«La ministra de Educación deberá afrontar en este curso, que se ha iniciado con más aulas cerradas de las debidas, retos fundamentales para el sistema educativo»

El curso 2021/22, después de dos cursos que se han visto alterados por el efecto de la pandemia, se ha iniciado con una incidencia desigual de los contagios, en las aulas de los centros de enseñanza no universitaria. Mientras en Secundaria y Formación Profesional, la normalidad es la tónica dominante y apenas unos pocos contagios no han incidido en el desarrollo de las clases, en Infantil y Primaria las interrupciones debido al confinamiento de aulas, están siendo más de las deseadas. Con fecha 25 de septiembre había, al menos, 490 aulas cerradas. Cifra que se eleva a más de un millar, si contabilizamos todas las clases que se han tenido que confinar desde el inicio de curso. En apenas tres semanas de actividad lectiva, más de 30.000 alumnas y alumnos han visto como se interrumpía la presencialidad de la enseñanza debido a contagios. Aún siendo un porcentaje pequeño de la totalidad del alumnado, es una cifra que no debiéramos permitirnos en tan poco tiempo.

Parece evidente que la vacunación está en el origen de la diferente incidencia en este inicio de curso, entre el alumnado menor de 12 años y los mayores. Pero también debemos responsabilizar a la Conferencia Sectorial de Educación que este verano aprobó la reducción del espacio de separación de 1,5 metros a 1,2, lo que se ha traducido en una menor contratación de profesorado por parte de algunas Comunidades Autónomas y, por consiguiente, en un aumento de ratios, es decir mayor número de alumnas y alumnos por clase.

El hecho de que los 13.500 millones de euros que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas este mes de septiembre, no figurase expresamente una cantidad para educación, ha permitido que alguna Autonomía siga teniendo a la educación como la última de sus preocupaciones. En cualquier caso, que menos del 10% de esa cantidad se haya dedicado a la renovación de los contratos de refuerzo COVID, no habla precisamente de que -en general- la educación tenga el carácter prioritario que sería deseable. El propio Ministerio tampoco predica con el ejemplo, cuando en su único ámbito de actuación dentro de territorio español, en Ceuta y Melilla, mantiene aulas con hasta 34 alumnas y alumnos, sin respeto alguno por la distancia de separación requerida.

Por otra parte, este nuevo curso se ha iniciado con 26.000 nuevos funcionarios de carrera (actualmente funcionarios en prácticas). Casi 3.000 de las plazas convocadas en las oposiciones docentes de este año, se han quedado sin cubrir, lo que hace que el índice de interinidad en este nuevo curso se haya modificado muy ligeramente a la baja situándose en el 27%.

CURSO 2021/22: PROBLEMAS QUE DEBE AFRONTAR EL MINISTERIO.

La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría se enfrenta en este curso a distintas problemáticas a las que deberá dar respuesta: la primera de ellas se alarga desde hace años en el tiempo sin tener una solución definitiva. Es el caso del personal interino que, el pasado sábado volvió a salir a la calle, junto otros empleados temporales de las administraciones públicas para demandar estabilidad laboral a su situación. Las oposiciones no están siendo la solución definitiva para bajar el alto porcentaje de interinidad. Desde el año 2.018 se han convocado cerca de 90.000 plazas docentes (89.358 sumando las ofertadas en las oposiciones de estos cuatro años) y el porcentaje de interinas e interinos en nuestras aulas apenas ha variado. Es cierto que la pandemia ha contribuido a que la solución no esté cerca. Pero más allá de circunstancias temporales, se necesita algo más que pueda dar un empujón definitivo al compromiso de España con la Unión Europea de rebajar el índice de interinidad al 8% para el año 2.024 y esa respuesta no puede ser otra que la aplicación del artículo 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que permite la aplicación de un Concurso de Méritos restringido al personal que lleva años en esta situación de temporalidad.

Es cierto, que esta aplicación solo será posible si previamente en su trámite parlamentario el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, actualmente en el Congreso de los Diputados, así lo establece. Por eso desde la Confederación de STEs-i, demandamos al gobierno de España que consensue con otras fuerzas parlamentarias esta adecuación legislativa para hacer posible su aplicación en educación.

La ley de Formación Profesional es otro de los grandes asuntos para este curso. La Sra. Celaá ha dejado como herencia la LOMLOE y el anteproyecto de ley de la FP. En ambas leyes se dibuja un panorama confuso e injusto entre el profesorado de este tipo de enseñanzas, que la actual ministra debe resolver. No puede ser que quienes imparten el mismo tipo de enseñanzas y en los mismos centros educativos pertenezcan a tres cuerpos de enseñanza distintos. No puede ser que 9 meses después de la aprobación de la “ley Celaá” ni uno solo del profesorado técnico de FP haya podido acceder al subgrupo A1, a pesar de lo que establece la disposición adicional undécima de la LOMLOE. Además, esta ley debe obedecer a los intereses de formación y empleabilidad del alumnado y no a los intereses de las empresas.

Por último, si no hay un relanzamiento del diálogo con la comunidad educativa, la credibilidad de la propia ministra y las posibilidades de avance educativo, van a quedar seriamente mermadas. El currículo educativo, el decreto de evaluación, la nueva forma de acceso a la función pública docente, el estatuto docente, el desarrollo del ciclo educativo 0-3 años, etc. son temas de vital importancia que deberán contar con la participación y el consenso de la comunidad educativa si se quiere alcanzar el éxito que todos deseamos.

Secretariado de la Confederación de STEs-i

28 de septiembre de 2021.