El juzgado cita a declarar al diputado Alfonso Candón como investigado en el caso de corrupción de Apemsa

Esta citación desmiente una vez más al Partido Popular, que ha venido defendiendo, como acostumbra a hacer con sus imputados, la actuación de Candón, asegurando además que no está imputado. Pero Alfonso Candón está investigado, que es como actualmente se denomina la antigua figura del imputado, y debe presentar inmediatamente su dimisión. En primer lugar, porque la ciudadanía no está dispuesta a que la representen personas sobre las que pesan graves acusaciones por corrupción, y también en cumplimiento del pacto de investidura de Mariano Rajoy, suscrito entre el PP y Ciudadanos, y que en su punto 93 estipula: «El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial».

Alfonso Candón fue denunciado por la Fiscalía en 2014 por el caso Apemsa, a raíz de una denuncia de la plataforma Apemsa No Se Vende, de la que forma parte Ecologistas en Acción, por haberse aprobado en su consejo de administración contratos y prórrogas de concesiones sin concurso público (valoradas en 32 millones de euros) a favor de Aqualia-FCC, siendo Candón concejal y consejero de esta empresa, que entonces era municipal y que se terminó semiprivatizando a favor de Aqualia-FCC cuando Candón ya era alcalde. FCC aparece en los ya famosos papeles de Bárcenas como “donante”. Todo el proceso judicial parece indicar que estos ingresos fueron presuntamente a engrosar la caja B del PP.

En esta causa también están imputados el ex alcalde Enrique Moresco, el ex consejero delegado de Apemsa Daniel Pérez Lorenzo, el ex director gerente Juan Campos y todos los consejeros que votaron a favor de estos contratos y prórrogas ilegales. Candón ha obstaculizado las diligencias previas, invocando su condición de diputado aforado, mientras sus compañeros de imputación han intentado infructuosamente hasta tres veces el archivo de la causa, argumentando precisamente esta dilación y amparándose en la nueva ley de enjuiciamiento criminal aprobada por el PP, y por tanto por Candón, que acortó los plazos de instrucción para provocar el archivo de los casos de corrupción.

Ecologistas en Acción no entiende el silencio de Ciudadanos ante este caso de corrupción que afecta a un diputado nacional, que se mantiene en el cargo en manifiesto incumplimiento de su acuerdo de «regeneración democrática» con el PP.  Al PP no le queda otra opción que exigir su cese inmediato.