«El colegio concertado Juan Pablo II promueve el racismo y la homofobia»

Ante la carta homófoba y racista que el colegio Juan Pablo II de Alcorcón ha enviado a las familias, que tienen allí matriculados a sus hijos el grupo Ganar Alcorcón, queremos dejar clara nuestra total repulsa a dicho contenido, la intencionalidad y la filosofía pedagógica que lo ampara. Ya que vulnera no solo los principios democráticos en los que debe establecerse la educación de alumnos y alumnas sino que atenta contra los derechos constitucionales en sus principios más básicos e imprescindibles.

La carta de bienvenida del Colegio Juan Pablo II viene enmarcada en un contexto de incitación a la homofobia desde el Alcalde de Alcorcón, David Pérez. Así, este se ausentó premeditadamente de la votación de la Ley Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Genero en la Asamblea de Madrid por motivos ideológicos, ley mencionada en la carta de dicho colegio concertado.

Es el sentido de los derechos constitucionales en el que exigimos, por una parte a la Comunidad de Madrid, que no establezca ningún concierto que sirva para pagar con dinero público este centro ni ningún otro que enarbole prácticas antidemocráticas. Porque aunque la LOMCE justifique la libre elección de centro el primer marco legal en el que debe moverse es el de la Constitución. También  exigimos a la Comunidad de Madrid que emprenda las acciones legales oportunas para responsabilizar de dicha actuación al colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Y por otra parte, exigimos al Gobierno Municipal que muestre su repulsa a la carta enviada por este colegio concertado a las familias, que exija una rectificación pública al mismo y que anule y evite, en lo sucesivo, cualquier convenio con este centro que pagamos con dinero público en sus enseñanzas obligatorias; como el convenio establecido por David Pérez con este centro concertado para la realización de las prácticas de FP en diferentes especialidades en el Ayuntamiento de Alcorcón. Mientras tanto la Administración Educativa muestra su desprecio con la FP en los institutos públicos. Y, exigimos que el equipo de gobierno se comprometa a defender auténticamente la libre elección de centro, máxime cuando hubo familias que en este curso no se les concedió la posibilidad de matricular a sus hijos en centros públicos y se les derivó al dicho colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón.

Arcópoli exige a la Comunidad de Madrid la revisión del concierto educativo del Colegio Juan Pablo II de AlcorcónEl director del Colegio envió una carta a su alumnado criticando duramente la ley LGTB de la Comunidad de Madrid a la que compara con el “fanatismo terrorista” y les envió la homilía de los obispos contra la ley a la que considera “barbaridad”  y califica como “este nuevo mal”.

Arcópoli exige a la Comunidad de Madrid que revise el concierto educativo que tiene con el Colegio Juan Pablo II de la ciudad de Alcorcón debido a las informaciones que nos han ido llegando a través de sus alumnos. Según la documentación facilitada, el director del colegio envió una carta firmada a todos los estudiantes para incitarles a no cumplir la ley aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid y poder evitar “la ideología de género” afirmando que la ley “conculca los derechos fundamentales”.

Arcópoli ha intentado varias veces reunirse con la Secretaría del Centro Educativo para poder ver cómo ir implantando la ley así como debatir sobre la opinión sesgada con la que tratan de adoctrinar a sus alumnos, pero nadie del Colegio ha respondido a nuestra invitación. También nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para expresar nuestra preocupación ante la situación del alumnado LGTB en este centro sufragado con dinero público, ya que, supuestamente, según alumnos que se han puesto en contacto con Arcópoli, el único mensaje que se transmite acerca del colectivo LGTB es que “la homosexualidad es una enfermedad” y que “es posible curar a los homosexuales”.

Desde Arcópoli creemos que la libertad de enseñanza no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad. La libertad religiosa no permite que cualquier religión pueda adoctrinar en sus colegios a sus estudiantes en contra de la Constitución, de la Organización Mundial de la Salud y de las leyes emanadas de los Parlamentos. Preocupante precedente tendríamos si permitiésemos a una religión adoctrinar en los colegios en contra de las leyes españolas.

Creemos que en España no deben caber los centros educativos sufragados con fondos públicos donde se adoctrine a menores de edad afirmando que determinadas leyes españolas parecen “fanatismo terrorista”porque clamen por la igualdad para homosexuales, transexuales y bisexuales. La libertad religiosa no debe permitir vulnerar el derecho a la igualdad ni a la libertad, seguir infundiendo mentiras y prejuicios sobre la orientación sexual en pleno s.XXI a menores de edad en el momento clave de su desarrollo personal, solo conlleva mayor sufrimiento a los adolescentes LGTB, de los cuales un 43% ha llegado a pensar en el suicidio como una opción.

La ley LGTB de la Comunidad de Madrid reivindica el derecho a la integridad psíquica, en todas las fases de su vida y los ámbitos de actuación así como defiende el reconocimiento de la personalidad incluido el derecho de la persona a construir una autodefinición con respecto a la orientación sexual. Esto se ve claramente vulnerado en este centro educativo de la CAM. Según esta ley, la Consejería de educación favorecerá la realización de actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI y exigimos a esta Consejería que así lo haga y si no se cumple, se retire el concierto educativo, por vulneración de la ley LGTB.

Yago Blando, Coordinador de Arcópoli, exige que la Consejería de Educación se implique y exija a este colegio que desafía las leyes, la realización de acciones de respeto hacia el colectivo LGTB en el centro para salvaguardar su dignidad y la igualdad de todos los alumnos: “es inadmisible que hoy en día se afirme que educar en igualdad y tratar de eliminar prejuicios homófobos sea tachado como “fanatismo terrorista” y sufragado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid”.