El Observatorio de la Deuda en la Globalización presenta la querella criminal del Caso Castor en la Audiencia Nacional
Se contemplan en la querella posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.
2.419.940.000€ nos costará a la ciudadanía el #CasoCastor, a pagar en la factura del gas o a cargo los presupuestos del estado.
Hoy 27 de febrero de 2018 presentamos públicamente la QUERELLA CRIMINAL tramitada ante la Audiencia Nacional, contra:
- El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo JOAN CLOS MATHEU – PSOE (8 de septiembre 2006 – 13 de abril 2008)
- El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN – PSOE (14 de abril 2008 – 22 de diciembre 2011)
- El ex Ministro de Industria, Energía y Turismo JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ – PP (22 de diciembre 2011 – 15 de abril 2016)
- El presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS SL, FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ
- La ex Ministra de Fomento MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA – PSOE (18 de abril 2004 – 7 de abril 2009) y ex Vicepresidenta del banco Europeo de Inversiones
- La ex Ministra de Medio Ambiente y Agricultura ELENA ESPINOSA MANGAN – PSOE (14 de abril 2008 – 20 de octubre 2010)
- El presidente de la mercantil ESCAL UGS SL RECAREDO DEL POTRO GÓMEZ
- El ex Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo IGNASI NIETO MAGALDI (15 de septiembre 2006 – 17 de abril 2008)
- El ex Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat de Valenciana JUAN GABRIEL COTINO FERRER (31 de agosto 2009 – 22 de junio 2011)
Por sus responsabilidades en el proyecto Castor, con posibles delitos de PREVARICACIÓN, FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.
La querella se presenta ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional por su competencia en los casos de defraudaciones que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, de la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.La ciudadanía se encuentra frente a la posibilidad de tener que asumir el pago de la cantidad de 1.350.730.000 euros que, con intereses, asciende a 2.419.940.000 euros o bien en la factura del gas, como ha pasado hasta ahora, o bien por los presupuestos del estado.
Nos oponemos frontalmente a esta situación.
||||| Por esto llevamos a cabo esta acción ciudadana coordinada con los siguientes OBJETIVOS:
NO PAGO
– El no pago de la indemnización, sea cual sea el mecanismo utilizado, y el retorno de los pagos anteriores.
– El desmantelamiento de la Plataforma Castor y que el coste de éste se impute a las empresas responsables de su fracaso.
CORRUPCIÓN
– Denunciar una vez más la connivencia de los gobiernos con operaciones destructivas para el bienestar de la población en el marco de un contexto de corrupción sistémica y sistemática.
POLÍTICA ENERGÉTICA
– Dejar patente la “burbuja del gas” que ha convertido el sistema gasista en deficitario por la construcción de infraestructuras que han quedado en desuso o con una utilización muy por debajo de lo esperado.
– La crítica de la promoción del gas a través de la justificación geopolítica de la dependencia de Rusia, que funciona como excusa para promover un combustible fósil que requiere de grandes infraestructuras con un elevado coste, en un país que goza de unas condiciones excelentes para la generación con energías renovables.
– La crítica del modelo de grandes infraestructuras, grandes inversiones y grandes corporaciones, que se impone por encima de las necesidades de la población generando impactos sociales, ambientales y generando deuda ilegítima.
COLABORACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA DEJADEZ DE FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES
– Pedimos la colaboración ciudadana para hacernos llegar información sensible que hasta ahora no haya visto la luz. Para ello hemos habilitado un Buzón anónimo y seguro para recibir dicha información con todas las garantía para las fuentes.
– Trabajamos nivel estatal e internacional para coordinar las acciones en todos estos ámbitos: nuevos modelos energéticos; anticorrupción; nueva gobernanza de los recursos energéticos.
||||| Hemos detectado las siguientes ANOMALÍAS:
– La constructora es también concesionaria y no tiene apenas competidores
– El contrato incluye una cláusula que admite dolo o negligencia
– Modificación de los lindes del mar ad hoc
– Varias anomalías en los informes de impacto ambiental y sísimico
– Ampliación del plazo de renuncia de la concesión para evitar que esta caducara
– No se ha planteado ninguna distribución de los daños ni moratoria
Veamos:
QUÉ ES CASTOR
Se denomina proyecto Castor un almacén geológico de gas en un antiguo yacimiento de petróleo que, una vez finalizada la etapa de extracción petrolera, se planteó utilizar para depositar gas 22 km mar adentro. Se conformaba de tres elementos: 1) una plataforma marítima que comprendían una plataforma de trece pozos de los que ocho se utilizaban de forma reversible para la inyección y extracción de gas, cuatro de observación y uno para inyectar líquidos del gas extraído y una plataforma de procesos; 2) una planta de operaciones en tierra con equipos de compresión y 3) un gasoducto de 30,3 km de longitud y 30 pulgadas de diámetro, con un trayecto submarino de 21,6 km y otro terrestre de 8,7 km para transportar el gas natural entre la plataforma de procesos (en el mar) y la planta de operaciones (en tierra) y viceversa. La infraestructura se encuentra situada en aguas y terrenos de las provincias de Castelló y Tarragona.
Se trata de una infraestructura compleja que se planteó utilizar para almacenar gas en un antiguo yacimiento de petróleo (los ya existentes utilizan antiguos reservorios de gas agotados) y derivada de la pretendida extraordinaria necesidad de almacenaje para la seguridad energética y el consumo de gas a tenor de los informes de previsión realizados por la Secretaría General de Planificación Energética de los años 2002-2011 con revisión en el año 2005-2011, que posteriormente se han constatado como manifiestamente excesivos según reconoce el informe de la CNE de 2012 que critica la planificación gasista de los años anteriores.
“Los actuales modelos retributivos de las instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento subterráneo (…) generan incentivos a los promotores a construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de la planificación y, de otro lado, se trasladan a la Administración y por ende al consumidor final los riesgos derivados de la incertidumbre en la evolución de la demanda de gas y por tanto de los ingresos”) y la memoria del RDL13/2014 que justifica la hibernación actual de Castor des de 2014 (“la actual coyuntura de la demanda de gas no requiere de la incorporación de dicha infraestructura al sistema gasista, al menos en un horizonte de medio plazo”.
QUIÉN ES QUIEN
La fase de investigación del proyecto se inició en los años 90 a instancia de España Canada Resources Inc. Sucursal en España con el permiso correspondiente (y sus amplias facultades) obtenido el 27 de septiembre de 1996 (BOE 234 de la misma fecha); un permiso que fue cedido a la mercantil ESCAL UGS SL según aparece publicado en el BOE núm. 11 de 13 de enero del 2004. La empresa ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA (ACS) del Sr. FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ adquirió en diciembre del 2006 un 5 % de las participaciones de ESCAL UGS SL y un año después, en diciembre del 2007, ACS pasó a ostentar dos tercios de sus participaciones y por lo tanto el control real y el dominio del hecho en cuanto a todas las decisiones que debían tomarse en el marco de dicha empresa.
Su implicación personal en el proyecto se expresa incluso en el hecho que la planta terrestre de Castor lleva el nombre de su hermano Ignacio PÉREZ, fallecido en 2007 y responsable también en ACS.
Dada la composición social, el tamaño y la casi carente masa laboral de ESCAL UGS SL y el interés de ACS en el proyecto Castor, ESCAL UGS SL es un instrumento dirigido y controlado por ACS y su red empresarial y de intereses económicos. La persona del presidente del consejo de administración de ESCAL UGS SL a partir de febrero del año del 2008, el Sr. RECAREDO DEL POTRO GÓMEZ era persona de confianza de ACS en el ámbito energético como lo demuestra el hecho que también ostentaba la vicepresidencia de la sociedad INVEXTA ENERGY SL, filial de ACS con proyectos de fracking en la zona de Murcia y Albacete o en la promoción del almacén de Hidrocarburos en El Pinós (Alacant).
En fecha indeterminada entre los años 2007 y 2008, empiezan a detectarse anomalías que podrían ser indicios de la intención de seguir recabando un altísimo beneficio empresarial derivado de la construcción de la infraestructura, su explotación y la materialización de su financiación sin riesgo alguno para la empresa y a través de mecanismos contractuales que permitieran no llevar realmente a cabo el proyecto. Debido a la necesaria intervención del Estado, al ser el almacenamiento de gas una actividad regulada dentro del sistema gasista, a su vez un mercado en parte regulado, se podía dar las condiciones que permitieran dicho objetivo en el caso de connivencia por parte de los poderes públicos. Para la consecución de este plan fue necesaria la concertación de los principales responsables de las políticas energéticas y de infraestructuras del Gobierno de España, como mínimo, desde aquella fecha hasta la actualidad, quienes fueron necesariamente conocedores de los objetivos delictivos a conseguir y facilitaron todos y cada uno de los actos administrativos necesarios para que esto fuera posible, decisiones de los poderes públicos que consideramos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas, con riesgo para la seguridad y salud públicas y contrarias al interés general.
La concesión fue preparada por JOAN CLOS i MATHEU y sus colaboradores como ministro de Industria, Comercio y Turismo y fue materializada por MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN quien acababa de ser nombrado ministro de la misma área en el momento en que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto. Entre estos colaboradores tuvo un protagonismo principal el Sr. IGNASI NIETO MAGALDI, secretario general de Energía hasta el 17 de abril de 2008 y luego socio del Sr. RECAREDO DEL POTRO.
RETOCAR EL MAR
Debido al hecho de que la administración de la Generalitat de Catalunya se mostró contraria al proyecto sin la adopción de mayores cautelas, como se expresó mediante las alegaciones presentadas en 2008 por la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad de esta administración autonómica, en el marco del concierto descrito anteriormente decidieron modificar los límites entre la Comunidad Autónoma de Catalunya y la provincia de Castelló hecho que se materializó con la decisión de MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA, por aquel entonces Ministra de Fomento y en este momento enjuiciada en la Audiencia Provincial de Sevilla acusada por la fiscalía anticorrupción por malversación de caudales públicos y prevaricación en relación al llamado caso de los ERE, publicada en el BOE de 5 de marzo del 2008.
Efectivamente en el BOE se publica una “Corrección de errores del Real Decreto 638/2007 de 18 de mayo de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos” mediante la cual se modifican los límites marítimos de la provincia de Castelló substituyendo el número 135 por el número 123; cuya consecuencia inmediata es que el proyecto Castor queda íntegramente en aguas de la provincia de Castelló y por lo tanto con una única posible intervención autonómica, la de la Generalitat Valenciana, en ese momento presidida por FRANCISCO CAMPS.
Dicha modificación de distritos marítimos 1) se hace exclusivamente para modificar este límite, 2) se hace como corrección de errores, pero inexplicablemente casi un año después de la publicación del RD y 3) se hace sin trámite de audiencia ni expediente administrativo alguno, constituyendo un acto que nos parece absolutamente arbitrario y contrario a derecho.
COBRAR POR NEGLIGENCIAS
En la concesión del proyecto Castor se estableció un polémico artículo 14 con un inciso final que contemplaba la posibilidad de indemnización incluso en caso de dolo o negligencia por parte de la empresa: “En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán en el Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido en el art. 92.1.a de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria”.
Es necesario destacar que, en los contratos de las infraestructuras de almacenamiento de gas, como por ejemplo el Gaviota, un almacén de gas en la costa de Bizkaia con características similares al Castor, es habitual que exista una cláusula de compensación de las empresas concesionarias en caso de extinción de la concesión. Pero en el caso del contrato de explotación del proyecto Castor se añade expresamente la especificación singular y anómala que se garantice el cobro de compensación incluso en casos de dolo y negligencia imputable a la empresa concesionaria.
5. Sondeos preconcesionales 8.483.000 euros
“(Art. 436 CP según LO 5/2010), La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidación de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena que a éstos así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años.”
d) EN CUANTO A LA IMPUTACIÓN DE PARTICULARES EN LOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN
Dejando a un lado el delito de malversación de caudales públicos imputado, que tiene la condición de delito especial impropio por asimilación al delito de administración desleal del artículo 252 CP y no supondría ningún problema de imputación a título de autor a ninguno de los querellados cuando finalmente se concrete su responsabilidad, conviene destacar ya desde este momento que la condición de “particulares” de algunos de los querellados aquí mencionados no obstaría en modo alguno a que pudieran responder penalmente también en relación a los delitos de prevaricación y fraude a la administración que se imputan y cuya configuración es de delitos de carácter especial propio. Así, el Tribunal Supremo ha reiterado (SSTS 501/2000, de 21 de marzo; 76/2002, de 25 de enero; 627/2006, de 8 de junio; 222/2010, de 4 de marzo; 303/2013, de 26 de marzo; y 773/2014, de 28 de octubre, entre otras) que el sujeto que no ostenta la condición de funcionario público en los delitos de carácter especial –intraneus– puede sin embargo ser penado como partícipe –extraneus-, ya sea a título de inductor o de cooperador necesario, puesto que el artículo 65.3 CP estipula que “cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate.”
Querella criminal Caso Castor, disponible para descarga.
Justificante de presentación de la querella, en la Audiencia Nacional el jueves 22 de febrero.
PROMOTORES de la iniciativa:
+ Equipo jurídico Caso Castor
Colaboran en la campaña:
– Red para la soberanía energética (Xse)
Plataforma que proponen un cambio en el modelo energético para que sea democrático, sostenible, descentralizado y bajo control ciudadano.
– Alianza contra la Pobreza Energética (APE)
Asociación de afectados por la pobreza energética.
– @15MpaRato – Querella Ciudadana Caso Bankia
Impulsores del caso Bankia, Tarjetas Black y Preferentes en la Audiencia Nacional.
– Observatorio DESC
Plataforma de defensa de derechos económicos, sociales y culturales.
– Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terres del Senia
Grupo local de afectados por los seísmos y los efectos sobre el territorio del Proyecto Castor.
– Aplaca @CastorAfectados
Asociación de afectados por la Plataforma Castor que reclama indemnizaciones por el riesgo asumido como consecuencia de la activación de esta plataforma.
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