Agotadas todas las vías judiciales y administrativas tras desestimar un juez la demanda de la Junta de Andalucía contra la multinacional responsable del vertido de Aznalcóllar
La Junta de Andalucía había acudido a diversa normativa pero ninguna se ha visto amparada por la sentencia. “No resulta una obligación de restauración o reposición como la postulada en la demanda”, zanja el juzgado en alusión a la Ley de Minas vigente entonces. En concreto, y a ese respecto, “no se observa que haya quedado suficientemente justificado que el art. 81 de la Ley de Minas, en el sentido y con el alcance postulado en la demanda, pueda sustentar jurídicamente la acción ejercitada”.
El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha dictado este viernes la sentencia por la que desestima la demanda de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden Apirsa en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
La sentencia condena en costas a la Administración andaluza. La resolución no es firme y cabe contra ella un recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia número once en el plazo de 20 días siguientes a la notificación a las partes. «Debe ser desestimada al no apreciarse que la acción ejercitada pueda sustentarse en la normativa y doctrinas invocadas», argumenta la Justicia.
Las actuaciones desarrolladas por la Junta como consecuencia del desastre de Aznalcóllar por el que pedía 90 millones a la multinacional minera sueca están relacionadas con la retirada de los lodos (7.000 millones de litros de material contaminado, con un coste de 46,9 millones de euros); depuración de las aguas de Entremuros (14,460 millones); control de la calidad ambiental (2,4 millones); investigación científica (5,2 millones); restauración ecológica de la zona afectada (16,5 millones); asistencias técnicas y actividades complementarias (2,93 millones) y control sanitario (2,065 millones).
*Con información de Agencias.
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