Plataforma Víctimas Tren Santiago: «La auditoría de la UE refrenda la sentencia y deja en ridículo a la Fiscalía»
Tras años de lucha conseguimos la auditoría que la Comisión Europea realizó al entender que España “no cumplía los requisitos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria”.
Comunicado
En enero de 2019, gracias a nuestras denuncias, Europa iniciaba un procedimiento de infracción por entender que España “no cumple los requisitos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria” recogidos en la Directiva 49/2004/CE. Anunciaba la puesta en marcha de una auditoría para conocer el grado de cumplimiento. En concreto, se investigaba si se estaban haciendo “evaluaciones de riesgo adecuadas”, pieza elemental por la que se condenó el pasado julio al exdirector de seguridad del ADIF.
Tras años de lucha conseguimos la auditoría, la cual identifica muchas deficiencias. Europa muestra su preocupación en relación con el cumplimiento de las obligaciones que se recogen en la Directiva de Seguridad, que “dispone que el sistema de gestión de la seguridad debe incluir procedimientos y métodos para llevar a cabo la evaluación de riesgos y para aplicar las medidas de control del riesgo siempre que un cambio en las condiciones de funcionamiento o un nuevo material suponga nuevos riesgos en la infraestructura o en los servicios”.
Justo lo ocurrido en Angrois, ya que el ADIF, no realizó el análisis de riesgos, ni se aplicaron medidas de control de riesgo en dos ocasiones:
- Al emitir personalmente el Sr. Cortabitarte el «Certificado de Seguridad», sin el cual la línea de alta velocidad 082 no podría entrar en servicio, tras la modificación del proyecto que rebajó la seguridad.
- Y autorizando la desconexión del sistema de seguridad por los retrasos que generaba.
La auditoría es demoledora, y señala entre otras muchas cosas que:
- “la Comisión considera motivo de preocupación el hecho de que los sistemas de gestión de la seguridad de diversas empresas del sector ferroviario en España no se empleen como principal instrumento para el control de riesgos y la mejora permanente de la seguridad del sistema ferroviario, como exige la Directiva 49/2004”.
- “no parece existir nexo alguno entre la evaluación del riesgo y la vigilancia.. Sin vigilancia, es imposible saber si el riesgo se encuentra efectivamente bajo control.”
- “la Comisión estima que las notables deficiencias, …constituyen un incumplimiento por parte de España de las obligaciones que le incumben en virtud del art.9, apto 2,.. de la Directiva2004/49”
Si en 2018, no se cumplía la normativa, cualquiera se puede imaginar lo que sucedía en 2011 cuando se inauguró la línea, o en 2012 cuando se desconectó el sistema de seguridad.
El fiscal Antonio Roma, con su escrito tratando de exculpar al ADIF, no solo hace el ridículo, sino que además no cumple con obligación constitucional y legal de defender a la sociedad asegurando el cumplimiento de las leyes.
Lamentablemente no nos extraña que el fiscal Roma actúe así. En una reunión que mantuvimos con él el 1 de junio de 2014 en Madrid, le solicitamos que investigara el incumplimiento de la Directiva de Seguridad. Su respuesta fue que estuviéramos tranquilos, que iba a pedir un 40 por cierto más de indemnizaciones. El padre de una víctima le contestó: “cuanto vale la vida de mi hijo.” Queríamos verdad y justicia.
El fiscal Antonio Roma no quiso investigar, pero en cambio si trató de “comprarnos” y silenciarnos. Un títere más al servicio del Estado para ocultar las negligencias, los incumplimientos de la normativa y evitar las responsabilidades políticas.
“VERDAD Y JUSTICIA”.