Denuncian el descontrol de la Junta de Castilla y León sobre la ganadería industrial porcina y le responsabiliza de la despoblación rural

Según la última estadística ganadera de 2020, publicada por la Junta de Castilla y León, el número de cerdos en la provincia de Zamora se elevaba a 485.495 animales y sigue aumentando, al igual que en toda la comunidad castellanoleonesa que en ese mismo año llegaba a 4.4 millones de cerdos. Paralelamente, el número de habitantes en Zamora continúa bajando y las cifras de 2020 nos situaban en 172.539 lo que significa que hace dos años tocábamos ya a 2,8 cerdos por cada zamorano.

Las cifras de 2021 aún no son definitivas, pero sí es conocido que en los últimos diez años el censo de porcino ha crecido en un millón de animales en Castilla y León, aunque en ese mismo tiempo se han dado de baja en su actividad cerca de seis mil explotaciones familiares, mientras han ido proliferando otras nuevas de grandes dimensiones, en el caso de Zamora especializadas en muchos casos en hembras reproductoras que multiplican exponencialmente la producción.

Son datos de las plataformas y movimientos vecinales ligados a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, en la que participa Ecologistas en Acción, y que cuenta con representación en Castilla y León. También informan de que entre los años 2009 y 2019, los municipios declarados como zona vulnerable a la contaminación del agua por nitratos han pasado de 67 a 387 en Castilla y León, es decir, casi seis veces más. Incluso la propia Junta admite que la superficie de la Comunidad declarada como vulnerable, es decir, en peligro, ha pasado de 2.340 km² a 14.414 km².

La denuncia de estos movimientos ha sido constante, ahora renovada por las últimas declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, que fueron interpretadas torticera e interesadamente en clave electoral por el PP y las grandes empresas que se dedican al negocio de la industria porcina.  Y vienen alertando sobre las consecuencias de este modelo: acuíferos contaminados, pueblos sin agua potable, ganaderos arruinados ante la competencia desleal de este modelo de ganadería industrial, maltrato animal, enfermedades, despoblación…

Un reciente estudio elaborado por Ecologistas en Acción, Ganadería industrial y despoblación, demuestra con datos que en territorios como Zamora este tipo de ganadería no sólo no ha conseguido paliar el proceso de despoblación rural, sino que es un factor que influye negativamente en la evolución demográfica de los pequeños municipios. Y cita entre otros al municipio zamorano de Santibáñez de Vidriales, y todo el valle que incluye más municipios y se trata, según este informe, de una de las zonas con censos porcinos más altos de la comunidad (68.305 cerdos) y donde cerdos y moradores compiten por el mismo agua y aire para respirar.

Cierre de pequeñas explotaciones y olvido de la ganadería extensiva

Desde Ecologistas en Acción de Zamora denuncian la «pésima gestión del Gobierno de Castilla y León que, lejos de tomar medidas que controlen el incremento de estas fábricas de carne, cuya peor calidad está contrastada suficientemente por los nutricionistas y personas de sentido común, o vigilar el cumplimiento de la normativa en la gestión de los residuos, facilita a las grandes empresas cárnicas los trámites administrativos para que se instalen aquí».

Según la organización, el coste de esta decisión no solo recae sobre la población de estos pueblos, obligados a soportar los olores asociados y la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de los purines, lo que ha valido a España la denuncia de la Unión Europea. «También empuja a cerrar a las pequeñas explotaciones, perjudica a otros negocios como el turismo rural e impide cualquier otro desarrollo en estas zonas, obligando a los ayuntamientos a enfrentarse a su propia población y a otras administraciones como la Diputación Provincial a invertir cada vez más elevados presupuestos en la depuración del agua para el abastecimiento», afirman.

Ecologistas en Acción de Zamora se suma a la petición de una moratoria urgente en la concesión de licencias ambientales y que se cubran todas las plazas vacantes de la Consejería de Medio Ambiente, para poder controlar y en su caso sancionar el incumplimiento de las normas, como han denunciado los 35 jefes y técnicos de Protección Ambiental de CyL, sin medios suficientes para realizar su trabajo. Algo que ya están haciendo otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra y Castilla-La Mancha, mientras en toda Europa se abre un debate profundo sobre la conveniencia de la ganadería industrial.