Greenpeace teme un rescate encubierto del Gobierno con dinero público para las térmicas de carbón y las nucleares

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, recibirá mañana en el Ministerio de Energía a Greenpeace, después de que la organización ecologista solicitara una reunión, para pedir explicaciones por las declaraciones del ministro Nadal en las que rechazaba la intención de Endesa de cerrar dos de sus centrales térmicas de carbón más viejas y contaminantes. 

Las centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) son las primeras en anunciar su cierre debido a que su funcionamiento es incompatible con la normativa europea que obliga a reducir las emisiones contaminantes o a cerrar antes de junio de 2020. La empresa matriz, Enel, ha confirmado que no acometerá ninguna mejora, decisión lógica a criterio de Greenpeace, por lo que las plantas están abocadas a finalizar su actividad. 

Greenpeace preguntará a Navia por los detalles de la normativa que el Gobierno ha anunciado para regular el cierre de las térmicas, ya que ve el peligro de un rescate encubierto al sector eléctrico. A juicio de los ecologistas, si una central debe cumplir una normativa obligatoria, los costes de la adaptación debe soportarlos la compañía que la opera y obtiene beneficios de ella, pero en ningún caso se debe subvencionar esa inversión con dinero público ni de las personas consumidoras. 

“Queremos saber el motivo del giro de 180º en el criterio del Gobierno, que en la Cumbre del Clima de Marrakech decía que ”el carbón lo cerrará el mercado“ y ahora pretende intervenir para mantener abiertas unas centrales inviables económicamente, insoportables ambientalmente e innecesarias para el sistema eléctrico”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. 

Respecto al parque nuclear, tras las declaraciones de las eléctricas sobre las pérdidas de las centrales nucleares y su petición de rebajas impositivas; el ministro rechazó inicialmente la posibilidad de revisar su fiscalidad pero recientemente ha variado su discurso y parece estar dispuesto a cambiar de opinión. A todo ello se suma la modificación de urgencia el pasado mes de la normativa para facilitar una prórroga de las nucleares, la necesidad urgente de la actualización del Plan de Gestión de Residuos Nucleares ya que no está asegurada la financiación de los desechos radiactivos y el vencimiento del plazo que se dio el Ministerio para tomar una decisión sobre Garoña. 

“Mantener en funcionamiento las plantas nucleares significa más riesgos para la sociedad, más costes para la ciudadanía (que paga la gestión de sus residuos), más dinero para las empresas, que verían como rentable un negocio que no lo es, y una oportunidad perdida para incrementar la inversión en renovables”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. 

La normativa europea, actualmente en discusión en el marco del “paquete de energía limpia para todos” propuesto por la Comisión Europea (CE), supone establecer criterios más restrictivos para las ayudas a las eléctricas, bajo los llamados “mecanismos de capacidad”. Mientras el Gobierno español quiere seguir con las manos libres para conceder esas oscuras ayudas, Greenpeace defiende una total transparencia y que sea la CE la que autorice dichos pagos y solo cuando se demuestre que son estrictamente necesarios para el funcionamiento técnico del sistema. 

Otro de los puntos donde Greenpeace discrepa del Gobierno español en el “Paquete de energía limpia para todos” es sobre los objetivos de renovables. Desde el Parlamento Europeo se ha propuesto elevar el objetivo para que hasta un 45% de la energía final en Europa proceda de renovables en 2030, pero el Ejecutivo de Rajoy lo rechaza con la excusa de las débiles interconexiones eléctricas de España con los países vecinos. 

Greenpeace presentará al secretario de Estado los estudios que demuestran que, incluso si no hubiera interconexiones, para España sería viable y muy favorable económicamente alcanzar un sistema 100% renovable. Para la organización ecologista, supeditar la ambición de la lucha contra el cambio climático al nivel de interconexiones es una decisión irresponsable que retrasa, entorpece y encarece la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Del mismo modo que lo es entorpecer la participación ciudadana en la transición energética. Greenpeace recuerda que, para que esta transición ocurra lo suficientemente rápido como para salvar el clima, deberán sumarse millones de personas produciendo e intercambiando energía limpia. 

Greenpeace también presentará a Navia sus propuestas para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y le pedirá claridad sobre el proceso de elaboración y discusión de la ley y del Plan Nacional Integrado de Cambio Climático y Energía, que todos los países europeos deben presentar ante la CE. Greenpeace propone que el proceso de consultas se canalice a través de los órganos ya existentes: Consejo Nacional del Clima y Consejos consultivos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

“La representación de todos los sectores sociales ya está regulada en los organismos consultivos existentes, por lo que no hay que inventarse otros que podrían suscitar dudas sobre su representatividad. Lo que hay que hacer es asegurar que todos podamos defender nuestras propuestas y que el Gobierno justifique cuáles recoge y por qué”, ha declarado finalmente José Luis García Ortega, responsable del programa de cambio climático y energía de Greenpeace.