La FeSP pide un Consejo Estatal Audiovisual y licencias para los medios comunitarios

Varias organizaciones que defienden el servicio público audiovisual, universal y gratuito -entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)- han pedido al Gobierno que aproveche la próxima modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para reservar, tal y como estableció esa norma en 2010, una parte del espacio radioeléctrico para las emisiones de las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.»Se sigue incumpliendo la obligación de reserva de espectro radioeléctrico», han indicado.

El Gobierno debe modificar esa ley para incorporar al ordenamiento jurídico español una Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, que la sido aprobada para acomodar la normativa existente en los distintos países sobre esa materia a la situación actual del mercado. La Secretaría de Estado para el Avance Digital (del Ministerio de Economía y Empresa) abrió un plazo de un mes de consulta pública para esa reforma de la ley y ha recibido, entre otras, una respuesta conjunta de Teledetodos (grupo de estudios sobre el servicio público de la comunicación audiovisual y multimedia), la Federación de Sindicatos de Periodistas y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV).

En esa respuesta, entre otras cosas, solicitan:

– Que se constituya en España un Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales, independiente del Gobierno, con competencias para conceder las licencias e imponer sanciones y con medios financieros, técnicos y humanos suficientes. La Directiva europea refuerza la función de esos órganos reguladores. Las tres organizaciones que firman esta respuesta a la consulta afirman que ese órgano debe garantizar el respeto al pluralismo, a la diversidad cultural, a la protección de los consumidores, al correcto funcionamiento del mercado interior y a la competencia leal. Para ello, sus integrantes tienen que ser elegidos mediante un concurso público de méritos y reforzar sus incompatibilidades, con el fin de evitar un fenómeno tan frecuente en la política española como el de las llamadas puertas giratorias.

– Incluir en la ley medidas para garantizar el pluralismo de los medios audiovisuales, entre ellas no permitir que un mismo grupo supere una audiencia media del 30% en el conjunto de sus canales de ámbito estatal, en los 12 primeros meses desde la adquisición. Cuando eso se produzca, tendrá un plazo de un año para realizar las desinversiones necesarias para bajar de nivel.

– Que se tenga en cuenta a los medios comunitarios sin ánimo de lucro al distribuir el espacio radioeléctrico ya que, casi nueve años después del plazo indicado en la LGCA, «se sigue incumpliendo la obligación de reserva de espectro radioeléctrico» para esos servicios. Esa ley, del año 2010, fijaba un año desde su entrada en vigor para que el Gobierno aprobara un reglamento que regule la concesión de las licencias de emisión a los medios comunitarios y ni el Ejecutivo del PSOE ni el del PP lo han hecho.
– Máxima transparencia. Añadir en la ley un artículo para que los prestadores de servicios de comunicación televisiva, radiofónica y audiovisual estén obligados a incluir en su página web los datos sobre su identidad y dirección, forma de contacto directo con ellos, Estado y organismo regulador que tienen jurisdicción sobre ellos y personas sociedades que integran su accionariado.
– Incluir en la ley las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera, gobernanza y participación del público en RTVE y el resto de los medios audiovisuales públicos.

– Licencias. Transparencia en su concesión por concurso, dando a conocer las ofertas recibidas, las condiciones con las que se conceden y los motivos. Cuando no se cumplan esas condiciones, la licencia podrá ser retirada. Cuando se transmita una licencia no se podrán modificar las condiciones de la misma, por ejemplo que un canal televisivo de noticias se convierta en un canal de realities o que una televisión autonómica deje de emitir la información sobre su comunidad.

La Secretaría de Estado para el Avance Digital también ha sometido a consulta pública, en febrero, el real decreto sobre el nuevo Plan Técnico de la Televisión Digital Terrestre y Segundo Dividendo Digital. La plataforma Televisión Abierta, que agrupa a organizaciones, agentes y empresas relacionadas con la TDT y en defensa de la televisión de acceso universal, libre y gratuito (entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas) también ha hecho sus aportaciones a esa consulta. Entre otras cosas, solicita:

– Que el Consejo de Ministros apruebe antes del 15 de abril el real decreto de la TDT, así como un crédito extraordinario para compensar los costes de esa transformación tanto a las televisiones públicas y privadas como a la ciudadanía.

– Que la convocatoria de elecciones no interfiera en este proceso, puesto que es exclusivamente técnico y una cuestión de Estado. El Segundo Dividendo Digital es un mandato de la Unión Europea y, si no se cumplen los plazos, España sería sancionada.