Verdes de Europa-Tarifa apela al Defensor del Pueblo europeo su intervención ante una contestación incoherente y esquiva por parte de la CE relacionada con el Plan Parcial de San Bernabé-Algeciras

Tarifa, 27.03.2025 Los Verdes de Europa-Tarifa, manifiestan su indignación ante la respuesta a una denuncia realizada ante la Comisión Europea por falta de Seguridad y Publicidad, Principio asentado de los Estados de derecho que componen la UE, y, en la Constitución Española, en su artículo 9.3. relacionado con el Plan Parcial de San Bernabé cuya Evaluación ambiental fue en el año 2017.

Manifiesta este grupo político fuera del Ayuntamiento de Tarifa que, ha habido una acumulación de hechos que contradicen el Principio fundamental de derecho.

Todo comienza con la falta de publicación en Boletín Oficial de los Planos del Plan de Ordenación urbana. Sigue con una Evaluación de impacto cuya Resolución ambiental debió ser publicada en el plazo de 15 días en el BOJA.

Se agrega que en febrero del 2023 el Registro de la Propiedad indicaba que no consta la Certificación urbanística ( Página 37).

En abril 2023 el Colectivo Ornitológico Cigueña Negra (COCN) indicaba en una de tantas alegaciones a este Plan ante el Ayuntamiento de Algeciras , que se había producido la caducidad de la Evaluación ambiental ( 4 años ), a lo cual las administraciones hicieron caso omiso.

En mayo del 2023 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmaba que el Informe de Impacto ambiental por el que se determina si un proyecto debe o no someterse a la Evaluación de tal impacto puede ser objeto de recurso, en contra de lo que establece la ley española.

Manifiesta la portavoz del grupo verde político fuera del Ayuntamiento de Tarifa y miembro del COCN Rosmarie Hennecke, que entiende truncado el derecho a una buena administración por parte de la propia Comisión considerada como la “Guardiana de los Tratados” y el brazo ejecutivo de la UE, ya que no solo ha tardado más de la cuenta en aportar una respuesta al fondo de la cuestión (desde agosto 2024), sino que directamente, deja de lado la denuncia relacionada a la falta de publicaciones oficiales en el BOJA por parte de la Consejería, la falta de Seguridad y publicación jurídica, se desentiende de la caducidad del Estudio de Impacto y de la Sentencia del TJUE relacionada con la mala trasposición de la directiva europea que señala la realización de un Recurso ante la propia Evaluación de Impacto ambiental.

El grupo político Verde señala que, si se puede realizar un Recurso de Revisión de Oficio anclado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 106 es incomprensible que sea inadmitido por la Consejería, a menos que sigan primando los intereses especulativos ante los medioambientales y los derechos humanos. Por otro lado no es de extrañar que el propio país, miembro integrante de la administración de la UE, o sea, de la Comisión Europea, intenta proteger sus intereses, que, insisten son contrarios a los intereses ciudadanos.