Alianza por la Solidaridad reclama un pacto de estado contra la violencia de género con medidas para las mujeres migrantes

Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra el domingo 28, Alianza por la Solidaridad se suma a la petición de un Pacto de Estado contra la violencia de género, en el que considera fundamental que se incluyan medidas de apoyo especiales para las mujeres que han migrado y las refugiadas, dada su situación de vulnerabilidad.

Alianza por la Solidaridad, que trabaja con asociaciones y colectivos de personas migrantes en España y en sus países de origen, denuncia que en pleno siglo XXI no existen una garantía universal de salud ni derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, que representan más del 50% de la población, situación que afecta muy especialmente a las mujeres migrantes. Este colectivo carga “mochilas de violencia” generadas en los países de origen, mantenidas durante los años de tránsito o viaje hacia Europa y perpetuadas en el lugar de destino, en este caso España.

Los datos recogidos en un informe realizado en centros de atención primaria, reflejan que las mujeres migrantes tienen un mayor índice de riesgo de ser víctimas de violencia de género que las españolas: un 65% de las mujeres extranjeras encuestadas había sufrido algún tipo de maltrato alguna vez en la vida, frente a un 30% de las nacidas en España. Asimismo, de los 62 feminicidios que tuvieron lugar en España en 2015, en 23 las víctimas fueron extranjeras (un 37,09%). Es decir, las mujeres migrantes, tienen cuatro veces más posibilidades de morir en un feminicidio que las mujeres españolas, en relación al porcentaje que suponen de la población (el 9,5% en 2016).

Por el contrario, se constata también que las mujeres nacidas en el extranjero acceden en menor medida a los servicios sociales o sanitarios destinados a las víctimas de violencia de género: un 40,2% frente al 46,2% de las nacidas en España. Destaca la situación de las inmigrantes en situación irregular es especialmente precaria, como refleja el informe realizado por diversas ONG, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad, dado que se prioriza el control migratorio frente a sus derechos.  Así, pese a que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 protege teóricamente a todas las mujeres en el territorio nacional, sean o no ciudadanas reconocidas oficialmente, muchas mujeres tienen dificultades para acceder a garantías legales, y el miedo a la expulsión hace que eviten denunciar (incluso aconsejadas por sus abogados).

Cabe recordar que el Real Decreto de Ley 16/2012 supuso la retirada de tarjeta y asistencia sanitaria a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, lo que supone de hecho su exclusión de los servicios públicos de salud en la mayoría de las comunidades autónomas. Alianza por la Solidaridad denuncia que, ante esta situación, muchas de las que quieren interrumpir su embarazo acaban acudiendo a centros clandestinos o a técnicas peligrosas. El ámbito privado de algunos empleos, como el de las trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales, invisibiliza y agrava su discriminación.

Por todo ello, desde Alianza por la Solidaridad se considera fundamental tomar medidas para lograr la plena salud de las mujeres, sin violencias y ni discriminaciones por razón de su origen, teniendo en cuenta las condiciones concretas de un colectivo como son las mujeres migrantes. 

Con motivo de este DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES, Alianza por la Solidaridad solicita:

• La puesta en marcha de un Pacto de Estado y leyes integrales que luchen contra todas las formas de violencia de género (física, psicológica, institucional, etc.), dotando a todas estas normativas de recursos y medios para su implementación real en todos los territorios y  para todas las mujeres.
• La eliminación de todas las formas de discriminación y dificultades en el acceso a servicios sociales, sanitarios o jurídicos y al ejercicio de derechos de las mujeres migradas independientemente de su situación administrativa.
• Programas de educación y sensibilización de ciudadanía sobre la problemática de la violencia y la especial situación de discriminación de determinados grupos como son las mujeres migradas.
• La adopción de las mejoras necesarias en las políticas públicas para que garanticen los derechos de las mujeres, atendiendo a los compromisos adquiridos por España al ratificar el Convenio de Estambul. Este convenio garantiza los derechos de toda mujer de ser protegida frente a la violencia de género, a nivel individual, institucional y estructural, con independencia de su situación administrativa. Alianza por la Solidaridad trabaja en España en la defensa y promoción de una ciudadanía activa y crítica por la defensa de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. En esta línea, ha colaborado con las universidades de Sevilla, Granada y Las Palmas de Gran Canaria, ha lanzado campañas de sensibilización social y participado en diferentes iniciativas sobre salud y violencia de género dirigidas a apoyar a las mujeres migrantes en la reivindicación de sus derechos.

Alianza por la Solidaridad presentará la experiencia de la organización en la situación de las mujeres migrantes y violencia de género en la sesión organizada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) sobre la vulnerabilidad durante el proceso migratorio, que tendrá lugar el próximo 7 de junio en Bruselas, en el marco de los Días Europeos de Desarrollo.