El PCA plantea modificaciones a la PAC y sanciones a empresas para evitar el abuso laboral en el campo andaluz

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha exigido hoy propuestas concretas e inmediatas ante a la reunión de la Comisión Nacional Tripartita sobre Flujos Migratorios, que en el día de hoy, además de abordar las previsiones de contratación de trabajadores y trabajadoras extranjeras, se tratarán los abusos en los campos de frutos rojos de Huelva. El PCA ha exigido “acciones inmediatas” ante hechos e informaciones “muy graves” que se han conocido en recogida de frutos rojos que apuntan a presuntos abusos tanto laborales como sexuales en el campo onubense.

En una nota de prensa, la responsable del Área Feminista del PCA, Elena Cortés, ha trasladado la preocupación del PCA con la posición que finalmente adopte la Comisión Nacional Tripartita porque, a día de hoy existe, “opacidad de las empresas y gobiernos que median e intervienen en la contratación de las mujeres migrantes en los países de origen”.

El PCA entiende que se están usando criterios de selección “propios de las redes de trata de personas con fines de explotación” que junto a “las coacciones personales y económicas para garantizar la inclusión de las trabajadoras en los contingentes” nos lleva a un modelo que “que viola y atenta contra de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos laborales y lo hace en complicidad con redes criminales”.

Propuestas

Ante esta situación, el PCA exige el cumplimiento de las leyes laborales, de igualdad y contra la violencia de género, “habida cuenta de la situación de desigualdad absoluta en la que viven y trabajan decenas de miles de mujeres migrantes” durante varios meses al año en la agricultura andaluza.

Asimismo, Cortés señala que deben abordarse “cambios en los criterios de selección de las trabajadoras y en las condiciones de vida y de trabajo a lo largo de su periodo de trabajo” y para ello ha exigido el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres.

La responsable del Área Feminista del PCA apunta a la necesaria exigencia que debe hacerse a los gobiernos de los países de origen para que apliquen los mismos criterios de contratación que en España; así como una absoluta transparencia en todo el proceso.

Por último, Cortés ha pedido “sanciones” a empresas “cuyas prácticas sean caracterizadas por nuestro ordenamiento jurídico como redes de trata con fines de explotación”.

Convenio del campo

Más allá de estas cuestiones, desde el PCA se muestra preocupación por la situación del convenio del campo y la situación de los trabajadores y trabajadoras sujetas al régimen agrario toda vez que, a día de hoy, existe “un incumplimiento reiterado del convenio por parte de muchas empresas y actividades fraudulentas de algunas de estas empresas”.

Así, el secretario político del PCA en Huelva, Rafael Sánchez Velo, apunta a la existencia de “fraude en la contratación, trato discriminatorio hacia las trabajadoras y oscurantismo en cuanto a la situación de las mismas”.

Según ha explica Sánchez Velo, el sector del campo hoy se caracteriza en Andalucía y en Huelva “por los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la práctica imposibilidad de representación sindical en la mayoría de los casos y, por tanto, por la ausencia de defensa colectiva de los derechos”.

Con todo ello, Sánchez Velo señala que los debates y las decisiones de la Comisión Nacional Tripartita sobre Flujos Migratorios “son fundamentales para aportar soluciones” y, por tanto, “esperamos que supongan un antes y un después para poner fin a la sobre explotación de los trabajadores y trabajadoras del campo”.

Política Agraria Común

Otra propuesta que el PCA eleva para la mejora de la situación del campo andaluz pasa por la exclusión en las ayudas Política Agraria Común (PAC) de aquellas empresas en las que se han dado y se dan abusos e irregularidades, sean sexuales, de derechos humanos y/o laborales, “con independencia de que se hayan dado por falta de control o con conocimiento de los hechos, siempre y cuando exista sentencia judicial firme o sanción por parte de la inspección de trabajo en ese mismo sentido”.

Asimismo el PCA propone “dotar de recursos suficientes a la inspección de trabajo para cumplir su labor e impulsar la puesta en marcha y mantenimiento de campañas de inspección específicas en el sector agrario”. Todo ello, con el objetivo principal de establecer “control y seguimiento de los derechos de los y las trabajadoras por parte de las empresas de trabajo temporal y empresas de servicios agrícolas”, así como el cumplimiento del Convenio Colectivo del Campo.

Por último, el PCA señala la necesidad de modificar la legislación del Régimen de Trabajo Agrario, “a fin de posibilitar un sistema de contratación igual que el del resto de sectores productivos”, así como “la modificación de la normativa electoral sindical para que los trabajadores eventuales del régimen agrario puedan votar y ser elegidos y elegidas como delegadas sindicales”.