SACYR vende el megaproyecto minero a Atalaya Mining, la empresa que explota las Minas de Riotinto

“Malas noticias para la vida”, como decía Joaquín Araújo en la manifestación del pasado día 18 en Mérida, y malas noticias para todo el suroeste de Badajoz, siendo la Comarca de Olivenza la primera en ser afectada. Las declaraciones del “Tiburón” de la minera –Alberto Lavandeira– que toma el relevo a Sacyr en el megaproyecto, lo confirma.

A través de la venta de su “empresa pantalla” Rio Narcea Nickel, Sacyr traspasa todos sus permisos mineros a Atalaya Mining (Riotinto), que compra el 51% de la participación y con ello todo el megaproyecto del suroeste de Badajoz. El otro 49% restante de la participación pertenece a los “actuales dueños de Aguablanca”, estos son el antiguo equipo de los “VENDEHUMOS” del grafeno y promotores de la supuesta fábrica de celdas para baterías de Badajoz. La reapertura de esta otra mina depende de la nueva DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que pese a no haber sido presuntamente publicado su anuncio en el BOE y aprovechando el mes de agosto, ha sido paralizada gracias a las alegaciones de Ecologistas en Acción y varias plataformas más, entre ellas Alconchel sin mina.

VIENEN A POR TODAS: EL PROYECTO OSSA MORENA (POM)

Las intenciones que este directivo tiene sobre este megaproyecto de 20 permisos mineros, y que adelantábamos con la entrevista que publicamos el pasado día 9, desgraciadamente se han hecho realidad, repetir y extender el desastre medioambiental de Riotinto por todo el suroeste de Badajoz sobre 1.114 km2.

Todos estos permisos forman el denominado “Proyecto Ossa Morena” (POM) como así lo nombra la actual empresa y sobre el que ya trabajaba la anterior SACYR. La Plataforma viene denunciando este macro proyecto desde hace más de dos años desde que se tuvo conocimiento de la primera solicitud de explotación en Alconchel, Táliga y Olivenza. Desde Olivenza hasta Monesterio, más de 30 términos municipales son afectados entre los que destacan también Higuera de Vargas, Jerez de Los Caballeros, Valle de Santa Ana, Fuentes de León, Nogales, Burguillos del Cerro, etc. La normativa europea obliga a declarar de inicio las amplitudes totales de los proyectos, aspecto que vulnera la multinacional con objeto de solicitar declaraciones ambientales fraccionadas, siendo esto más fácil de conseguir.

(Mega Proyecto Ossa Morena POM suroeste de Badajoz. Fuente atalayamining.com)

Recordamos que en comparecencia pública el 16 de julio de 2020, el Director General de Industria y Minas D. Samuel Ruiz Fernández negó la existencia del Proyecto Ossa Morena (POM), proyecto que hoy la minera compradora anuncia continuar “llevando a cabo programas de exploración agresivos de una manera eficiente en cuanto a costos y tiempo” (A. Lavandeira). Ya desde 2019 la plataforma viene publicando las abundantes pruebas, y la connivencia de la Administración se está mostrando clave para la consecución de los objetivos especulativos de esta y otras mineras: “Estabilidad legal, bajos impuestos y tasas, importantes ayudas e incentivos, gobierno regional proactivo e involucrado en el desarrollo del sector minero” (Junta de Extremadura).

FASE 1 ALCONCHEL Y PALLARES: IMPONER MINAS SOBRE PARAJES PROTEGIDOS VERTIENDO AL ALQUEVA

También distinguen en concreto el otro megaproyecto denominado OMA (Antiforme Olivenza-Monesterio) o flanco sur. En él pretenden comenzar por el polémico permiso de explotación de Alconchel, Táliga y Olivenza, situado sobre zonas protegidas Red Natura Sierra de Alor y Monte Longo contra el que la Plataforma y Ecologistas vienen luchando.

“Se dará prioridad para avanzar en el proyecto de cobre, oro y hierro de Alconchel” (A. Lavandeira). Dicho “proyecto” tiene su expediente ambiental archivado en la Junta por falta de documentación, y sus numerosas irregularidades en la tramitación están siendo denunciadas. Destacan entre ellas motivos similares a los que se dan en los permisos anulados de la mina de litio de Cáceres, ya que las normas urbanísticas de los municipios afectados, en particular Olivenza, Alconchel y Táliga, protegen especialmente las zonas declaradas como red Natura 2000, lo que técnicamente veta las posibilidades extractivas en la zona.

La Ley del Suelo, en el artículo 67.6, considera usos prohibidos los que estén catalogados así por las normas municipales, por ser incompatibles con la conservación de sus características medioambientales. En el caso del proyecto planteado en Alconchel el planeamiento vigente protege de forma especial la zona donde se pretenden hacer las minas, pues se encuentra dentro de la zona de especial protección de Serranías, donde se marcan como premisas de protección la prohibición de introducir cualquier elemento que altere la fisonomía original de la zona, además del mantenimiento de la vegetación autóctona y las perspectivas visuales, y la imposibilidad absoluta de construir. (NN. SS. – Artículo 154).

Varias denuncias en el SEPRONA por presuntos pozos y sondeos ilegales realizados en el periodo de investigación avalan las intenciones de la minera en el consumo de agua, que podría alcanzar los 7 millones de litros/día según estimaciones con los datos del proyecto inicial. Además, los dos puntos de vertidos de aguas de contacto y contaminadas, como demuestran los planos (arroyo de San Roque y arroyo del Gollizo), llegarán por gravedad al Alqueva.

En este sentido el nuevo directivo A. Lavandeira no despierta ningún tipo de confianza, dada su gestión con los vertidos en la Mina de Touro y en sus anteriores aventuras empresariales con “Rio Narcea Gold Mines” en Asturias, Comunidad que dejó de concederles permisos mineros.

Destacan sorprendentemente las pretensiones de ampliación de las gigantescas cortas proyectadas inicialmente y de la apertura de otras nuevas sobre la finca y Sierra de Pallares en Táliga. Todos estos terrenos objetivos de la multinacional son, o suelo de Protección Ambiental (LIC Sierra de Alor y Montelongo de la red natura 2000), o suelo de Protección Estructural agrícola según el planeamiento de la localidad, donde la actividad extractiva está expresamente prohibida.

Por la nota de la empresa Atalaya, y los datos obtenidos por esta Plataforma, consultando en los organismos y la observando en el terreno, tenemos constancia de que se han realizado labores de prospección extractivas con pozos de sondeo, en esta zona de la sierra de Pallares, para los que no existen licencias por parte del Ayuntamiento de Táliga, según nos han informado desde esta administración.

Además de no haberse solicitado estos permisos, que en cualquier caso deberían ser denegados, como en el caso del Ayuntamiento de Cáceres porque esa actividad está prohibida en los terrenos, esta Plataforma entiende que se están cometiendo presuntamente irregularidades en el procedimiento, y por eso hemos presentado las denuncias correspondientes, para su investigación.

(Vista aérea de la zona minera de Río Tinto. Fuente: Google Earth.)

Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a todas las administraciones locales implicadas, y a los propietarios de las fincas que pueden ser objeto de los sondeos en estas zonas protegidas, para que lo tengan en cuenta, y den a conocer la situación, si se produce, tanto a su Ayuntamiento, como a esta asociación, que lo único que pretende es defender los derechos de todos, y evitar que nuestro paisaje PROTEGIDO POR LEY, se convierta en un nuevo paisaje marciano como el de la zona de Río Tinto, destruyendo nuestras formas de ganarnos la vida de manera tradicional y cuidando del medio que nos rodea como han hecho nuestros antepasados de forma magistral.

(Zonas pretendidas por la multinacional para su ampliación. Fuente atalayamining.com)