Vallina y López (IU) exigen a la CE una solución al “catastrófico” tratamiento del PP a las renovables
Las eurodiputadas de Izquierda Unida Ángela Vallina y Paloma López exigieron ayer a la Comisión Europea una solución al “catastrófico” estado del sector de las energías renovables en España que ha dejado el Gobierno del Partido Popular. Durante la reunión del comité de Peticiones (PETI) que se celebró en el Parlamento Europeo, ambas parlamentarias mostraron todo su respaldo a las 13 quejas presentadas por diferentes asociaciones y ciudadanos de la UE contra las políticas del Ejecutivo, al tiempo que respaldaron el informe elaborado por la Dirección General de Política Interior sobre el estado de la energía solar en la UE.
Vallina, coordinadora del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea en este comité, comenzó su intervención cuestionando la “imparcialidad” de la Comisión Europea, al haber contestado a los peticionarios que no considera que el Gobierno vulnerara la Directiva de renovables en sus decisiones políticas. Algo que tal y como recordó, choca de frente “con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ya condenó a España por no haber hecho sus deberes de la Directiva de eficiencia energética”.
Esto “ha ocurrido en un contexto de puertas giratorias” y con “el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, constantemente bajo sospecha” por “escándalos sobre sus intereses privados”, advirtió. En realidad, lo que está en discusión, dijo Vallina, tiene su origen “en la política que el Partido Popular, con el exministro de Energía, Manuel Soria, al frente, ha estado aplicando”. Así, la eurodiputada se refirió al conocido como impuesto al sol, “un doble impuesto, a la energía de la red y a la energía que los productores de fotovoltaicas”.
Tras advertir de que “esta y otras prácticas ahora se pretenden copiar en otros países europeos, con la complicidad de la Comisión Europea”, criticó que se haya colocado “un sector básico y estratégico bajo las leyes del mercado y del beneficio privado”.
Vallina consideró que las medidas del Gobierno del Partido Popular y la aplicación de la retroactividad en la eliminación de las ayudas “suponen una vulneración a los derechos básicos de los ciudadanos europeos y atenta contra su derecho a la autoproducción y autoconsumo de energía”.
La eurodiputada defendió que la UE debe avanzar “hacia un modelo productivo soberano, democrático y sostenible social y ecológicamente” y que para ello la Comisión Europea debe adoptar medidas que tengan en cuenta “elementos clave” como “la lucha contra la pobreza energética, la democratización de la energía y favorecer una transición energética con respeto a los derechos laborales”.
Por último, y antes de proponer la formación de un grupo de trabajo para hacer seguimiento de todas las peticiones que llegan sobre este tema al Parlamento Europeo, Vallina se refirió al Informe sobre el progreso de las renovables en la UE, elaborado por López como ponente, y que se votará en el pleno de la Eurocámara mañana.
Dicho informe fue aprobado por la comisión de Industria a principios de junio, pero contó con una fuerte oposición del Partido Popular Europeo en todos los aspectos sociales que López incluyó en el documento original.
López se refirió también a la retroactividad de las ayudas, algo que, tal y como refleja en su informe, “ha frenado la implementación de las energías renovables, al crear inseguridad jurídica y una penalización financiera para energías que ya eran competitivas”.
Por ello, la eurodiputada reclamó unos sistemas de apoyo a las renovables “estables”, de manera que se puedan “asegurar objetivos de política industrial”, como la “implantación y mejora de las tecnologías renovables”.
También advirtió que las formas descentralizadas y democráticas de generación eléctrica “están siendo penalizadas” con, por ejemplo, “injustificables recargos como los del autoconsumo”. Esto, dijo, “no es mi opinión personal o la del secretariado de PETI, sino la del propio Parlamento Europeo, “y así va a quedar reflejado mañana”, después de la votación de su informe.
“Lo que hizo España nos parece vergonzoso, como también nos parece vergonzoso que Competencia pueda ampararlo al mismo tiempo que obvia las subvenciones encubiertas a las compañías hidroeléctricas, a las nucleares, y las de ciclos combinados. Esto solamente beneficia al oligopolio”, sentenció.