El 90% de los encuestados por el CIS cree que en España hay «mucho» o «bastante fraude fiscal» ¿Tienen razón?

El estudio 3290 de Opinión pública y política fiscal publicado ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en base a tres mil entrevistas realizadas entre el 9 y 19 de julio de 2020 muestra unos resultados interesantes respecto a diversas cuestiones relativas a la política fiscal del Gobierno.

Entre las más relevantes destaca la preocupación por el fraude fiscal. Es abrumador el porcentaje de encuestados que conoce esta realidad en nuestro país: 47,8% de los encuestados cree que «existe mucho fraude fiscal» mientras que un 42,1% que «existe bastante fraude fiscal».

Más adelante, el CIS pregunta, entre otros asuntos, por los «efectos que tiene principalmente el fraude fiscal«: el 31,2% coloca el acento en que «crea injusticias, pues unos/as tienen que pagar lo que dejan de pagar otros/as»; el 30,9% piensa que «disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales», mientras que el 14,3% cree que «obliga a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen y pagan correctamente sus impuestos» y el 15,4% opina que «desmotiva a quienes pagan correctamente sus impuestos». Todas esas opiniones son realidades que no se excluyen, por lo que cualquier encuestado podría estar de acuerdo con las cuatro consecuencias que provoca la evasión de impuestos y el fraude fiscal en la cuestión formulada por el CIS. Hay un consenso en los efectos perniciosos, pues solo el 1,3% cree que «en general, el fraude fiscal no tiene unos efectos realmente importantes».

Aunque el CIS no llega a preguntar sobre quienes son los principales responsables de ese fraude fiscal en relación al nivel de renta de quien defrauda, sí recoge que casi la mitad de los encuestados (47,7%) piensa que la «Administración hace pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal» (13% muy pocos). También es significativo que el 77% crea que los impuestos no se cobran con justicia (que pagan más quienes más tienen). Al margen de las citadas, hay otras muchas conclusiones interesantes que pueden consultarse en el estudio del CIS del mes de junio (en el documento PDF adjunto).

¿Tienen razón los encuestados?

Más allá de la opinión de los españoles, el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, que probablemente sea el colectivo social que mejor puede informar sobre todo lo relativo a los impuestos que pagamos o dejamos de pagar, avisó a principios de julio de una «impunidad fiscal próxima al 80%», colocando el foco en las grandes fortunas y multinacionales (justo la respuesta a la pregunta que no llegó a aparecer en este CIS). No es la primera vez -ni será la última- que Gestha alerta y denuncia el agujero por el que se escapa una parte gigantesca de la recaudación fiscal: » la tasa de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80%, después de la publicación de los datos de recaudación de la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria en 2019 alcanzó los 15.714 millones de euros, por encima de los 15.664 millones de 2015, lo que supone superar la «atonía» de los últimos tres años». 

El sindicato de técnicos pide desplazar la investigación a grandes fortunas y multinacionales y una «ambiciosa» Ley de Lucha contra el Fraude para recaudar 34.500 millones de euros adicionales al año. Señalan que esta tasa de impunidad tan elevada indica que la propensión a defraudar continúa siendo «muy alta», por lo que Gestha prevé para los próximos meses una aceleración de la tasa aumento de la economía sumergida, como suele ocurrir en los periodos de crisis, aunque su volumen disminuya en términos absolutos, precisamente debido a la actual recesión.

La cantidad estimada (34.500 millones de euros) supera, por ejemplo, el gasto anual dedicado al pago de  deuda pública  (3 2 mil millones en 2018), multiplica casi por dos la partida destinada a subsidios por desempleo (18 mil millones), por cuatro el gasto en Defensa (algo más de 8 mil mil lones) o por más de doce el presupuesto destinado anualmente a investigación y desarrollo.  

En cualquier caso, los técnicos aseguran que es una «buena señal» que la mejoría de los resultados en la lucha contra el fraude sea fruto, en parte, de haber desplazado la inspección y las actuaciones de control hacia las grandes fortunas y multinacionales.

Por ello, instan al Gobierno a enviar al Congreso un «ambicioso» proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que incluya un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para intensificar el control tributario de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas.

Otras medidas necesarias serían, a su juicio, la elaboración por expertos independientes de una evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal y el establecimiento de unos objetivos irrenunciables de reducción de la economía sumergida.

También consideran necesaria la coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas para compartir las mejores prácticas y detectar los focos de fraude y elusión; la creación de una base de datos fiscales única o la limitación en el uso del dinero en efectivo.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en esta época, de dificultades económicas para los pequeños negocios, «la AEAT debe centrar la investigación hacia las grandes fortunas y multinacionales que puedan estar evadiendo el pago de impuestos, de forma muy insolidaria ahora que se necesitan ingresos para garantizar las ayudas públicas a personas, empresas y sectores económicos».

* Con información de Agencias.