César Pérez Navarro •  Actualidad •  29/03/2023

El Gobierno deroga la exención tributaria que afecta a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de la Iglesia Católica

  • Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal Española emiten un comunicado conjunto en el que se anuncia una medida equipara el régimen de la Iglesia al de las entidades sin ánimo de lucro.
  • Se mantienen, sin embargo, otras exenciones fiscales vigentes, como la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), o las donaciones por concepto de IRPF en una casilla especial (0,7%).
El Gobierno deroga la exención tributaria que afecta a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de la Iglesia Católica

En un comunicado firmado conjuntamente por la Conferencia y por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ambas partes comunican el acuerdo «con el asenso de la Santa Sede» por el cual se tramita ante la misma la renuncia a las exenciones, derivadas de los acuerdos, que afectan a dichas contribuciones e impuesto. El acuerdo entra en vigor este mismo miércoles y supone la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regulaba la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

Se mantienen, sin embargo, otras exenciones fiscales vigentes, como la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las donaciones por concepto de IRPF en una casilla especial (0,7%).

También otras exenciones fiscales amparadas en la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (aprobada en 2002) que alcanzan a los «donativos, las colectas, los rendimientos del patrimonio mobiliario (intereses, dividendos, etcétera) e inmobiliario (alquileres, etc.) y las plusvalías generadas por ventas de patrimonio», que no deben pagar el Impuesto de Sociedad.

En cuanto a las inmatriculaciones ilegítimas, la Iglesia española reconoció a principios de 2022 que puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden: fincas (502 rústicas y 151 urbanas), pero también lugares de culto (179), viviendas (98) y cementerios (28). De las 965 inmatriculaciones, la Iglesia reconoce que 757, pese a estar registros a su nombre, pertenecen a otro titular y que 208 de los bienes que inmatriculó sin corresponderle están ahora en manos de terceros porque los ha vendido o cedido.

El número es ridículo frente al listado de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a distintos usos) identificados por la vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que la Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998.

Quedan fuera monumentos emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla o la Giralda, Cristina de Lena y San Miguel de Lillo (monumentos del prerrománico de Asturias), San Juan de los Panetes en Zaragoza, el Cementerio de Cartagena, la ermita de San Isidro (Burgos), la plaza de los Santos Niños (Alcalá de Henares), y un largo etc.

Comunicado

Fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, con el asenso de la Santa Sede, han alcanzado un acuerdo por el cual se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Con este fin, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación.

Hoy se hace efectivo dicho acuerdo mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica.


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