La justicia condena a Juana Rivas a cinco años de cárcel por sustracción de menores sin tener en cuenta los supuestos malos tratos del padre

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada el 18 de julio, y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Granada, condena a Rivas como autora de dos delitos de sustracción de menores a dos años y medio de prisión por cada uno de ellos.

Juana Rivas, es una mujer de Maracena (Granada) que en julio de 2017 permaneció huida e incumplió la orden dictada por un juez de dejar a sus dos hijos de 3 y 11 años a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, quien tenía una condena en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, cuando ambos vivían en España. Finalmente, el 28 de agosto de 2017 Rivas acató la orden judicial y entregó a los menores a su padre, con quien residen en Carloforte, un municipio italiano de Cerdeña.

Antecedentes

En diciembre de 2016, un juzgado de Granada ordena a Juana Rivas la “inmediata restitución” de sus dos hijos menores a Italia con su padre, Francesco Arcuri.

En julio de 2017, Rivas incumple la orden de entregar a sus hijos al padre y este pide que la detengan para proteger a sus hijos. El Juzgado de Instrucción 2 de Granada asume por vía penal el caso mientras comienza la campaña de solidaridad: “Juana está en mi casa”.

En agosto del año pasado el Juzgado de Granada acuerda orden de detención y presentación en sede judicial contra Rivas, tras no personarse en el mismo. Es arrestada al presentarse en los juzgados de Granada. Tras declarar, se decreta libertad provisional, comunicada y sin fianza. Acata la orden judicial y entrega sus hijos en la comandancia de la Guardia Civil de Granada. La Fiscalía retira el recurso de apelación que pedía el ingreso en prisión.

En septiembre, Rivas comparece en el juzgado de Granada en el que se declara inocente y asegura que actuó para proteger a los menores. Al mes siguiente, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer desestima el recurso formalizado por Rivas contra el auto en el que decidió no reabrir las diligencias por malos tratos. Rivas y Arcuri, citados en un Juzgado civil de Cagliari (Cerdeña), que celebra una vista sobre la custodia de sus dos hijos, con quienes la madre pudo estar hasta el 1 de noviembre en Italia gracias a un permiso judicial. Arcuri no entrega a sus hijos a Juana Rivas en el lugar acordado. La justicia de Italia le ordena que los entregue. Rivas se reencuentra con sus hijos en Cagliari.

En enero de 2018, la Fiscalía de Granada solicita un total de cinco años de prisión para Juana Rivas y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años. Arcuri, que ejerce la acusación particular, pide 5 años de cárcel por sustracción de sus hijos. En junio, renuncia el abogado de Rivas. El nuevo defensor es José Estanislao López.

Obviados los presuntos malos tratos

La justicia cumple casi con todas las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular de su expareja que solicitaban dicha pena de cárcel aunque una inhabilitación de ocho años. La defensa de Juana solicitó que se tuviese en cuenta la jurisprudencia existente en casos similares en los que se imputó un delito por dos menores y no uno por cada uno de ellos como en este caso. La pena mínima para estos casos es de dos años según el Código Penal lo que exime del ingreso en prisión si se carece de antecedentes penales. Los supuestos malos tratos que ella denuncia no se han tenido en cuenta. No obstante, el juez advirtió en varias ocasiones durante la celebración del juicio que los mismos no eran objeto de la causa. Que lo que se estaba juzgando era el mes que la madre de Maracena estuvo en paradero desconocido.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía llegó a cuestionar los malos tratos al preguntar que si Arcuri ya había sido condenado por un delito de lesiones en 2009 cuando ambos eran pareja, que «por qué volvió con él».

Comunicado: IU pide al Gobierno el indulto de Juana Rivas, tras su condena a 5 años

La justicia española, fuertemente patriarcal, ha condenado hoy a la víctima de violencia de género Juana Rivas a cinco años de prisión, tras el intento de proteger a sus hijos del maltratador con el que convivían. Nada más conocer la sentencia, IU ha solicitado al Gobierno el indulto de la condenada, por considerarlo “profundamente injusto”.

Además de la situación de indefensión en la que la Justicia deja a Rivas, el sistema judicial lanza un mensaje letal para las mujeres que residen en España: “Si el Estado no actúa, no puedes ni debes defenderte ante una injusticia o un peligro”. Esta fue la situación a la que tuvo que enfrentarse Rivas, ya que el Estado le dejó sin protección, poniendo incluso en peligro su vida y la de sus hijos.

Izquierda Unida no sólo critica el hecho de la condena, sino también “el ensañamiento y la desproporción” que suponen los cinco años de prisión.

El movimiento feminista lleva años realizando un intenso trabajo en las calles y ha logrado que este desborde las instituciones. Tras algunos gestos y guiños al movimiento, como el nombramiento de una mayoría de mujeres al frente de los ministerios, es el momento de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tome las riendas ante esta injusticia concreta, sea ejemplar y evite que Rivas entre en la cárcel. En sus manos está la concesión del indulto.

En este sentido, resulta contradictorio con todo el trabajo que se realiza desde el movimiento feminista y la política pública para acompañar a las víctimas de violencia machista en la denuncia. Rivas interpuso una denuncia contra su expareja, Francesco Arcuri, en julio del 2016, y nunca fue tramitada. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Granada la archivó «por falta de jurisdicción de este órgano judicial»,  ya que los hechos ocurrieron en Italia. Y, hasta que no estalló su caso, el Ministerio de Justicia no ordenó traducirla y enviarla al país transalpino.

Asimismo, resulta contradictorio con otra sentencia que acaba de dar la razón a Angeles Carreño. A Juana Rivas se le condena por sustracción de menores sin tener en cuenta la denuncia que puso por violencia de género. Es decir, se incumple lo que marca la ONU, avalado por sentencia del Supremo de la semana pasada en el caso de Ángela González.

Izquierda Unida considera que, con esta sentencia, queda demostrada la falta de voluntad de la Justicia por ayudar a las mujeres y a las menores. Falta ahora por ver si, en este contexto propio de otro siglo, el Gobierno de Sánchez tendrá la sensatez y sensibilidad necesarias para evitar que una víctima de violencia machista como Rivas entre en la cárcel.