Por Andalucía celebra el fin a la amnistía que Moreno Bonilla iba a conceder a los regadíos ilegales de Doñana

La portavoz adjunta de ‘Por Andalucía’, Esperanza Gómez, ha manifestado este martes, en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, la celebración por parte de su grupo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la nación y la Junta, con respecto a Doñana, un pacto que se lleva a cabo, “no tanto por la voluntad entre ambas partes, sino porque Moreno Bonilla se ha visto obligado a firmar, a la vista de las presiones nacionales e internacionales por su actuación más que irregular”.

“Se pone fin a un despropósito, como amnistiar los regadíos ilegales que durante años, haciendo una competencia desleal a los agricultores y agricultoras que lo hacían bien, estaban esquilmando a los acuíferos de Doñana. Ya avisamos que esta ley no tenía recorrido, que era un engaño a los agricultores de la zona porque no se iba a poder aprobar y si se aprobaba no iba a poder aplicarse, porque la anularían en otras instancias”, destaca Gómez.

De hecho, la parlamentaria señala que ahora hay que desandar un camino, como es la pérdida de prestigio que tanto el fruto rojo de la zona como España, en general, han sufrido porque desde la Unesco, la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europea han visto como una joya natural, no solo no se protegía, sino que se quería aprobar una ley para acabar con ella, amnistiado a personas que habían incumplido la ley durante años.

En cuanto a los documentos del acuerdo redactados por ambas partes, Gobierno estatal y autonómico, la diputada de Por Andalucía ha alabado el detalle con el que desde Moncloa se realiza de la situación que vive Doñana, con inversiones que demuestran que “se está pensando en los próximos 40 años para la zona”. En dicho portafolio se modifica el destino de esos terrenos de regadío y pasarlos a secano o forestal, se habla del turismo sostenible en la zona, de una apuesta real por la transformación de los productos agrícolas. “En definitiva, el detalle del documento estatal da tranquilidad a quienes viven en los 14 municipios de la zona de influencia del Parque Natural”.

Sin embargo, Esperanza Gómez recalca que el documento aportado por el gobierno de Moreno Bonilla, de apenas ocho folios, además de escueto, “es tramposo”, porque, por ejemplo, en infraestructuras hidráulicas, que son fundamentales, no solo en Doñana, “cuelan” la depuradora de El Rompido o de La Antilla, que no se encuentran en la zona de influencia de Doñana. “Depuradoras debe haber en esa zona pero es una falta de seriedad decir que vas a invertir 700 millones, hacer una lista detallada y colar todo lo que puedas. El gobierno de la junta, una vez más, llega tarde, va arrastrando los pies y nos toma el pelo”.

“Se manifiesta algo que ya veníamos advirtiendo, que la protección de Doñana no va en contra del desarrollo económico de la zona, sino todo lo contrario, pero esas oportunidades hay que diversificarlas y no pasan todas por el cultivo de regadío extensivo, como hasta la fecha venía siendo, en una situación de sequía, que va a ser una constantes en nuestra tierra”, señala la profesora de Derecho Constitucional.

Por ello, la portavoz adjunta advierte que su grupo parlamentario va a estar muy vigilante porque “tenemos una administración que ha permitido que se incumplan el Plan Hidrológico, el Plan de la Fresa y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos condenaba por la sobreexplotación de los acuíferos, que, además, la respuesta que daba era amnistiar a los que lo habían hecho mal”.

Moreno Bonilla y su gobierno de los “fallos técnicos”

En otro orden de cosas, Esperanza Gómez ha celebrado la sentencia por la que se anula todo un procedimiento para externalizar, por 200 millones de euros, las pruebas diagnósticas a la sanidad privada, por, según el gobierno autonómico, un “problema técnico”, pero según el Tribunal Económico Administrativo, que controla los contratos de la Junta, por una ilegalidad insubsanable.

“Enésimo problema técnico del gobierno de Moreno Bonilla, recordemos los anteriores con respecto al Bono Joven del Alquiler, la publicación de las listas de espera y la bolsa del SAS, entre otros, demasiados problemas técnicos para ese gobierno del cambio que venía a hacerlo todo bien”, declara la portavoz adjunta.

Asimismo, para la diputada por Sevilla, esta sentencia puede ser una oportunidad para que el gobierno de la Junta de Andalucía se dé cuenta de que debe invertir esos 200 millones en la sanidad pública y no externalizar hacia la privada, “para que la calidad del servicio no se vea mermada, como hasta ahora”.

Cabe recordar, la unanimidad con la que los agentes sociales calificaron los presupuestos para 2024, en materia de sanidad, como “insuficientes”, independientemente de si fueron llamados por parte de la oposición o del gobierno, porque “hay un clamor popular entre los propios profesionales de la salud que reclaman una mejora del sistema”.

“Cuando uno mira esas listas de espera, que por fin hemos conocido y que da vértigo, nos damos cuenta de que ha crecido al mismo ritmo que las derivaciones sanitarias hacia el sector privado. No es cierto que se esté derivando para hacer frente a una demanda a la que no llega el sistema sanitario público. Hay listas de espera porque el dinero se deriva a la privada, cuanto más se invierta en el sector privado más crecerán nuestras listas de espera”, concluye Esperanza Gómez.