CCOO exige una solución definitiva para el Servicio de Mediación Laboral de CyL
- El Servicio de Mediación Laboral de Castilla y León (SERLA) ya no dispone de liquidez ni para hacer frente al pago de las nóminas de agosto, ni siquiera para las cotizaciones sociales, de las siete personas trabajadoras.
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Desde la entrada de Vox en la Consejería de de Industria, Comercio y Empleo ha intentado desmantelar este Servicio, desapareciendo de los Presupuestos Autonómicos 2023, y cuando desde el Gobierno se han hecho requerimientos a la Junta de Castilla y León por vulneración de derechos de las personas trabajadoras, se aprobó la orden del 13 de abril de 2023 con una aportación de 400.000€, algo que CCOO ya denunció que era totalmente insuficiente.
Se tiene conocimiento de que el director del SERLA ha realizado ya varias peticiones de la necesidad de aportaciones económicas para la supervivencia del Servicio, desde el pasado mes de mayo, a las que la Consejería ni siquiera ha respondido. Además se necesita la ampliación de la plantilla para garantizar su buen funcionamiento y cumplir con la responsabilidad de servicio público que tiene asignado.
El SERLA comenzó con una plantilla de 5 personas en el año 2000, donde se tramitaban solo conflictos colectivos, en este 2023 se van a tramitar más de 5000 conflictos individuales, además de los colectivos, con tan solo dos personas más en la plantilla, lo que supone que este año lleva tramitados, y va a tramitar, el número más alto de procedimientos desde sus inicios.
Para Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO CyL, la Consejería vuelve a hacer gala de sus políticas antiobreras y vulneración de derechos de las personas trabajadoras de nuestra comunidad, ya que este servicio los tienen en todos los territorios de España
CCOO exige a la Junta de Castilla y León, el cumplimiento de los acuerdos y una solución definitiva que de viabilidad al SERLA, ya que no podemos seguir instalados en la “incertidumbre permanente”, poniendo en juego los derechos de las personas trabajadoras.