Redacción •  Actualidad •  29/10/2021

Manifestación contra la subida del precio de la luz: «Eléctricas culpables, gobiernos responsables»

  • Bajo el lema «Eléctricas culpables, gobiernos responsables», más de 60 organizaciones han convocado una movilización en Madrid.
  • En la manifestación han participado centenares de personas  para reclamar al Gobierno el emprendimiento de reformas legislativas que aseguren la protección de los derechos de la ciudadanía en el acceso a la energía y frente a la pobreza energética.
Manifestación contra la subida del precio de la luz: «Eléctricas culpables, gobiernos responsables»
La comitiva de centenares de personas ha partido de la Plaza de la Villa, llegando a la Carrera de San Jerónimo, junto al Congreso, donde se ha llevado a cabo una acción teatral en la que algunas figuras políticas han pasado por las “puertas giratorias” para convertirse en Directivos de las grandes empresas del oligopolio eléctrico. Finalmente se ha leído un manifiesto, resaltando cinco puntos que las organizaciones firmantes consideran básicos para la protección de los derechos de la ciudadanía.

Esta movilización ha sido convocada por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), a la que han apoyado más de 60 organizaciones, como forma de protesta contra la insostenible situación del alza en los precios de la electricidad. Durante la movilización se ha leído el manifiesto que recoge las demandas de las entidades y colectivos. Un llamamiento al Gobierno, como responsable de la protección de los derechos de la ciudadanía a la que sirve, para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias que garanticen los cinco puntos básicos:

1. No a los cortes de suministros básicos

El manifiesto reclama el desarrollo del principio de precaución frente a los cortes por impago de suministros esenciales, implementando la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de proceder a efectuar cualquier corte de luz, agua o gas. Además, se pide la garantía del  suministro en caso de que las familias se encuentren en situación de vulnerabilidad hasta que no cese tal situación, con independencia del tiempo que transcurra.

Para las organizaciones convocantes el grado de protección que ofrece el llamado “mínimo vital eléctrico” aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021 está lejos del nivel de protección que garantizaría el principio de precaución, pues solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo.

2. Tarifas justas para todas las personas

Con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas, los suministros básicos deben garantizarse a un precio asequible y adaptado a las realidades y necesidades particulares, en especial, de las personas más vulnerables. El manifiesto propone implementar una tarifa con un concepto progresivo en función de los ingresos de los hogares.

3. Viviendas que no malgasten energía y dinero

La emergencia climática y la lacra de la pobreza energética no pueden hacerse frente sin implementar en primer lugar soluciones de ahorro y eficiencia energética, priorizando las actuaciones y ayudas en las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para llevar a cabo las reformas necesarias. Asimismo, es importante asegurar que el acceso a estos recursos sea sencillo y que las personas puedan recibir acompañamiento para solicitarlos.

4. Un sistema eléctrico democrático, ciudadano y ambientalmente justo

Actualmente, el sistema de fijación de precios de la energía se basa en los principios de la economía liberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los beneficios económicos de las empresas. Es crucial actuar normativamente para que cada tecnología de generación tenga un precio acorde a sus costes reales, y no como ahora, subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico ha pasado de ser considerado un servicio esencial a un negocio muy rentable.

Por ello, las organizaciones han mostrado su rechazo a la campaña que el oligopolio está realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía hacia otras tarifas que excluyen a las personas vulnerables de determinados derechos, como el acceso al bono social. Estas estrategias, además de dar beneficio extra a las compañías, pueden dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes, como las cooperativas.

También exigen la salida del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que permite a las multinacionales demandar a los Estados ante tribunales privados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos. La implementación de medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población del Estado Español podría dar lugar a demandas millonarias bajo el TCE, como ya ha ocurrido en algunos países de Europa del Este.

5. Hogares y comunidades que generen la electricidad que utilizan

La actual subida del precio de la luz está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, que está provocando una escalada del precio del gas a nivel mundial. Para abordar la crisis climática y social actual es fundamental emprender de forma inmediata una transición energética democrática, ambiental y socialmente justa, con un nuevo marco de fuentes de energía renovable accesibles para todos los hogares.

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