IU lanza la campaña «investigar sin precariedad», que incluye moción para que todas las administraciones se «comprometan con la estabilidad de las carreras investigadoras»

Izquierda Unida, a través de su Secretaría federal de Ciencia y Universidad, lanza hoy su campaña específica ‘Investigar sin precariedad’, encuadrada en la campaña genérica ‘Que no nos jodan la vida’. Entre sus importantes materiales y contenidos la campaña incluye una moción, que IU defenderá para su aprobación en todas las instancias municipales y autonómicas donde cuenta con representación, que plantea “instar al Gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación, así como valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores/as jóvenes” para, entre otras cuestiones, “instar a las comunidades autónomas y al Gobierno central a eliminar los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i”.

El texto de la moción insta también al Ejecutivo central a “evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores en nuestro país y adquirir el compromiso de dar estabilidad a la carreras investigadoras de nuestros/as jóvenes, que permitan que el potencial de transformación social que suponen reviertan en nuestras universidades, centros de investigación y hospitales públicos”.

Carmen Domínguez, responsable federal de Ciencia y Universidad, impulsora de la campaña junto a la responsable de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, recuerda que IU denunció hace algunas semanas “el cambio en los contratos de miles de investigadores predoctorales sin su conocimiento ni consentimiento, con el lógico malestar y preocupación entre lo/as afectado/as”.

El efecto de la movilización conjunta logró que el Gobierno rectificara, aunque Domínguez destaca que este episodio “sirvió para poner de manifiesto una vez más el precario sistema científico de nuestro país, la falta de estabilidad de los contratos y las barreras para desarrollar la carrera científica de miles de jóvenes investigadores/as”.

La dirigente federal de Izquierda Unida denuncia que ya en plena crisis, desde 2010 a 2016, desde el Gobierno central “se redujo la inversión en I+D en 2.845 millones de euros, con la pérdida de más de 10.000 investigadores/as”.

“Desde Izquierda Unida -destaca Domínguez- defendemos la necesidad urgente de implantar una política científica que se concrete en un Pacto por la Ciencia que garantice marcos de apoyo y promoción de las políticas públicas de investigación, así como presupuestos plurianuales que garanticen los recursos necesarios”.

Incide también en que “cada vez nos alejan más de la posibilidad de conseguir un sistema productivo basado en la ciencia y el conocimiento. Por eso estamos empeñados en defender las reivindicaciones del colectivo de investigadores/as, impulsar el retorno de los que se han visto obligados a salir de nuestro país en contra de su voluntad como única forma de impulsar su vida profesional y exigir al más alto nivel garantías para conseguir un sistema científico que represente un fututo para un país más justo y sostenible”.

De ahí también que en la parte propositiva de la moción que Izquierda Unida ha empezado a mover a nivel autonómico y municipal se busca implicar a las distintas administraciones para “elaborar un censo de aquellos/as jóvenes del municipio que se han visto obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista económico y social”.

La iniciativa de Izquierda Unida que se debatirá en instituciones públicas de todo el Estado se completa instando al Gobierno central a “tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo o la falta de este, la falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes”, además de que tanto ayuntamientos como comunidades “pongan todos los medios a su alcance para frenar el éxodo y revertir la precariedad”.