Alberto Garzón impulsa la petición de reprobación de Zoido registrada hoy por “vulnerar gravemente los derechos humanos” al “convertir la cárcel de Archidona en un CIE temporal” donde recluir a 500 personas

Viernes, 29 de diciembre 2017.

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha impulsado desde esta formación, junto a la diputada por Málaga Eva García Sempere, la proposición no de ley registrada hoy para que el Congreso “repruebe al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por grave vulneración de los derechos humanos”. Lo hace en relación a su actuación y la de su departamento por la “conversión” del Centro Penitenciario de Málaga II, situado en Archidona (Málaga), en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de carácter temporal, y la reclusión en él de más de 500 personas”.

La iniciativa ha sido registrada esta mañana a través del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos y, además de las firmas de Garzón y García Sempere como sus impulsores, lleva las de los/as parlamentarios Ione Belarra y Marcelo Expósito. El texto plantea con claridad en su parte propositiva que “el Congreso considera que Juan Ignacio Zoido no puede continuar al frente del Ministerio del Interior, una institución que debe velar por el respeto a los derechos humanos y no por provocar su más directa vulneración”.

Alberto Garzón había anunciado ya ayer la presentación de esta propuesta de reprobación de Zoido desde el exterior de esta misma prisión malagueña, a la que se desplazó junto a un grupo de dirigentes autonómicos, provinciales y locales de IU. A la hora de concretarla hoy en el Congreso sus impulsores se han tenido que enfrentar al lamentable hecho, y así lo recogen en el texto, de que “en la mañana de este 29 de diciembre se ha encontrado sin vida el cuerpo de una de las personas migrantes recluidas en la cárcel de Archidona. Las informaciones apuntan a que se habría ahorcado”.

La propuesta de reprobación señala nítidamente que la conversión ‘de facto’ de este centro penitenciario “oficialmente reconocido como tal en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”, en un CIE temporal “y la reclusión en él de más de 500 personas llegadas a las costas españolas el pasado mes de noviembre con graves carencias en sus instalaciones, atenta contra los derechos reconocidos de las personas migrantes”.

Además, “la reclusión y expulsión de menores extranjeros no acompañados vulnera asimismo derechos fundamentales de manera flagrante, resulta claramente contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional, y ha provocado incluso la intervención de Naciones Unidas”.

Para Alberto Garzón y el resto de firmantes de la iniciativa “varias circunstancias no se han tomado en cuenta por parte del Gobierno” en este asunto tan importante, “lo que ha provocado una situación de inusitada gravedad que debe solventarse lo antes posible y ante la que deben exigirse las máximas responsabilidades”.

“En primer lugar -apunta la proposición no de ley-, tal y como advirtieron desde el primer momento diversos colectivos sociales, según sentencia firme del Tribunal Constitucional (115/1987, de 7 de julio) los inmigrantes sobre los que pesa una orden de expulsión no pueden ser recluidos en centros penitenciarios. Esto es lo que también contempla la actual Ley de Extranjería en su artículo 26.2, al indicar que estos estarán privados únicamente de derecho ambulatorio. En esto mismo incide el Reglamento de los CIE aprobado por el Gobierno en 2014”.

La reprobación del ministro Zoido se argumenta también en las numerosas irregularidades producidas estas semanas. Éstas van desde “la inexistencia de un plan de evacuación o de un sistema anti incendios”, que “300 plazas de funcionarios que iban a trabajar en este centro han resultado asimismo retenidas y, según diversas informaciones, son las propias unidades de antidisturbios de la Policía Nacional las que estarían haciéndose cargo del centro en su funcionamiento temporal como CIE”, al hecho de que “la normativa que regula los CIE es clara también a la hora de indicar que el Estado debe poner a disposición de los internos la asistencia necesaria para resolver sus expedientes. Esto es algo que tampoco ha sucedido, tal y como han denunciado diversas asociaciones de la zona”.

“Asimismo -se apostilla-, el despliegue sanitario fue desde el primer momento escaso habiendo derivado el ministerio parte de sus responsabilidades a la Cruz Roja de Málaga. Por último, la preceptiva asistencia letrada ha brillado también por su ausencia en estas semanas en diversos casos denunciados también por los colectivos locales que vienen siguiendo el caso”.

A comienzos de diciembre diversos medios de comunicación preguntaron al Ministerio del Interior si había menores entre los recluidos en la cárcel de Archidona. Responsables del mismo lo negaron, tal y como se ha publicado. La iniciativa constata que “desde entonces, sin embargo, al menos 7 menores extranjeros no acompañados (MENAs) han sido identificados y liberados del centro. Algunos tenían una orden de expulsión que se iba a ejecutar de forma inminente. Esto de nuevo iría contra la legalidad vigente, pues tanto la Ley de Extranjería como la Ley del Menor prohíben las expulsiones de menores extranjeros”.

“Todo lo expuesto -concluye la propuesta de reprobación del ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy- muestra no sólo una dureza y una insensibilidad preocupantes ante la llegada de personas sin recursos, debilitados tras haber sobrevivido a un viaje que ponía en juego su vida, sino que también muestra que el ministro es responsable directo de las graves vulneraciones de derechos humanos que se extraen de todo lo relatado. Habrán de ser las instancias judiciales quienes determinen si las posibles ilegalidades cometidas y aquí apuntadas son tales. Baste en este momento exigir la máxima responsabilidad política por lo acaecido estas semanas en Archidona”.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha remitido también hoy de forma urgente una carta a Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario del Estado de Derecho y la Carta de Derechos Fundamentales, en la que expresa “nuestra preocupación por la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran detenidas en el Estado español”.

Albiol expone el caso de la cárcel de Archidona e indica al alto mandatario europeo que  la situación en el centro “que ni tan siquiera cuenta con agua corriente, ha sido denunciada como inhumana por los propios sindicatos de funcionarios de prisiones, además de diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos”.

“A esto se suma un suicidio que ha tenido lugar hoy 29 de diciembre en dicho centro de un hombre argelino de 36 años que ha sido hallado ahorcado en la celda en la que dormía”, destaca.

Marina Albiol expone a su interlocutor que desde Izquierda Unida y su grupo parlamentario en Europa “consideramos imprescindible que desde la Comisión Europea se entable un diálogo con las autoridades españolas para garantizar que estas situaciones no vuelvan a repetirse. La opacidad con la que operan y su nulo respeto a los derechos fundamentales hacen que la integridad de las personas migrantes y demandantes de asilo detenidas en el Estado español esté en grave riesgo. Ante esta situación de emergencia, es imprescindible una actuación para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas migrantes y demandantes de asilo”.