«El Plan Español de Energía y Clima 2021-2030 no cita al tren en ningún momento, cuando el ferrocarril es el modo de transporte más ecológico»

Comunicado Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible

En las alegaciones de la Coordinadora Estatal por el Tren al Plan Español Integrado de Energía y Clima 2021-2030, esta coordinadora de las plataformas por el tren presentes en todo el territorio español, llama la atención al Ministerio de Transición Ecológica sobre la ausencia,en el borrador del Plan, de referencias al tren, el medio de transporte ferroviario. Aunque, como se señala en las citadas alegaciones sea el ferrocarril el modo de transporte más ecológico, entre los motorizados de los siete existentes: modo peatonal, modo ciclista, modo ferroviario, modo fluvial, modo carretero, modo aéreo y modo maítimo. La máxima aproximación al tren que efectúa el borrador de plan son unas pocas referencias al “transporte público”.

También es destacable la escasa integración del Borrador del Plan con otras políticas, medidas e instrumentos de protección de la biodiversidad, con la finalidad de asegurar el desarrollo de un nuevo modelo de transporte y de un nuevo modelo energético, coordinados con la necesaria transición ecológica justa.

Las principales observaciones realizadas por la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible van en la línea de alcanzar coherencia entre los objetivos de la Unión Europea y los resultados esperados del Plan Español.

La Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible estima que el Borrador del Plan debe considerar que el sistema multimodal de transporte, para lograr la sostenibilidad del mismo, debe basarse como columna vertebral en nuestro lema: a pie, en bicicleta y en tren, siendo el resto de modos de transporte complementarios de los tres citados.

Las plataformas por el tren, valoran positivamente que el Borrador del Plan apueste por el cambio modal en el transporte y la electrificación en lo que a los consumos energéticos del sector del transporte se refiere, pero consideran que además es necesario un replanteamiento de la ordenación del territorio para minimizar las necesidades de desplazamientos, que provoca el modelo de ciudad difusa y dispersa existente en la actualidad, por lo que se deben establecer criterios adecuados en las concesiones de nuevos permisos de edificación.

En el ámbito de la electrificación el Borrador del Plan debe establecer un calendario para la electrificación de líneas de la red española aún no electrificadas, por las que en estos momentos circulan trenes con tracción diésel tanto de cercanías, como regionales, trenes de grandes distancias y trenes de mercancías.

Desde la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible estimamos que el objetivo, para España, de reducción de emisiones de gases con efecto de invernadero, GEI, debe ser del 60%, como mínimo, en 2030 respecto a 2010 o 50% respecto a 1990. Superando lo referido en el Reglamento (UE) 1999/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, donde está establecido el objetivo vinculante de la reducción del 40 % en calidad de contribución al Acuerdo de París. Al mismo tiempo, para el año 2030, la Unión tiene acordado reducir las emisiones de los sectores difusos en un 30% respecto a 2005, donde corresponde a España una reducción del 26%, dentro del reparto de esfuerzos establecido, encontrándose el transporte entre los sectores difusos. La reducción de las emisiones GEI en el 50% en 2030, respecto a 1990, es acorde con el esfuerzo mundial requerido para no superar el incremento de 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta a finales de siglo. Así mismo, el objetivo de reducción de emisiones GEI para 2050 del 90%, respecto a 1990, debe modificarse para alcanzar emisiones netas cero en 2040 y así contribuir a la necesaria senda global de alcanzar cero emisiones netas en 2050.

En el Reglamento (UE) 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a las orientaciones de la UE para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte de 11 de diciembre de 2013, se señala que la Comisión Europea definirá la Red Básica Ferroviaria Transeuropea en 2023 para que pueda ponerse en servicio en 2030, y por tanto también se definirá y pondrá en servicio la Red Básica Ferroviaria Española, integrante de la antes citada, en las mismas  fechas.

Se detecta, en el citado Borrador de Plan, un permanente apoyo implícito al modo carretero dando la sensación de que el Gobierno de España sigue considerando a la carretera el “modo universal de transporte” que se leía en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2017. Pero los trenes, como se ha dicho más arriba, están totalmente ausentes del Plan, y nada se dice de los trenes de cercanías y los trenes regionales, aunque el texto se refiere especialmente al mundo urbano, al ámbito de las aglomeraciones urbanas, es decir al transporte urbano y metropolitano.

En España hay 24,07 millones de automóviles, según datos de 2018 de la Dirección General de Tráfico, un 2,4% más que el año anterior. Cada uno emite 118,1 gramos CO2 por cada kilómetro de desplazamiento, señala la Agencia Europea de Medio Ambiente. Así es que, puesto que cada coche en España recorre una media de 24.629 kilómetros al año (según Faconauto, cifra de 2016), lanza a la atmósfera 2,9 toneladas de CO2 anuales. Entre todo el parque: 69,8 millones de toneladas al año. Esas emisiones de GEI provienen de la gran cantidad de energía que ha de consumirse para, tomando como media de peso de un automóvil la cifra de 1.200 kilogramos, 1,2 toneladas, mover los 29 millones de toneladas de hierro y otros materiales que suman esos 24,07 millones de automóviles, sin contabilizar la carga media que hayan de soportar en sus desplazamientos.

El trámite de estas alegaciones, es complementario al proceso de evaluación ambiental estratégica previsto en la Directiva 2001/42/CE, que igualmente se llevará a cabo. La citada Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, se refiere a la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente, y tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, así como contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible. Garantizando la realización de una evaluación medioambiental de los planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.