Operación Chamartín: las asociaciones vecinales y ecologistas tachan el convenio entre ADIF y el BBVA de “escandaloso” y “enormemente lesivo para el interés general”

Nuevos y poderosos argumentos para que el proyecto Madrid Nuevo Norte, la actual denominación de la Operación Chamartín, sea guardado para siempre en un cajón. Esta mañana, ElDiario.es ha desvelado el escandaloso contenido del convenio entre ADIF y Distrito Castellana Norte (DCN, el consorcio formado por el BBVA y la constructora San José), que el Consejo de Administración de la empresa pública tiene intención de aprobar mañana. A tenor de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción, se trata de un acuerdo enormemente lesivo para el interés general y, en concreto, para las arcas públicas. Su firma puede suponer la pérdida de millones de euros para el Estado, un importante quebranto patrimonial de algo que es de todos y todas y, en definitiva, la consagración de una iniciativa pensada para el interés particular. Por ello, las dos entidades demandamos a ADIF que mañana rechace un convenio que, en virtud de lo publicado hoy, generará un grave perjuicio para la población.

¿Qué implicaciones tiene el acuerdo? En primer lugar, que DCN adquiere los terrenos a un precio muy inferior al precio de mercado (entre la mitad y un tercio del precio medio). Estamos, por tanto, ante una operación en la que la empresa pública deja de ingresar millones de euros.

Pero además, DCN no está obligado a satisfacer el importe total de su compra en un solo pago sino que podrá hacerlo ¡en 20 años! Paradójicamente, ADIF le hace un préstamo a una empresa cuya titularidad pertenece al segundo banco más importante de España.

Por otra parte, en el convenio ADIF adquiere una serie de compromisos y cargas por un valor incierto, pero que, de materializarse, sin duda supondrán una cuantía elevada para las arcas públicas. Así, se compromete a hacer frente a los gastos derivados de la desafectación de los terrenos y a aquellos procedentes de su descontaminación, a aportar 25 millones de euros en concepto de gastos de urbanización y a asumir la parte del gasto que supere los 321 millones de euros de la construcción de la polémica losa que cubrirá las vías, entre otras muchas cosas.

Todo esto no hace sino reafirmar la postura de denuncia de la operación Chamartín que Ecologistas en Acción y la FRAVM, junto con las asociaciones vecinales del entorno (hoy agrupadas en la Plataforma Zona Norte), mantenemos desde hace muchos años. Estamos ante un proyecto especulativo que ignora las necesidades de los barrios vecinos, incrementa los problemas de movilidad en el norte de la ciudad, promueve muy poca vivienda social en alquiler y cuya lógica se resume en sumar y sumar metros cuadrados de edificabilidad para cubrir las expectativas de beneficio de DCN-BBVA.

Recordemos que la FRAVM y Ecologistas en Acción hemos solicitado en numerosas ocasiones que se hagan públicos todos los acuerdos suscritos, desde 1993, entre ADIF-RENFE y DCN. Pero no solo no lo hemos logrado, sino que, cuando parecía que parte del expediente se iba a hacer público, DCN ha acudido a los tribunales para impedirlo. A la vista del convenio que ElDiario.es ha desvelado hoy, es fácil entender la cerrazón y la negativa para darlos a conocer. Son inaceptables. Por algo sus promotores tienen el máximo interés en mantenerlos en secreto.

Por todo lo anterior, ambas organizaciones exigimos al Consejo de Administración de ADIF, que se reúne mañana viernes, que no renueve el convenio, que no lo apruebe y que, en su lugar, se aborde la elaboración de un nuevo proyecto acorde con las necesidades del norte de la ciudad de Madrid y con el interés general.

La publicación del vergonzoso acuerdo se produce tan solo unos días después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y la FRAVM contra la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid relativa a Madrid Nuevo Norte. Un pequeño revés para los promotores de la operación que vino precedido de la presentación de más de 3.500 escritos de alegación a esta modificación del PGOUM, una cifra histórica. Nunca antes un proyecto urbanístico había generado tanta oposición social en la ciudad de Madrid.