Entidades sociales se movilizan ante los recortes de la Junta de Andalucía que dejará en la calle a 150 jóvenes ex tutelados durante el estado de alarma

Sevilla, 28 de mayo de 2020-. Esta mañana 15 activistas de la Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y de la Plataforma Somos Migrantes se han concentrado, frente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, por la decisión de esta Consejería de recortar el número de plazas de los recursos de protección de menores y dejar en la calle, durante el estado de alarma a partir mañana 1 de junio, a unos 150 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad en marzo, sin ofrecer ninguna alternativa ni programas que garanticen la continuidad de sus proyectos vitales.

La concentración ha sido de un máximo de 15 personas por responsabilidad social. No obstante, muchas más han mostrado su apoyo desde sus casas o trabajo dado que queremos cuidar de la población. Incluidos estos menores.

Desde las organizaciones sociales tachamos esta situación como “una barbaridad realizada en plena pandemia, motivando las decisiones por cuestiones presupuestarias” e incluso el propio Defensor del Pueblo ha realizado una queja de oficio pidiendo explicaciones a la Consejera, quien ha dicho que “no quedarán desatendidos los menores en ningún momento”, pero dejando abierta la puerta a que, aunque “ha aumentado la atención a aquellos jóvenes que han cumplido los 18 años, está ya no es su responsabilidad”.

Desde la Plataforma Somos Migrantes y la APDHA Sevilla, condenamos las motivaciones de claro racismo institucional, cuando en pleno desarrollo de la sesión parlamentaria aduce que esto no es un problema de menores, sino de “inmigración”, como si la realidad de miles de vecinos y vecinas que conviven con nosotros, aunque sea de otras procedencias, no fueran competencia suya.

Recordamos a la consejera que los procesos vitales no cambian aunque en un documento indiquen que de un día para otro se pasa a la mayoría de edad. Ninguna institución pública trabaja con seres inertes, sino con personas en proceso. Y este hecho es especialmente claro para las personas en situación de vulnerabilidad, sean del lugar que sean. Si viven aquí, son de aquí.

Condenamos igualmente la actitud de la consejera cuando, siguiendo los dictámenes de la extrema derecha, confronta la necesidad de los andaluces en situación de pandemia a la necesidad de menores y jóvenes, que por ser de origen extranjero, parece dejan de tener interés para la administración pública. Si algo nos ha enseñado la pandemia de COVID19 es precisamente la igualdad en la vulnerabilidad, y la necesidad que hemos tenido de sentir que todos somos imprescindibles en la construcción de la sociedad. Es más, muchos de las personas que son “inmigración” como despectivamente los ha denominado la consejera, son los que hoy están salvando algunos de los sectores económicos que mantienen a Andalucía, de manera formal o informal. En concreto muchos de esos jóvenes que quedarán en la calle son los que se les ha permitido trabajar “porque nos hacían falta”.

Es evidente que la decisión de echar a la calle a los jóvenes que cumplen su mayoría de edad es una decisión de gabinete y que la consejera misma sería incapaz de decirles a la cara directamente a estos jóvenes que deben salir de los centros, exponiendo como excusa su origen extranjero. Los procesos vitales, formativos y laborales no pueden tirarse por tierra de un día para otro. Más que nunca necesitamos poner en el centro a las personas, y no solo los intereses económicos. Es el momento de dar soluciones, y no de crear más problemas. Es el momento de dar oportunidades y no de agrandar las bolsas de pobreza. Es el momento de hacer esfuerzos comunes y no de enfrentar a la población con argumentos fáciles y sin fundamento. Cuando se está intentando dar respuesta con el Ingreso Mínimo Vital para que nadie quede fuera, no se puede al mismo tiempo dejar en la calle a jóvenes que verán imposibilitado la continuidad de su proceso vital.

Aunque su color sea diferente, aunque el acento de su voz sea otro, aunque la falta de un trámite administrativo no le permita acceder a los beneficios sociales, estos jóvenes son ya parte de nuestros barrios, colegios y puestos de trabajo. Son parte nuestra. Y si quedan en la calle, la responsabilidad será, únicamente, de la consejera. Y así lo entiende la mayoría de la población.