Se pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la apuesta del Gobierno PSOE-UP contra la pobreza

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que unos 100.000 hogares comenzarán a recibir esta prestación desde principios de junio. En principio, la medida será respaldada por unos tres mil millones de euros anuales de las arcas públicas, aunque tanto los beneficiarios como el desembolso podrían crecer. No se trata de una renta básica universal, sino de un ingreso destinado a los más vulnerables, solo a en torno a 1,1 millones de hogares con todos sus miembros en situación de desempleo. En junio se estima que aproximadamente 850.000 con cerca de dos millones de niños beneficiados entrarían en el marco de este IMV. Para recibirlo, tales hogares deben cumplir algunos requisitos;

En primer lugar, hay una limitación de edad, puesto que los solicitantes deben ser mayores de 23 años y menores de 65. Igualmente, se tendrá en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual. También se estudia la cuantía de las propiedades familiares, porque si el hogar solicitante tiene una vivienda en propiedad valorada en más de 100.000 euros no puede acceder al IMV, aunque no tengan ingresos habituales. Se considera que los núcleos familiares que residan en un mismo domicilio tengan vínculo matrimonial o de pareja de hecho. Además, se incluye a familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, por adopción, o que guarde relación con fines de adopción o acogimiento. Hay que presentar libro de familia, el certificado del registro civil, la inscripción en un registro de parejas de hecho y el certificado de empadronamiento en la misma vivienda. Podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. Por último, hay que llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.

La cuantía a percibir va desde los 462 euros para hogares con una sola persona hasta los 1.015 euros para familias por dos adultos y tres o más niños, tres adultos y dos o más niños, o cuatro adultos y un niño. Se contempla un complemento para las familias monoparentales equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida. El IMV será compatible con el cobro de otro tipo de rentas otorgadas por las autonomías y se distribuirá en 12 pagas anuales. A la hora de priorizar se van a atender primero las solicitudes de hogares que cumplan los requisitos y tengan un ingreso inferior a 230 euros al mes.

Se solicitará a través de las oficinas de la Seguridad Social y de la web del SEPE aunque no se descartan otras vías como ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas. Entra en vigor a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud [ver PDF adjunto], con pago mensual. Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del 1 de junio de 2020.

Datos del Instituto Nacional de Estadística

Riesgo de pobreza y pobreza severa o absoluta

Según cifras manejadas por el Banco de España, en la última década el número total de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha pasado de los 11,33 millones en 2009 a los 12,04 millones en 2018, unas 711.600 personas más, por lo que no se han recuperado los niveles de ante de la crisis ni se ha cumplido el objetivo propuesto por el Consejo Europeo de reducir el número total a menos de 10 millones de personas en 2020.

La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró el año pasado en el 21,5% los hogares en riesgo de pobreza. El INE aclara que se consideran en «riesgo de pobreza el porcentaje de personas cuyos ingresos en el año anterior están por debajo del umbral de pobreza”. Por tanto, “no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población”. El umbral del riesgo de pobreza lo marcan unos ingresos de 8.871 euros anuales en hogares de una persona y de 18.629 euros para hogares de dos adultos y dos niños.

La misma encuesta reveló el sector más vulnerable entre los hogares en riesgo de pobreza: un 10,4% de los hogares llegaba a final de mes con “mucha dificultad” en 2018. La pobreza absoluta se define -según en INE- como la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo, es decir, existe carencia de bienes y servicios básicos (normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido)

El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, declaró en febrero de 2020 -tras su visita a España- que hay dos Españas muy diferentes: una la que conoció como turista, que es un país rico culturalmente, diverso, próspero… y otra la que acaba de conocer como relator de la pobreza, en la que ha visto un país con “un porcentaje inusual de población que vive al límite y tienen dificultades para sobrevivir”. Este experto en derechos humanos, declaró que “los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”.  Y concluyó: al mismo tiempo, el Estado español “optó por recaudar un 5% menos de impuestos que el cualquier otro Gobierno europeo y eso, claro, significa que tiene menos dinero para gastar en protección social”.

Para Intermon Oxfam, la medida puede contribuir a evitar un incremento de la desigualdad tan alto como el vivido tras la crisis de 2008, pero a esta organización le preocupa que no llegue a todos los hogares con pobreza severa. En un comunicado publicado hoy, Intermon Oxfam recuerda que España era hasta ahora el único de la Unión Europea que carece de una renta estatal para hogares empobrecidos como la que el actual Gobierno se ha comprometido a poner en marcha, y que es el sexto país más desigual de la Unión Europea: “Estamos ante un ejercicio trascendental de justicia social que puede por fin doblegar la curva de la desigualdad en España”. La ONG apunta que para acabar con la pobreza severa en España serían necesarios unos 6.000 millones adicionales y el Gobierno apunta a la puesta en marcha de una prestación con un presupuesto mucho menor. “Nos preocupa que eso signifique que el umbral de acceso sea demasiado bajo, generando agravios comparativos entre familias que viven situaciones de vulnerabilidad extrema muy similares y que se quedarían sin prestación por unos pocos euros de diferencia”.