Por Andalucía solicita a la Junta que se equipare la prestación de la asistencia personal al coste de una plaza residencial

La portavoz adjunta de ‘Por Andalucía’, Esperanza Gómez, tras una reunión mantenida con representantes de la Oficina de Vida Independiente de Andalucía (OVIA), requerirá al gobierno andaluz que equipare la cuantía para la prestación del servicio de la asistencia personal, al coste de una plaza residencial, que está en torno a 3000€ mensuales por interno, ya que en la actualidad la Junta aporta una cuantía máxima de 747,25€ para el Grado III de dependencia, que conlleva a “una doble precariedad, para el usuario, que en la mayoría de los casos recibe una pensión no contributiva, es decir 517,90€/mes en 14 pagas, y para el profesional, al no poder cobrar ni el SMI”.

“La asistencia personal es una herramienta necesaria para que muchas personas accedan a su derecho a la vida independiente, pero al que pocas pueden acceder por falta de recursos. Al Partido Popular se le llena la boca a la hora de hablar de libertad pero, en realidad solo hablan de la suya, desde sus privilegiadas vidas. ¿Qué libertad tiene una persona que precisa de apoyos para su vida diaria y no tiene una prestación digna para poder contratar dicha asistencia? ¿Qué libertad tiene ese trabajador o trabajadora que no llega al SMI? En ambos casos, ninguna”, sostiene Gómez.

Asimismo, desde la asociación trasladaron a la parlamentaria que, en general, existe un enorme desconocimiento en torno al servicio de la asistencia personal, que en muchos casos se confunde con el de ayuda a domicilio. Este hecho produce que muchas de las personas con derecho a este tipo de asistencia no la soliciten por falta de asesoramiento e información, “aspirando sólo a gestionar su internamiento en un centro”.

En este sentido, la diputada por Sevilla recuerda a la Junta de Andalucía las indicaciones de la ONU para dejar de apoyar la institucionalización, o internamiento, de las personas con algún tipo de dependencia, así como dejar de invertir en dichos centros ya que “es contrario al derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad”, para fomentar, así, la asistencia personal en un entorno favorable para las personas afectadas.

Por otro último, Gómez recogió el testimonio de que otro de los “enormes escollos” que la asociación manifesta que se está produciendo, con respecto a la asistencia personal, es la formación sociosanitaria que “por obligación” empiezan a requerir a los trabajadores y trabajadoras, “cuando en la mayoría de los casos, no es necesaria para las funciones diarias que llevarán a cabo”, por ello, las representantes de Vida Independiente entienden que “una de las posibles soluciones sería la creación de un régimen especial, como el de las empleadas de hogar, para poder contratar al asistente y, así, evitar el paso por las empresas que solo buscan el lucro, además de establecer el criterio del tipo de formación necesaria para realizar dicha función”.