Tribunal de Apelación de Lyon en contra de la extradición de Vincezo Vecchi a Italia

El pasado 24 de marzo el Tribunal de Apelación de Lyon (Francia) negó la solicitud de extradición del compañero Vicenzo Vecchi por los hechos acontecidos en la contra cumbre de Génova de 2001. Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) queremos poner en valor el excelente trabajo realizado por el Comité de Apoyo a Vincenzo Vecchi. El Comité realizó un trabajo de enorme valor en la que logró apoyos no solo a nivel jurídico, sino también de representantes del mundo académico, político y cultural. Cabe mencionar que en el Estado español personalidades del mundo de la cultura como Icíar Bollaín, Javier Corcuera o Leo Bassi unieron sus firmas con la de personas del ámbito libertario como Carlos Taíbo o el Secretario General de la CGT Miguel Fadrique.

Es la tercera vez que un Tribunal de Apelación francés emite el mismo veredicto, la negativa a una extradición que estaba solicitada en base a una ley aprobada durante el régimen fascista de Benito Mussolini. En Lyon primó el sentido común democrático y el espíritu de la ley. El Comité de apoyo ha manifestado tras la resolución judicial del pasado 24 de marzo: “Estamos felices y orgullosos. Agradecemos a nuestros abogados su increíble trabajo. Queremos agradecer a todas las personalidades, a todas las asociaciones, a todos los amigos que nos apoyaron, a todos los medios de comunicación que transmitieron nuestros mensajes”. Esta decisión judicial ahora debe ser confirmada y definitiva. Desde CGT  exigimos al Ministerio Público francés que no apele al Tribunal Supremo, para así poner fin, de manera definitiva, a este asunto delirante y permitir que Vincenzo Vecchi vuelva a una vida pacífica en Morbihan, la localidad francesa donde vive desde hace más de una década. Tres años y ocho meses de hostigamiento judicial son suficientes.

Manifiesto: Nos preocupa Vincenzo Vecchi, nos preocupa Europa

¿Quién no ha estado presente en una manifestación en la que en algún momento hubo incidentes? Cuando nos preocupamos por nuestro mundo, solemos pasar por una experiencia parecida: ir a manifestaciones de protesta es un derecho democrático, lo que luego ocurre no es responsabilidad de quién acude libremente. Vincenzo Vecchi participó en las protestas contra la cumbre del G8 de 2001 hace 21 años.

En Génova hubo una sangrienta represión: la muerte de Carlo Giuliani y las detenciones masivas de manifestantes se han quedado marcadas en nuestra memoria. Vincenzo fue detenido durante la contracumbre y condenado a doce años y medio de prisión. Se refugió en Francia, donde vive desde hace 20 años. En agosto del año 2019 fue detenido en virtud de una orden europea de detención (OED) emitida por Italia, que pide su entrega desde ese momento.

¿Qué delito ha cometido Vincenzo Vecchi para tener que cumplir una condena tan elevada? Vincenzo ha sido condenado por varios actos que se han agrupado bajo un único acto delictivo de “destrucción y pillaje”. En Italia, sigue existiendo un artículo del código penal de la época de Mussolini (conocido como el código Rocco, aprobado en 1930) que prevé una condena de entre 8 a 15 años por el delito de “destrucción y pillaje”. Este artículo introduce el principio de “complicidad moral” que implica que cualquier persona presente en una manifestación donde hay daños cometidos, pueda ser condenada por ello. Este artículo, que cayó en el olvido después de la dictadura italiana, ha servido para condenar a Vincenzo Vecchi.

Lo que este asunto pone en cuestión es un punto esencial del Derecho europeo: la doble tipificación. Antes de ejecutar una orden europea de detención, la norma que se sigue en la Unión Europea es que el supuesto delito debe cumplir el principio de la doble tipificación: estar contemplado en los Códigos Penales de ambos países de la misma manera. La doble tipificación se basa en una confianza legítima entre los Estados de la Unión Europea, en la idea de que todos conceden a sus ciudadanos el derecho a un juicio justo y en que lo que se considera delito en un país se considera delito en otro.

El caso de Vincenzo implica que aceptemos que se juzgue hoy en día a una persona a partir de una ley creada durante la dictadura fascista de Mussolini en Italia. Como apunta el comité ciudadano de apoyo a Vincenzo, ¿qué pasaría si una orden europea de detención es emitida por Polonia para una persona que ha ayudado a una mujer a abortar y se arriesga a ir a la cárcel por ello? ¿Decidirá Francia o España detenerla y entregarla? No, porque podrá seguir contando (¡esperemos!) con la doble tipificación puesta en cuestión en el caso de Vincenzo.

De hecho, dos de los más altos tribunales franceses, dos tribunales de apelación, han considerado oportuno no aplicar esta orden de detención y fallar a favor de Vincenzo Vecchi. Pero por dos veces, el Tribunal Supremo (Cour de cassation en Francia), en lugar de aceptar el veredicto de sus más altas autoridades judiciales, prefirió recurrir su decisión. En el caso de Vincenzo, la razón de Estado parece prevalecer sobre la ley e incluso sobre la lógica más elemental.

Sobre esta base es importante valorar seriamente si se desea o no participar en la aplicación de una ley creada hace casi un siglo por un régimen fascista. Hay que decirlo alto y claro: cientos de miles de personas hemos cometido el mismo delito que Vincenzo. Si tiene que pasar doce años y medio en la cárcel por esto, nosotros también deberíamos ir a la cárcel porque estuvimos allí con él, porque sufrimos también la descomunal represión que supuso Génova 2001 con Silvio Berlusconi como presidente o porque apoyamos aquellas movilizaciones.

Por eso pedimos solemnemente a los jueces del Tribunal de Apelación de Lyon que juzguen este caso en conciencia el 24 de febrero, como hicieron los dos tribunales de apelación anteriores y que no entreguen a Vincenzo Vecchi a Italia. Porque si lo entregan, abrimos la posibilidad que se apliquen leyes fascistas en Europa y ponemos en peligro el concepto de doble tipificación que es muy necesario hoy en día en una Europa que vive ataques claros y continuos a los derechos fundamentales y a la democracia.

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Firman:

Icíar Bollaín, Javier Corcuera, Olga Rodríguez, Andreu Van den Eynde, Carlos Taibo, Pepe Viyuela, Paul Laverty, Beatriz Aurora, Leo Bassi, Amparo Sánchez, Miguel Fadrique, Alguer Miquel, Enrique Flores, Sandra Iriarte Massoulard, Fernando Oyágüez Reyes, Nilo Gallego, Iván Prado, Jacobo Rivero, J. Manuel Velázquez, Anouk Devillé y Rocío Pozo.