IU le pide a Díaz que aclare si apoyará la proposición de Ley que pretende que el techo de gasto no repercuta en los ayuntamientos saneados
Sempere exige a Díaz que sea coherente con su ataque a Montoro por tratar a los consistorios como “menores de edad”.
La diputada de Izquierda Unidad en el Congreso de los Diputados Eva García Sempere ha solicitado hoy a Susana Díaz que aclare si apoyará la proposición del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para que la regla de gasto no repercuta en los ayuntamientos que tengan sus cuentas saneadas, la cual ha sido admitida a trámite hoy por parte de la Mesa del Congreso para su debate.
Sempere ha instado a la presidenta de la Junta de Andalucía a que «no desaproveche esta oportunidad» y exija a su grupo parlamentario en el Congreso que «respalde la proposición de ley de Unidos Podemos».
IU ha reiterado su crítica a la administración central, que ahoga a los ayuntamientos incumpliendo sistemáticamente su propia regla de gasto «mientras nuestros ayuntamientos cumplen y siguen asfixiados». En esta línea, ha exigido Sempere, la presidenta de la Junta de Andalucía, que ayer mismo solicitó al Secretario de Estado de Hacienda que no trate a los ayuntamientos «como menores de edad», debe comprometerse a apoyar esta proposición de ley y demostrar que no se mueve una vez más en el «postureo».
Para la diputada y responsable de elaboración política de IU, Eva Gª Sempere, esta proposición de ley da respuesta a la realidad que nos encontramos diariamente en los ayuntamientos «asfixiados por Montoro y la aplicación de su política dogmática».
La proposición de ley admitida a trámite para su debate recoge tres supuestos fundamentales para que los ayuntamientos se puedan acoger a la excepción de cumplir esa regla de gasto. Corporaciones locales con superávit, aquellas con un nivel de deuda menor al 110% y en tercer lugar, aquellos que cumplan con sus pagos a proveedores con tiempo inferior a los 30 días. Esta limitación se deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la consecuente Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija una serie de criterios y herramientas para controlar las cuentas de las diferentes administraciones públicas, entre ellas la regla de gasto.