Podemos Andalucía cierra el periodo de sesiones con 2.000 iniciativas y nueve leyes presentadas

La actividad legislativa del grupo parlamentario Podemos Andalucía supera a la del Consejo de Gobierno

La presidenta del grupo parlamentario Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, ha destacado hoy la capacidad de «aprendizaje» y «diálogo» mostrada por esta formación desde su llegada al Parlamento andaluz en el mes de abril de 2015. La dirigente ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de balance del periodo de sesiones que concluye con el Pleno de mañana 28 de julio.

Podemos cierra el curso político siendo segunda fuerza con mayor número de iniciativas registradas (1.984) y la primera en número de leyes presentadas (9), superando en actividad legislativa a todos los grupos del Parlamento de Andalucía e incluso al Consejo de Gobierno, que sólo ha aportado siete leyes en lo que va de legislatura. Las leyes de Podemos aspiran a «recuperar los pactos del 28F que el PSOE ha roto con políticas de austeridad» y han sido elaboradas mano a mano con los colectivos afectados, según ha destacado Lizárraga en su intervención.

Asimismo, la parlamentaria andaluza ha avanzado que Podemos seguirá «poniendo el foco en lo importante y en las necesidades que tiene Andalucía», y ha asegurado que el trabajo de su grupo funciona como «revulsivo» del Gobierno andaluz. El hecho de que el PSOE se preocupe de aportar «soluciones a medio gas» a los problemas que señala Podemos Andalucía es indicativo, en opinión de Lizárraga, de que «el norte político del Gobierno está donde lo pone Podemos», algo que ha ocurrido con casos como la atención temprana, la emergencia habitacional o el plan para retirar el amianto de los centros escolares -problemáticas inicialmente negadas por el PSOE pero que finalmente han sido abordadas con medidas desde el Gobierno-.

Diálogo parlamentario

Para Carmen Lizárraga, Podemos Andalucía ha realizado en este periodo de sesiones un «tránsito de aprendizaje necesario» que ha permitido lograr «importantes consensos» y construir mayorías parlamentarias para sacar adelante multitud de iniciativas en comisiones y plenos, si bien el mayor exponente de esta evolución ha sido la Ley de Regulación de Senderos de Andalucía, cuya admisión a trámite contó con el visto bueno de todas las fuerzas políticas a excepción de PSOE-A. En este sentido, ha pedido al partido en el gobierno que «abandone el NO y acepte la situación de pluralidad política», instándolo a trabajar en la apertura de nuevas líneas de colaboración con el objetivo de poner fin a las políticas de austeridad. «Entiendo que debe ser difícil para el PSOE, que lleva 35 años instalado en la comodidad del bipartidismo, pero el gobierno y su grupo parlamentario deben adaptarse de una vez, dejar de vernos como rivales y entender que el diálogo es necesario si queremos dar solución a los problemas de los andaluces», ha afirmado.

El Gobierno ‘necesita mejorar’

En lo que se refiere a la labor del Ejecutivo de Susana Díaz, Lizárraga considera que el Gobierno «necesita mejorar», dado que «carece de un proyecto político y económico para Andalucía», y ha denunciado que ninguna de las medidas que presenta Susana Díaz está teniendo efecto sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía como son el paro, la pobreza y la corrupción.

Asimismo, desde Podemos Andalucía se ha criticado la política de «espejismos» desarrollada por el Consejo de Gobierno -«más centrada en obtener titulares a través de anuncios vacíos que en poner soluciones»- y ha calificado como «desfasadas, erráticas o alejadas de la mayoría social» las iniciativas impulsadas desde el ejecutivo andaluz.

Como ejemplos de anuncios que nunca llegaron a convertirse en realidad, la parlamentaria ha enumerado un total de 13 compromisos adquiridos por Susana Díaz a los que tendría que haber dado cumplimiento en este periodo de sesiones pero que «se han desvanecido», entre los que se incluyen la Oficina Anticorrupción, la Ley de Retracto, el Plan de Vivienda, la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario, la Ley de Agricultura o la incorporación de cláusulas sociales a los contratos de la administración autonómica.