La cúpula de informativos de TVE impuesta por el Gobierno Rajoy recibió sobresueldos opacos en 2017

A pesar de la vigente Ley de Transparencia, RTVE sigue ocultando los salarios del equipo directivo nombrado por el PP tras asumir el control del ente público al poco de acceder al Gobierno previa modificación de la ley anterior que regía la forma de nombrar al Presidente y Consejo. Después del quinto «viernes negro» en protesta por la manipulación, se ha conocido que la dirección premia con complementos salariales a los responsables de controlar la información de los Telediarios sin que se sepa -ni con orden judicial de por medio- quiénes son los receptores de estas cuantías, a cuánto ascienden y cuál es el concepto de estos sobresueldos al margen de los salarios y complementos de dirección.

«VerTele!» ha informado de que dos de los receptores de estas «gratificaciones extraordinarias» son Carmen Sastre, directora de contenidos de TVE y número 2 de informativos, y José Gilgado director de informativos diarios. Según los documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva VERTELE, ambos recibieron en 2017 varias gratificaciones de miles de euros a petición de José Antonio Álvarez Gundín, director de los Servicios Informativos de TVE, por «estímulos a la calidad» o por especial «carga de trabajo». De esta forma, mientras que el sueldo de la plantilla estaba prácticamente congelado por la Ley de Presupuestos, RTVE buscaba una fórmula para premiar a los directivos afines al PP.

Carmen Sastre, anterior jefa de nacional en la etapa de Alfredo Urdaci al frente de los informativos y asesora de los consejeros del PP en el Consejo de Administración, recibe un salario bruto de más de 96.000 euros anuales, recibió en 2017, al margen del sueldo profesional y los complementos salariales por su cargo, una gratificación trimestral de 4.500 euros (por un total de 13.500) cuyo pago se justificó por distintos motivos: «responsabilidad», «carga de trabajo» y por los «magníficos resultados de audiencia obtenidos por los Telediarios».

José Gilgado, exdirectivo de Telemadrid fichado como parte de la «redacción paralela» que contó también con «periodistas» procedentes de Intereconomía, es gratificado con un salario de más de 87.000 euros brutos anuales, con 2.500 euros en forma de gratificación por las audiencias y otros 2.000 euros en el mes de noviembre, en este caso por «carga de trabajo».

Según explican fuentes sindicales a VERTELE, estas gratificaciones arbitrarias vuelven a poner de manifiesto el oscurantismo que reina en RTVE en torno a los sueldos de la cúpula directiva. Durante años, se sabía con exactitud cuál era el complemento variable que cobraba un directivo dependiendo de en qué nivel estaba. Pero en 2015 se cambió el sistema de forma que las diferencias salariales entre unos directivos y otros en los mismos puestos pueden ser de miles de euros de forma totalmente discrecional y opaca, sin que se conozca en la Corporación pública ni el sueldo ni el detalle de los complementos que recibe cada uno de ellos.

A esto hay que sumar ahora las gratificaciones extraordinarias para miembros de la dirección, que en el caso de Carmen Sastre supone el 14% más de su salario anual.

Miguel Ángel Sacaluga, miembro del Consejo de Administración de RTVE, ha manifestado al ser consultado por estas retribuciones que «ni he tenido conocimiento, ni se me ha dado la información que he solicitado y desconozco la decisión del presidente en relación a las gratificaciones o retribuciones variables a pesar de que creo que son contrarias a la norma«, y recuerda que  hay una resolución vigente del máximo órgano de RTVE que no admite estas retribuciones por ser «arbitrarias».

Por otra parte, la Mesa del Congreso ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara que solventen las «deficiencias jurídicas» que los letrados señalaron en el concurso público para renovar al Presidente y Consejo de Administración de RTVE, propuesto por la oposición. Las bases de este procedimiento, ya corregidas, deberán estar listas para el próximo martes. El proceso de renovación lleva bloqueado desde septiembre de 2017, primero por la oposición de PP y PSOE a las propuestas por concurso público de Unidos Podemos y C´s y desde abril, solo por el PP, que prefiere el actual sistema de nombramiento «a dedo» desde el Gobierno. La propuesta de elección por concurso público desecha la elección por parte de los grupos políticos del Congreso y la somete a un «comité de expertos».