Redacción •  Actualidad •  27/09/2018

IU reclama al juez de los ‘Papeles de Bárcenas’ que cite como imputado al empresario Marjaliza por los 60.000 euros que reconoció haber pagado al PP en su sede de Génova, 13

La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la investigación de la ‘contabilidad B’ del Partido Popular en la Audiencia Nacional pide también a José de la Mata que cite como testigos, entre otros, a Álvaro Pérez ‘el bigotes’ y a Arturo González Panero ‘el albondiguilla’.

IU reclama al juez de los ‘Papeles de Bárcenas’ que cite como imputado al empresario Marjaliza por los 60.000 euros que reconoció haber pagado al PP en su sede de Génova, 13

Jueves, 27 de septiembre 2018.

La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la causa de los ‘Papeles de Bárcenas’ que se instruye en la Audiencia Nacional -en la que se investiga la supuesta ‘contabilidad B’ del Partido Popular– ha solicitado al magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, una nueva batería de diligencias a practicar. Entre ellas destaca la petición para que comparezca en calidad de imputado el empresario David Marjaliza, además de que, entre otras personas, el juez llame a declarar como testigo a Álvaro Pérez Alonso, más conocido como ‘el bigotes’, entre otras razones por su manifestado “amplio conocimiento de lo que ocurría en la sede nacional del PP, en Génova 13, donde se movía con total libertad”.

Izquierda Unida considera imprescindible la práctica de la diligencia relativa a Marjaliza después de que reconociera y detallara el pasado mes de julio ante otro juzgado de la Audiencia Nacional -en este caso el nº6 donde, entre otras, se investigan las tramas ‘Púnica’ y ‘Lezo’- “sobre un pago de 60.000 de euros que realizó en la sede del PP en la calle Génova de Madrid, pago que se habría realizo a los ex tesoreros del Partido Popular, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta”.

En concreto, este empresario que mantuvo durante años intensas relaciones personales y económicas con dirigentes del Partido Popular señaló en sede judicial que ‘En el año 2007, una vez que ya nos habían adjudicado obras en el Metro, en la Comunidad de Madrid, [Francisco Granados, ex consejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre y también imputado en el ‘caso Púnica’] también me dijo que teníamos que tener un gesto y que hiciera una donación en Génova [en referencia a la sede nacional del PP]. A través de un ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Bonet [José Fernández Bonet], fui a Génova. Llegamos a recepción. En recepción habló con la señorita de la puerta, yo no tuve carné de identidad, pasé directamente a la quinta o a la sexta planta, y estuve con don Álvaro Lapuerta y con don Luis Bárcenas [ex tesoreros del PP], y doné 60.000 euros en efectivo’.

El equipo jurídico de IU apostilla en el escrito dirigido al magistrado De la Mata ya registrado en la Audiencia Nacional que “debe destacarse, como es conocido, que el Sr. Marjaliza viene colaborando con la justicia en el esclarecimiento de una trama que, teniendo por objetivo la adjudicación irregular de contratos públicos, ha venido realizando actos de soborno sobre diferentes responsables políticos, principalmente vinculados al Partido Popular”.

Justifican también al juez la necesidad de que admita esta diligencia en que con esta entrega de dinero en la sede nacional del PP “se deja constancia de cómo los actos de cohecho que se estaban realizando en la Comunidad de Madrid a la vez se verían apoyados para su perfecta cristalización sin interferencias políticas -interferencias como las que en su día se manifestaron en el ámbito del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que podríamos denominar como ‘guerra de tesorerías’, como así se ha conocido por diferentes declaraciones obrantes en esta causa, como la del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González- por pagos a la tesorería nacional del Partido Popular”.

“Todo ello -razona IU- con el indisimulado propósito de tener satisfecho al Partido Popular nacional y así, de esa manera, evitar interferencias que pudieran generar distorsiones en el proceso ilícito de adjudicación de contratos públicos de forma fraudulenta”.

Los letrados que representan a IU respaldan algunas de las conclusiones a las que ha llegado el juez instructor hasta el momento, en ellas que el propio sistema de ‘contabilidad B’ o paralela que gestionaban Bárcenas y Lapuerta “determinaba que los fondos económicos que ilegalmente habrían sido recibidos de los querellados, con absoluta falta de transparencia y respeto de las prohibiciones y limitaciones establecidos en la legislación reguladora de la financiación de los partidos políticos, habrían sido destinados a las finalidades previamente referidas: a) al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; b) al pago de gastos generados en campañas electorales; c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad; d) así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido), no habiéndose detectado, por el contrario, que las concretas aportaciones dinerarias recibidas de los empresarios por el gerente y tesorero de la formación política fueran empleadas para fines distintos de los anteriormente mencionados”.

Para la acusación popular que ejerce IU junto a otras formaciones y asociaciones “puestos de manifiesto los anteriores hechos, se puede convenir que nos encontramos ante nuevos elementos probatorios conducentes a razonar que los pagos realizados a los tesoreros nacionales de Génova 13 tenían por objeto abrir el camino a fraudulentas adjudicaciones que se perfeccionaban en el amplio y descentralizado territorio español, de tal forma que entre el partido y el pagador ya se establecía un concierto o conspiración para llevar a cabo operaciones fraudulentas en beneficio del partido y de la empresa vinculada al pagador”.

Por todo ello, Izquierda Unida plantea también entre las nuevas diligencias a acometer que practique “prueba documental consistente en librar exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº 6, para que remita a este Juzgado (el nº5) copia autenticada en soporte digital de la declaración de David Marjaliza Villaseñor realizada en las referidas diligencias el día 12 de julio de 2018”.

Además, entre las solicitudes para llamar a declarar a nuevas personas como testigos en la causa de los ‘Papeles de Bárcenas’ se encuentra Álvaro Pérez Alonso, más conocido como ‘el bigotes’. De él se recuerda que “en el juicio oral seguido ante el Juzgado Central de lo Penal nº 1 de la Audiencia Nacional, manifestó su amplio conocimiento de lo que ocurría en la sede nacional del Partido Popular en Génova 13, donde se movía con total libertad, siendo que por su parte ya ha reconocido su participación en diferentes hechos relacionados con la actividad ilícita del Partido Popular y sus dirigentes”. Se apunta también que ‘el bigotes’ pueda “ser citado en el centro penitenciario en el que se encuentra privado de libertad”.

A su vez, Izquierda Unida reclama que el magistrado instructor José de la Mata llame también como testigos a José Fernández Bonet (Pepe Bonet), ex concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid, que abrió a Marjaliza las puertas de Génova 13 y le acompañó en la reunión con Bárcenas y Lapuerta y a Cristina Ibáñez Vidal, ex gerente del PP de Valencia.

Se propone también que vuelva a citar en calidad de testigo al ex alcalde del PP de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, también conocido como ‘el albondiguilla’, “toda vez que la declaración para la que voluntariamente solicitó acudir fue finalmente suspendida el día 25 de julio de 2018”.


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