EQUO demanda un cambio profundo en la política de residuos ante la “dejadez” y “abandono” del Gobierno
El Gobierno confirma a China como el principal destino de las exportaciones de residuos de nuestro país, hasta la prohibición que entró en vigor en enero de 2018.
“El sistema español para reciclar residuos se ha quedado estancado. Tenemos que repensar el sistema de gestión de los residuos; no puede seguir ignorando esta situación, y hacer como si no pasara nada. Lo cierto es que las basuras son la punta del iceberg de nuestra sociedad de consumo”, señala López de Uralde.
El 65% de los desechos, desperdicios y residuos plásticos generados en España tiene como su destino China. Así lo ha admitido el Gobierno ante una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de EQUO Juantxo López de Uralde relativa a la prohibición de la importación de residuos por parte del gigante asiático. Según los datos brindados por el ejecutivo, hasta el 1 de enero de 2018 (fecha en la que se estableció la prohibición del traslado de residuos) China fue el principal destino de esta clase de residuos. En el año 2016 España trasladó 207.835 toneladas de plásticos hacia China, incluyendo Hong Kong, que el gobierno ha valorado en 51,5 millones de euros en aquel año.
Sin embargo, ante la pregunta de López de Uralde sobre cómo tiene pensado el Gobierno gestionar la cantidad de residuos, fundamentalmente plásticos, que hasta ahora han sido directamente exportados a China, tras la prohibición que acaba de entrar en vigor, desde el Gobierno derivan esta responsabilidad a las “numerosas empresas recicladoras de residuos”.
“Existe tejido industrial en el país que podría absorber parte de los residuos exportados a China. Se considera además que las restricciones impuestas por ese país supondrán el desarrollo de nueva actividad económica en España y también en Europa asociada al sector de los residuos”, señalan desde el ejecutivo sin precisar más datos de implicación gubernamental en el desarrollo del reciclaje de plásticos. Para el partido verde es preocupante que, no habiendo una política real de gestión de residuos, sea justo cuando el principal importador de nuestros desechos vaya a dejar de recibirlos, el Gobierno vea las posibilidades económicas asociadas al sector, pero sin implicarse en ello.
En cuanto a los esfuerzos que está realizando el Gobierno para reducir la cantidad de residuos que se generan anualmente, la respuesta alude a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el año 2020 se debe reducir un 10% en peso los residuos respecto de los generados en 2010. Sin embargo, y en este sentido, el diputado de EQUO ya registró una pregunta posterior, relativa al incumplimiento, por parte de España, de los objetivos de reciclaje de basuras, tras conocerse el reciente respaldo, por parte del Parlamento Europeo, de los objetivos de reciclaje de residuos municipales para los próximos años: 55% para 2025, 65% para 2035. Según los últimos datos de Eurostat, en 2016, el último año disponible, España recicló sólo el 29,7% de todos sus residuos municipales (mientras en la UE, de media, el 45% de estos residuos ya se reciclan). Y durante esta década no se aprecia evolución alguna. Desde 2010 España está estancada en ese tercio de tasa de reciclaje, lo que dista mucho de los esfuerzos a los que alude el Gobierno en su respuesta.
“Aunque el asunto de los residuos y el reciclaje parezca haber desaparecido del mapa de un tiempo a esta parte, el análisis de los datos europeos, que son los que generan más fiabilidad, porque lo cierto es que existe bastante manipulación en los datos, lo que muestra es que no llegamos ni al 30% a nivel del Estado de reciclaje, un nivel muy por debajo de lo que exigen las Directivas europeas y una muestra del abandono y la dejadez al que se ha sometido a estas políticas”, ha denunciado López de Uralde.
Asimismo, el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos preguntaba por el dinero que reciben las plantas de reciclaje de residuos, el grado de eficacia de estas plantas, así como el nivel de preocupación del Gobierno por el aumento de vertederos y plantas ilegales (dado el lucro que generan), dado el volumen de residuos que no van a poder ser exportados. El Gobierno vuelve a desentenderse, en su respuesta, de un asunto tan trascendental, y lo aborda como “una relación contractual entre privados”, dejando a “las Comunidades Autónomas (CCAA) las competencias de inspección, vigilancia y control de las actividades de producción y gestión de residuos”.
Cabe recordar que, a este respecto, desde EQUO ya denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente los numerosos incendios que se han producido en plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, que abrió una investigación recientemente.