Organizaciones ecologistas contra las medidas de presión de la promotora de Mina Muga

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por Sentencia 285/2024 del 30 de septiembre de 2024, estimó la demanda de las organizaciones sociales y ecologistas, y anuló la Resolución 56/2021, de 1 de julio, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se otorga la concesión de explotación derivada del permiso de investigación “Goyo” 35.780, para sales potásicas y sódicas, ubicadas en los términos municipales de Javier, Sangüesa/Zangoza y Yesa.

Ahora, la empresa Geocali ha interpuesto un recurso de casación, debiendo respetar los ritmos de la justicia. Al mismo tiempo, según se ha conocido por los medios de comunicación, Geocali está desarrollando medidas de presión a través de su CEO, Ignacio Salazar, con el envío de una carta a Sara Aagesen Muñoz, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; o con las reuniones y demandas a María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. En consecuencia, esta última ha declarado públicamente que “Mina Muga es un proyecto que contribuirá significativamente al desarrollo económico y social de la región. Estamos apostando firmemente por su implantación”.

Ecologistas en Acción, Sustrai Erakuntza y la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Bal d´Onsella y El Perdón consideran que las declaraciones de María Chivite son “inoportunas e inadmisibles”. También exigen que concluyan las presiones sobre los diferentes gobiernos autonómicos y centrales y, en su lugar, se respeten los ritmos de la justicia.

Las organizaciones recuerdan que todavía están pendientes de resolución sendos recursos que interpusieron en el TSJ de Aragón y otro en el TSJ de Madrid. “Nuestros argumentos son los mismos, por lo que esperamos que los jueces se pronuncien del mismo modo, anulando ambas
concesiones. Además, el TSJM deberá pronunciarse sobre la DIA, que consideramos que es incompleta y defectuosa y no garantiza una correcta evaluación Ambiental”, afirman.

Asimismo, exigen a los diferentes gobiernos que no hagan suyas las pretensiones de la empresa y que velen por el interés público. “El proyecto Mina Muga va en dirección opuesta de lo que necesitamos, que es descarbonizar nuestro modelo productivo y no emitir más emisiones de gases de efecto invernadero”, añaden.

Los impactos de Mina Muga son elevados: la mina en su funcionamiento va a contribuir al cambio climático; la potasa extraída irá a parar en su mayoría a la agricultura intensiva con una huella de carbono muy elevada; y su transporte se realizará de manera totalmente insostenible mediante el uso de 500 camiones diarios, generando emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes e inseguridad a los vecinos de la comarca.

Las organizaciones también señalan que el proyecto de Mina Muga nunca podrá contribuir al beneficio del territorio, sino al contrario: “No necesitamos este tipo de proyectos que alteren la calidad de vida que buscamos en entornos alejados de los grandes centros de población, proyectos que sí contribuyen al éxodo rural. Lo que las comarcas afectadas necesitan es fijar su población y garantizar puestos de trabajo con proyectos sostenibles. Pero las cifras ofrecidas por la empresa de creación de puestos de trabajo son un canto de sirena desesperado para tratar de convertir este proyecto en algo interesante”.

Las entidades sociales y ecologistas alertan también a los inversores de capital chino, Shandong Energy y el grupo Yankuang Energy, sobre la inviabilidad económica del proyecto: “Para que un proyecto empresarial pueda avanzar sus bases deben ser sólidas. El proyecto minero Mina Muga se cimenta sobre unas bases totalmente inconsistentes, ya que todavía no han quedado resueltos muchos de los problemas técnicos que la mina plantea, como los problemas de subsidencia o sismicidad inducida”.

Por último, se recuerda que en la comarca existe gran preocupación por las interacciones con el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, proyecto que no acaba de concluirse por los continuos modificados que intentan resolver la inestabilidad de las laderas del embalse.

Por todo ello, Ecologistas en Acción, Sustrai Erakuntza y la Plataforma contra las Minas de Potasa de la Bal d´Onsella y El Perdón exigen respeto a los procesos judiciales abiertos. “De la misma manera que las entidades sociales y ecologistas hemos tenido que batallar años y años contra los diferentes proyectos, y estudiar y analizar millas y millas de folios de documentación, pedimos ahora respeto para los ritmos de la justicia, que por primera vez nos ha dado la razón”, concluye.