguía igual en 2018. Además, la cláusula democrática del acuerdo nunca fue invocada, a pesar de la existencia de un gran número de denuncias por parte de la sociedad civil sobre los impactos de las empresas europeas en México. En lo que sí ha ganado México en estas dos décadas ha sido en contaminación y destrucción ambiental».

El nuevo acuerdo entre México y la UE refuerza la apertura comercial, la industrialización de la agricultura mexicana, la privatización de servicios públicos y el arbitraje internacional ante posibles disputas, un mecanismo que sistemáticamente beneficia a las multinacionales frente a los Estados.